Emilio Pradilla Cobos
Justicia y política
Al presentar la Procuraduría General de Justicia capitalina a la Cámara de Diputados la solicitud de "juicio de procedencia" para retirar la inmunidad a Oscar Espinosa Villarreal (último jefe del Departamento del Distrito Federal designado en la primera mitad del gobierno de Ernesto Zedillo, y actual secretario de Turismo) para poder seguirle juicio por un presunto desfalco multimillonario cometido en ejercicio de su cargo en la ciudad de México, se hicieron nuevamente evidentes las profundas contradicciones del régimen político, que bloquean la aplicación de la ley y dificultan la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder político. Como en el caso de René Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo acusado por la Procuraduría General de la República por presuntos nexos con el narcotráfico y actualmente prófugo, entre otros, la inmunidad constitucional impide que se someta a juicio a Espinosa Villarreal.
Para hacerlo, se requiere que la Cámara de Diputados levante su inmunidad, lo cual depende de la correlación de fuerzas políticas en ella. Así, la Constitución vigente politiza la justicia. Aún más explícita ha sido la reacción de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, que pretenden adelantarse al Poder Judicial, suplantándolo, al prejuzgar la inocencia del secretario de Turismo, y declarar no válidas las pruebas presentadas por la PGJDF.
Como en otros casos recientes (los paristas de la UNAM incluidos), es evidente la falta de separación real de los poderes Ejecutivo y Judicial, y la politización de la justicia por la intervención, condenatoria o exculpatoria, de los gobernantes.
Los reclamos del Presidente, el secretario de Gobernación, los legisladores y candidatos del PRI, y algunos panistas, de que la acusación tiene un "carácter político-electoral", llevarían inevitablemente a que la aplicación de la ley debe someterse a los tiempos políticos, y suspenderse en periodos electorales, lo cual es totalmente contrario a la justicia y valida la impunidad de los políticos y los gobernantes.
Que "todo acto de un político o gobernante tiene implicaciones políticas" es una verdad de orgullo; son sus actos, buenos o malos, honestos o deshonestos, los que adquieren carácter político; no es la PGJDF la que politiza la acusación contra el ex regente, sino la naturaleza del régimen político, la responsabilidad política del acusado y las declaraciones del gobierno federal y los priístas.
No prejuzgamos la inocencia o culpabilidad de Espinosa Villarreal; no debe hacerlo nadie; menos aún el Ejecutivo federal. La ciudadanía demanda que Espinosa Villarreal renuncie al cargo para que responda al juicio en forma inmediata, lo cual sería un punto a su favor, o que la Cámara de Diputados le levante la inmunidad, demostrando así que los legisladores están a favor de la independencia de los poderes, incluyendo al Legislativo, la aplicación de la ley y la lucha contra la corrupción. Si la justicia, con pleno apego a la ley, sin aceptar presiones políticas, con independencia y trasparencia, declara inocente al ex regente por inconsistencia de las pruebas, el costo político ineludible lo pagará la PGJDF, su titular, quien lo nombró y al partido que representa; si, en cambio, lo declara culpable, el costo lo pagará el ex regente y secretario de Estado, quien lo designó en los dos cargos, quienes ocultaron los hechos, y quienes lo apoyan políticamente. No hay escapatoria.
En un plano general, es obvia la necesidad de cambios profundos en la Constitución y las leyes, que garanticen plenamente la separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; eliminen la intervención del Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal en la impartición de justicia; supriman los fueros indebidos que protegen a funcionarios y legisladores de la acción de la justicia, y convierten su levantamiento en un juego político; impongan la transparencia del ejercicio de sus funciones a los servidores públicos, y la rendición periódica de cuentas a la ciudadanía, y den herramientas suficientes para la lucha contra la corrupción. De lo que se trata es del cambio profundo del régimen político de partido de Estado, que requiere de una nueva constitución para la Federación, y de una propia para el Distrito Federal. Sólo así podrá evitarse la impunidad que corroe a México, magnificada en el caso del Fobaproa y los defraudadores, celosamente protegidos en su panza, donde se expresan vicios similares.