DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2000
Ť Robles niega que el GDF haya actuado con "ánimo de venganza"
Las acusaciones contra Espinosa, asunto estrictamente jurídico
Ť El caso deberá ser resuelto con apego a derecho en las instancias correspondientes, asevera
Laura Gómez Flores Ť Rosario Robles, jefa de Gobierno del Distrito Federal, negó que en el caso de Oscar Espinosa Villarreal las autoridades procedieran con "ánimo de venganza".
El juicio de procedencia en contra del secretario de Turismo, dijo, es un asunto estrictamente jurídico, que deberá ser resuelto con apego a derecho en las instancias correspondientes, entre las cuales no se encuentra, de ninguna manera, la jefatura de Gobierno de la ciudad.
Destacó, además, el respeto que ha mostrado su administración ante las quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues la política ha sido aceptarlas y cumplirlas.
Lo anterior, agregó, pese a la impresión que se generó -dada la difusión-, a partir del rechazo de la Procuraduría General de Justicia capitalina a la recomendación emitida por la CDHDF para solicitar el sobreseimiento de la acusación contra Paola Durante.
Al clausurar los trabajos del congreso Acceso a la Justicia, Robles declaró que para devolver a los ciudadanos la confianza en la procuración de justicia es necesario actuar con estricto apego a la ley, y aplicar ésta a todos por igual.
Por eso, abundó, es falso que la acción contra el ex regente capitalino responda a una lógica de venganza.
Aseguró que es prioridad de este gobierno no sólo contener y abatir el índice delictivo, sino actuar contra la impunidad, particularmente en los casos de servidores públicos.
Manifestó, sin embargo, que esta tarea compete exclusivamente a los ministerios públicos, mientras a jueces y tribunales corresponde juzgar y resolver la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Pero la adecuada impartición de justicia, aclaró, requiere tribunales realmente independientes. Y una condición para ello, añadió, es la autonomía presupuestal encaminada a una real división de poderes.
Actualmente, expuso, no es el Ejecutivo local el que determina las asignaciones presupuestales a los órganos encargados de la función judicial en el DF, como sucedía en el pasado.
Necesario, alcanzar una democracia real
Rosario Robles también explicó que la ciudad de México se quedó a la mitad del camino en sus facultades y competencias, pues si bien dejó de ser un departamento administrativo del gobierno federal, no alcanzó el estatus de soberanía de que gozan el resto de los estados. Así, dijo, la Asamblea Legislativa y la jefa de Gobierno enfrentan limitaciones como ninguna otra legislatura local o gobernador.
La ALDF, por ejemplo, no tiene facultades para legislar en materia de responsabilidad de servidores públicos, tampoco puede aprobar techos de endeudamiento para el Ejecutivo local o designar al jefe de la policía, pues corresponde al Presidente de la República nombrar al secretario de Seguridad Pública.
Una situación similar, externó la mandataria, se presenta en la Procuraduría General de Justicia, que es una dependencia de la administración local, pero la legislación que la rige sigue siendo competencia del Congreso de la Unión.
De ahí la necesidad de impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones y de alcanzar una real democracia, pues de lo contrario la lucha contra el crimen estará condenada, argumentó.
Durante su participación en un acto realizado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, reconoció que no se ha logrado establecer un marco jurídico y político de plenos derechos para sus habitantes, pero se ha empezado a liberar a los ciudadanos del temor a la criminalidad, "aunque falta mucho aún por avanzar".
Un ejemplo de ello es la reducción del índice delictivo y la eficacia persecutoria, que ha ido acompañada de un estricto apego a los derechos humanos para combatir la impunidad y corrupción en todos los renglones, pero, sobre todo, entre servidores públicos frente a quienes la sociedad había perdido la confianza.
Destacó que las acciones en materia de procuración de justicia y combate al crimen ya empiezan a rendir frutos. Y esta percepción, precisó, no es sólo de las autoridades capitalinas, sino también de organismos empresariales y de los propios ciudadanos, quienes reconocen que en el último año no ha sido víctima de ningún delito, según encuestas.