MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 2000

Ť Acudieron a tomar la declaración ministerial de Luis Gabriel Valencia

Niegan acceso en el penal de Puebla a enviados de la PGJDF

Autoridades del penal federal de Puebla negaron el acceso a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que acudieron ayer para tomar la declaración ministerial de Luis Gabriel Valencia López.

Voceros de la dependencia informaron que, desde las 13:00 horas de ayer, se presentó ante las autoridades del penal la agente del Ministerio Público, Claudia Morales González, titular de la Unidad Investigadora "G" Sin Detenido, con dos de sus auxiliares. Sin embargo, se les informó que no les podían permitir ingresar sin la previa autorización del director de Reclusorios de la entidad, y hasta después de las 20:00 horas en que los funcionarios decidieron retirarse del penal, dicho permiso nunca llegó.

Susana Manterola, vocera de la PGJDF, informó al mediodía que un Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para Servidores Públicos se trasladó al penal para interrogar a Luis Gabriel Valencia, a fin de establecer las razones de su retractación en las acusaciones contra los implicados en el homicidio de Francisco Stanley, así como las circunstancias en que se realizó la conferencia exclusiva ante Tv Azteca y Televisa, sin notificación previa a las autoridades judiciales capitalinas.

La fiscalía inició la averiguación previa FSP/546/00-04, a fin de esclarecer las imputaciones que el testigo hizo contra el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Mauricio Tornero, y el fiscal de Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas, Fernando Castro Hernández.

Valencia López deberá esclarecer ante la dependencia cómo, cuándo y dónde lo intimidaron, como aseguró en su escrito; por qué lo dijo hasta ahora, si en cuatro ocasiones ante el Ministerio Público declaró en un sentido y en seis ocasiones ante el juez se sostuvo ratificando su testimonio; cómo contrató al notario; cómo solicitaron los medios, y por qué se decidió por este camino.

Sobre la carta que envió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, a la jefa de Gobierno, Rosario Robles, sugiriendo la dimisión de Tornero y Castro, Manterola señaló que el ombudsman no es autoridad para determinar si deben dimitir, toda vez que no se ha determinado aún que motivó a Valencia a cambiar su testimonio y acusar de amenazas a los funcionarios.

Mauricio Tornero señaló que sólo en una ocasión ha estado con el testigo, en los primeros días de septiembre pasado, cuando Valencia fue trasladado como medida de seguridad a la Penitenciaría de Santa Martha, a donde acudió para verificar las medidas de seguridad del interno. ''Es la única vez que yo visité al señor Valencia López, se hizo en todo momento en compañía tanto del director general de Reclusorios, Jaime Alvarez, como del director de la Penitenciaría, Francisco Escalante, así como de personal propio de seguridad y custodia'', señaló.

Por su parte, Fernando Castro dijo que el 7 de agosto pasado compareció con el MP y un auxiliar de éste al Reclusorio Sur a tomar la declaración ministerial a Valencia. ''Esta comparecencia se llevó a cabo en un área abierta donde no éramos las únicas personas, había un promedio de unas ocho o diez más; es la única ocasión en que estuve presente en la declaración rendida ante el Ministerio Público de Valencia López'', indicó.

Por otra parte, en el juzgado 55 penal, con sede en el Reclusorio Oriente, los abogados de Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica, Luis Rosendo Martínez Delgado y Jorge García Escandón solicitaron al juez Rafael Guerra Alvarez que incluya el video con los señalamientos de Valencia como prueba. Para tal efecto, solicitaron a las dos televisoras, en forma directa o vía exhorto por medio del juez, les sea proporcionada copia de la videograbación.

El Ministerio Público se opuso al ofrecimiento de ésta y otras pruebas, dada la extemporaneidad en la que fueron presentadas. La PGJDF señaló que el documento de la retractación de Valencia, presuntamente rendida ante un notario público, no tiene valor probatorio, dado que no fue vertido dentro del proceso penal correspondiente. En caso de que el juez decida admitir ésta y otras pruebas, la representación social indicó que valorará las condiciones en que se integra al expediente para interponer el recurso adecuado en contra, como la revocación, en los términos que marca el Código de Procedimientos Penales.

Juan Luis Montero, abogado de Paola Durante, informó que una vez que el juez admita la declaración de Valencia como prueba pedirán que sea requerida la ampliación para solicitar la libertad de su cliente. A su vez el abogado de Mario Rodríguez Bezares, Marco Castillejos, pidió al juez admitir una serie de pruebas, entre ellas la declaración de Valencia, recortes de periódicos e incluso la declaración del director del penal de Perote, a quien Valencia acusó de haberlo golpeado por órdenes de Rodríguez Bezares e Ignacio Amezcua. Por su parte, José Gómez, defensor de Erasmo Pérez Garnica, dijo que se limitará a entregar al juez la fe notarial del escrito de Valencia, toda vez que la fe pública del notario lo convierte en un documento pleno de valor probatorio.

Sobre el señalamiento que hizo el lunes el procurador Samuel del Villar contra Tv Azteca, a la que atribuyó una campaña de desinformación montada desde el día en que ocurrió el homicidio de Stanley, la PGJDF lo hace constar en el expediente del caso mediante un texto certificado relacionado con la advertencia de un alto funcionario de la televisora que al conocer que la Procuraduría capitalina había localizado droga en la ropa del occiso, amenazó difundir que la dependencia había sembrado la droga si hacía de conocimiento público el hecho.