MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 2000
Ť En respuesta, la SG reitera las preocupaciones externadas por el mandatario
Mantenerse al margen del caso Espinosa, pide Robles a Zedillo
Ť No le corresponde al Ejecutivo el papel de defensor de oficio, advierte en una misiva
Ricardo Olayo, Gabriela Romero y Raúl Llanos Ť La jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, pidió al presidente Ernesto Zedillo, y a las instituciones que representa, mantenerse al margen de la acusación penal en contra del ex regente Oscar Espinosa Villarreal, porque al Ejecutivo no le corresponde el papel de defensor de oficio y además se corre el riesgo de politizar un caso ''estrictamente jurídico''.
Robles Berlanga dijo que las nuevas declaraciones de Ernesto Zedillo en defensa de Espinosa, y en alusión al trabajo de la Procuraduría capitalina, colocan al Ejecutivo, ''la máxima investidura del país, como parte en un asunto que tiene que ser dirimido en los ámbitos competentes: la Cámara de Diputados y los tribunales''.
Ni al Ejecutivo federal ni al local les corresponde ''juzgar ni prejuzgar'' sobre las investigaciones que realiza el Ministerio Público, indicó la jefa de Gobierno en una carta dirigida ayer al Presidente.
El escrito se refiere exclusivamente al caso Espinosa, porque corresponde al procurador Samuel del Villar ofrecer la información sobre el expediente Stanley, y las recientes declaraciones del testigo Luis Gabriel Valencia López, precisó Robles en breve declaración posterior a la lectura de la carta.
La funcionaria explicó que su misiva no implica una confrontación con el gobierno federal: ''Nosotros mantenemos una actitud respetuosa e institucional'', dijo. Sin embargo, consideró necesario precisar que son la Constitución General de la República y las leyes las que permiten resolver las controversias legales y no los titulares del Poder Ejecutivo.
Precisó, además, que las instituciones que ambos representan deben mantenerse ajenas de asuntos que son resueltos por las leyes en la materia. Al presidente Zedillo le indicó: ''Usted ha señalado públicamente que le preocuparía que la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal esté basada en motivos político-electorales, y que espera que la acusación en contra del último jefe del DDF resulte jurídicamente infundada'', con ello se coloca a la Presidencia en un asunto que compete a la Cámara de Diputados y los tribunales.
El Gobierno de la ciudad ofrece que respetará la decisión de los poderes Legislativo y Judicial en torno a la acusación contra Espinosa Villarreal, ''porque estamos convencidos de que es el único camino para recuperar la confianza de los ciudadanos y las instituciones''.
A ninguno de los ejecutivos les toca ''actuar como defensoría de oficio. Nuestra obligación es garantizar que las leyes se cumplan y que la procuración de justicia se coloque por encima de intereses que no son de la nación'', señala.
Por otra parte, León Alazraki, contralor general del Gobierno capitalino, aseguró que el expediente que se le envió a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sobre las irregularidades encontradas en la gestión de Oscar Espinosa, técnicamente está bien sustentado, con pruebas documentales y las versiones de las pláticas que se tuvieron con funcionarios de esa administración.
Origen de la denuncia
Detalló que el origen de esta denuncia viene de una promoción que realizó su antecesor en el cargo, Gastón Luken, en octubre de 1998, aunque en ésta no aparecía el nombre de Oscar Espinosa Villarreal, sino el del ex oficial mayor, Manuel Merino. ''Al tomar posesión nos dimos cuenta de que no había una acción específica respecto de toda la violación que sentíamos se había dado en función de la emisión del oficio, mediante el cual el ex regente capitalino autoriza el uso de este dinero'', recordó el contralor.
De hecho, señaló que en las conclusiones del informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio de 1996 -que llevó a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa-, se indica que la Dirección General de Comunicación Social no atendió al artículo 463 del Código Financiero, porque omitió proporcionar la documentación sobre los procedimientos aplicables a la contratación de servicios de propaganda y los instrumentos legales mediante los cuales formalizó las operaciones correspondientes.
Finalmente, el funcionario del Gobierno capitalino rechazó que se hubiera dado un uso electoral a esta denuncia.
Ť Armó la mafia del poder la retractación de Valencia, acusa López Obrador
Condena PRD el montaje contra Del Villar
Ť Fin a la presión, exige García
Matilde Pérez U. Ť Los cinco partidos políticos de la Alianza por México calificaron como burdo e inaceptable el "montaje" preparado en torno al caso Stanley y acordaron respaldar la acción jurídica del procurador capitalino, Samuel del Villar. A su vez, la dirigente nacional del PRD, Amalia García Medina, demandó al presidente Ernesto Zedillo respetar la Constitución y dejar de actuar "como el abogado defensor" del secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal.
Tanto la retractación de Luis Valencia López, testigo clave en el caso Stanley, el sábado pasado en conferencia de prensa en el penal federal de Puebla frente a dos cadenas televisivas, como las declaraciones de Zedillo en torno a Espinosa -ambos casos presentados por la Procuraduría de Justicia del DF-, fueron analizados en la reunión de la Alianza por México y por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
García Medina dijo que la intención es "pegarle" a la PGJDF y aclaró que Samuel del Villar ha actuado con imparcialidad y de acuerdo con su convicción jurídica. No se le puede acusar de tener una actitud partidista, agregó.
