MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 2000

Ť El nuevo giro del caso Stanley, simple juego electorero, considera el PAN

No meto las manos al fuego por nadie: Gutiérrez Barrios

En tanto que el PAN vinculó el nuevo giro que han tomado las investigaciones del asesinato de Francisco Stanley, y estimó que podría ser un simple juego electorero, el ex secretario de Gobernación y aspirante al Senado por el PRI veracruzano, Fernando Gutiérrez Barrios, rechazó ''meter las manos al fuego'' por el secretario de Turismo, Oscar Espinosa. México, dijo, vive un estado de derecho y si algún personaje de la política cometió algún ilícito debe sancionársele.

Asimismo, senadores del PRI y el PAN coincidieron en que no basta con que un testigo se retracte para invalidar la primera declaración, que conforme a la ley prevalece, hasta en tanto éste no pruebe que lo amenazaron. De confirmarse esto, dijo el priísta Trinidad Lanz Cárdenas, el procurador capitalino, Samuel del Villar, podría enfrentar un juicio político por violación sistemática de los derechos de los inculpados.

En la Cámara de Diputados, el PAN se unió a la demanda perredista de que se investigue la distribución de 30 mil tarjetas de crédito con el logotipo del PRI, que fueron entregadas sin investigar si los usuarios tendrían solvencia. El subcoordinador de Política Económica del PAN, Rogelio Sada, dijo que estos ilícitos no pudieron ser investigados por el auditor Michael Mackey, porque sólo se abocó a los créditos superiores a 20 millones de pesos.

En respuesta, la directiva del PRI externó que las tarjetas de crédito -distribuidas en 1994- fueron entregadas ''a título personal'' a quienes fueron sujetos de crédito. El tricolor ''sólo realizó una labor de gestoría, no de intermediación financiera'', por lo que cada solicitante, según dijo en comunicado, la solicitó personalmente.

En este contexto de intercambio de acusaciones entre partidos, la especialista en derecho constitucional, Margarita Elizondo, subrayó que la politización de asuntos que deben tratarse exclusivamente en el marco jurídico erosiona la confianza de la sociedad y afecta la imagen del país al exterior. Agregó que los casos Stanley y Espinosa se han trasladado al espacio político y subrayó que más allá de los dimes y diretes entre partidos lo que se lesiona son las instituciones. ''Si atacamos a éstas o a funcionarios, se genera falta de credibilidad y desconfianza de la sociedad con un impacto negativo'', dijo.

A su vez, el dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, no descartó que el caso del asesinato de Stanley haya sido revivido para contratacar la actuación de la Procuraduría capitalina, que una semana antes solicitó acción penal en contra de Espinosa. A pregunta expresa advirtió: ''Toda la impresión que da es que es simplemente un juego electorero y no realmente un genuino espíritu de justicia lo que está privando en este momento''.

Rechazó que este sea el momento para pedir la renuncia del procurador Samuel del Villar, pues lo que debemos exigir es ''que se encaucen en forma adecuada los diversos casos que se están presentando'' en materia de procuración de justicia, esto es, que ''los procesos judiciales se conserven en el canal de lo judicial y se les dé el trato que la misma ley establece de discreción y de trabajo de investigación para que pueda realmente hacerse justicia y no llevar esto al terreno de lo electoral, pues es un grave error que la justicia se esté politizando, electorizando, convirtiéndose en materia de debate partidista''.

Bravo Mena criticó al PRI y al PRD por haberse ''enfrascado en una guerra de juzgados y de acusaciones. Es muy grave que esto esté sucediendo, porque los votos se van a ganar si la Procuraduría y los tribunales hacen justicia de verdad y si los candidatos son capaces de presentar una propuesta satisfactoria a las necesidades de los ciudadanos, y no así, con golpes efectistas, tratando de manipular la justicia''.

Por su parte, el panista y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Juan de Dios Castro, advirtió que el juez que lleva el caso Stanley debe irse ''con pies de plomo'', a fin de descartar que la retractación de las declaraciones del delincuente Luis Gabriel Valencia no forman parte de un ''artificio'' armado para restar credibilidad a Del Villar.

Dijo que no puede pasar desapercibido que el cambio de opinión del principal testigo en las investigaciones del asesinato del conductor de televisión, se dan en momentos en que la Procuraduría capitalina lleva también la denuncia por peculado en contra de Espinosa. Castro indicó que, de acuerdo con la ley, la primera declaración de un testigo es la que prevalece. No basta, insistió, que Valencia diga ahora que lo amenazaron para que inculpar a alguien. ''Tiene que probarlo'' y el juez de la causa valorar esa retractación, que resta credibilidad al procurador.

Sin embargo, el priísta Lanz Cárdenas sostuvo que es ''un exceso de imaginación'' el relacionar ambos casos, aunque coincidió con Castro en que ''no basta una simple retractación para restar valor a una declaración'' y ello lo tendrá que valorar el juez de acuerdo al expediente.

En tanto, al iniciar en Jalapa su campaña como candidatos al Senado por el PRI, Fernando Gutiérrez Barrios y Fidel Herrera afirmaron que, en el caso Espinosa, será la ley la que determine lo procedente. Si no hay pruebas contundentes, esto sólo será un juego político, ''una búsqueda de revancha y de venganza política''.

Cuando se le preguntó a Gutiérrez Barrios si metería las manos al fuego por el ex regente respondió: ''No estoy para meter la mano para ninguna gente. Lo conozco, tengo una relación muy cordial con él, pero es otra cosa mi posición en lo que se refiere a la ley.

Herrera puntualizó que en las acusaciones contra el secretario de Turismo hay una venganza política del gobierno perredista del DF, que ha utilizado a la Procuraduría como una secretaría de acción electoral y para fines partidarios. Mencionó que el Legislativo no puede exonerar a nadie, el único que puede actuar es el Poder Judicial''.

En otro orden, diputados de oposición exigieron que se investigue la denuncia presentada por el diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, en el sentido de que el titular de la Secretaría de Finanzas del PRI durante la campaña presidencial de 1994, (Oscar Espinosa) tramitó ante Banca Serfin alrededor de 30 mil tarjetas de crédito con el logotipo priísta, entregadas sin investigar si los usuarios eran sujetos de crédito.

Sobre este tema, el subcoordinador de Política Económica del grupo parlamentario del PAN, Rogelio Sada, destacó que si bien el quebranto que se hubiese provocado por la falta de pago de estas tarjetas no se encuentra en el informe del auditor canadiense Michael Mackey, en virtud de que sólo auditó los créditos a partir de 20 millones de pesos, ese movimiento debe investigarse.

A su vez, el coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez, advirtió que la Comisión Nacional Bancaria debe explicar la autorización irregular de cerca de 30 mil tarjetas de crédito que se repartieron entre funcionarios y líderes priístas, además de aclarar qué pasó con los débitos, cómo fueron cubiertos y cuál es el balance.