La dirigente exigió al presidente Zedillo y a la Secretaría de Gobernación dejar de presionar a la PGJDF. "Espero que las declaraciones del Presidente y lo acontecido en el penal de Puebla no sean ni una guerra ni un complot político; sin embargo, de continuar las acciones que pretenden limitar la acción de la justicia, quedaría la impresión en la ciudadanía de que se está defendiendo la impunidad".
Llamó a Zedillo a ceñirse estrictamente a su ámbito de competencia y no invadir otros terrenos que corresponden a la Procuraduría y a los tribunales. "En el caso Espinosa, no debe haber participación ni de gobiernos ni de partidos políticos. Se debe dejar actuar con absoluta transparencia y sin presiones a la PGJDF", dijo.
Por su parte, el representante de la Alianza por México ante el IFE, Jesús Ortega Martínez, consideró que los acontecimientos que involucran a la Procuraduría son parte de una guerra política contra el gobierno capitalino y el PRD, con repercusiones en la contienda electoral, por la Presidencia de la República.
"Nadie, en su sano juicio, pensará que la inusitada defensa en algunos medios de comunicación y por altos funcionarios de Oscar Espinosa no obedece a un montaje", comentó. "Como perredista y como ciudadano defiendo al procurador ante el embate que enfrenta para tratar de frenar el caso del ex regente capitalino".
Ť La maniobra, desde Gobernación porque "se tocó" a Espinosa
Raúl Llanos y Gabriela Romero Ť El candidato de la Alianza por la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las declaraciones de Luis Gabriel Valencia sobre el caso Stanley fueron "auspiciadas y armadas" por la Secretaría de Gobernación, y es una reacción de parte de la "mafia" a la que ésta pertenece.
Al respecto, la directiva capitalina del PRD y nueve de sus candidatos a jefes delegacionales demandaron que "salga a la luz pública la intervención de Gobernación y, en particular, de la Dirección General de Readaptación Social", dependiente de esta misma instancia, pues detrás de ello está la intención de descalificar a la gestión capitalina.
En una gira proselitista por la delegación Miguel Hidalgo, el candidato perredista al GDF comentó que la conferencia de Valencia, ex cocinero de Luis Amezcua en el Reclusorio Sur, "fue una maniobra operada desde lo más alto del gobierno federal, desde lo más alto del poder, y tiene que ver con Gobernación, con la mafia, y lo hicieron así porque tocaron a una pieza clave de esa asociación delictuosa (Espinosa), se lanzaron con todo".
Respaldó la actitud y conducta que hasta ahora ha mostrado el titular de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Samuel del Villar, y aseguró que en esa institución ya no se trabaja como antes, por consigna de funcionarios de mayor nivel. Agregó que Espinosa "es una pieza clave de la mafia, por eso la lanzada contra el procurador".
A su vez, la directiva capitalina del PRD manifestó que no es una coincidencia que Valencia haya decidido ofrecer una conferencia "bastante extraña", pues en ese caso "se ve la mano de Gobernación".
Carlos Imaz, líder del PRD-DF, y los aspirantes a Miguel Hidalgo, Javier Hidalgo; Milpa Alta, Guadalupe Chavira, y Alvaro Obregón, Alejandro Encinas, coincidieron en que todo el "teatro" montado con Valencia no pudo haber sido operado sólo por las autoridades carcelarias de Puebla, sino que obedeció a una cuestión de "más arriba".
Ese hecho, dijeron, "demuestra que todo el peso del Estado se encuentra al servicio de algunas mafias incrustradas en el poder y que se niegan a someterse a la ley. En otros tiempos la ley no se aplicaba, en este gobierno democrático la ley no se negocia, se aplica".
En la Asamblea Legislativa, diputados de PRI, PAN y PT advirtieron que la credibilidad de los capitalinos hacia la PGJDF está en riego, sobre todo después de que su principal testigo de cargo, Luis Gabriel Valencia López, se retractó.
Por el contrario, el líder de la bancada del PRD, Martí Batres, consideró que las declaraciones del ex cocinero "tienen el olor de algo muy orquestado, por las formas y tiempos en las que éstas se hacen".
Abundó: "Se busca desacreditar al procurador con el propósito de debilitar la acusación que hay contra el ex regente", pues es extraño, cuando menos sospechoso, que a unos días de la solicitud de juicio de procedencia en su contra, Valencia rectifique su declaración y asegure que la hizo presionado por funcionarios.
La "ingenuidad"
El vicecoordinador de la bancada perredista, René Arce, admitió que hubo "cierta ingenuidad" del procurador al permitir que su testigo de cargo principal estuviera fuera de su jurisdicción.
Oscar Levín Coppel, presidente del PRI-DF, señaló que es lamentable que la Procuraduría se haya convertido en una oficina política del gobierno de la ciudad para decidir en función de "quienes son sus amigos y quienes son sus adversarios o enemigos", y el coordinador priísta en la ALDF, Manuel Aguilera, alertó que se vive un clima de tensión que a nadie conviene, cuyo colofón podría ser un elevado abstencionismo en las elecciones de julio.
Fernando Pérez Noriega, legislador panista, dijo que cuando se politizan los asuntos jurídicos se pierde la credibilidad en las instituciones, y Jesús Silva Herzog, candidato del PRI al GDF, afirmó: "Nos movemos en un estado de abuso y no de derecho".