VIERNES 7 DE ABRIL DE 2000
* Presionan militares y miembros de la derecha
Aplazan una semana el juicio de desafuero contra Pinochet
* Insisten querellantes en comenzar el proceso sin examen médico
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 6 de abril * La Corte de Apelaciones aplazó una semana el juicio de desafuero de Augusto Pinochet a petición de la acusación, y el clima de tensión comenzó a perfilarse ante molestias, reclamaciones y presiones de la derecha y militares por la suerte del ex dictador.
El proceso de desafuero, previsto para el próximo miércoles, se postergó hasta el 19 de abril a solicitud de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, cuyo representante, Hugo Gutiérrez, viajó a Ginebra y dijo no tener tiempo para preparar su alegato a su regreso, informó la Corte de Apelaciones de Santiago.
La defensa de Augusto Pinochet no hizo comentarios sobre el aplazamiento, pues se concentra en preparar para este viernes una solicitud para anular el proceso con base en el deterioro de la salud de su cliente. "Están en juego los derechos humanos que tienen relación con el debido proceso", afirmó el abogado Ricardo Rivadeneira.
"Tal es el estado de salud del general Pinochet, que sus médicos nos tienen prohibido conversar con él, por lo cual ni siquiera se ha podido designar al abogado que deberá defenderlo", añadió el penalista de Pinochet, quien enfrenta 81 querellas por crímenes cometidos durante la pasada dictadura.
La suerte del acusado entrará en juego este viernes, cuando los 23 jueces de la Corte de Apelaciones se reúnan para decidir si primero habrán de fallar sobre el estado mental del ex dictador, a petición de su defensa, o en torno a su desafuero como senador vitalicio, como proponen los querellantes.
Sin embargo, el clima de tensión crece. El ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe, dijo ante las reticencias de la derecha planteadas al proyecto de reformas a la carta magna que si lo que está detrás es la "obsecación" por el caso Pinochet lo digan con toda claridad.
Insistió en la postura gubernamental de que la suerte del ex militar está en manos de los tribunales y no se puede intervenir ante ese poder del Estado. Dijo que eran "insólitas" ciertas declaraciones como que la reforma pretende el poder total, cuando se trata de incorporar normas para repartir el poder y no concentrarlo en el Ejecutivo.
Los partidos de derecha, Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), se negaron a integrarse a la comisión bicamaral encabezada por el demócrata cristiano Andrés Zaldívar, conformada a instancias del presidente Ricardo Lagos para impulsar las reformas a la Constitución heredada de la dictadura.
Más aún, el bloque opositor de derecha en el Senado, integrado por 22 legisladores, incluidos tres "designados" de la "bancada militar", firmaron una declaración en la que demandaron un "juicio justo" para el ex gobernante de facto y cuestionaron que el Consejo de Defensa del Estado se oponga a exámenes médicos a Pinochet.
Crticaron que el Consejo abogue porque Pinochet primero sea sometido al juicio de desafuero, antes de que se le practiquen nuevos exámenes médicos. Por ello, los senadores dijeron que no era admisible que ese órgano pretenda "impedir que los tribunales chilenos puedan decretar las diligencias que estimen convenientes".
Los senadores de la derecha apoyaron el alegato de la defensa, basados en los exámenes médicos de Londres que "certificaron que el grave estado de salud del senador Pinochet es irreversible y que, por tanto, no estaba ni estaría jamás en condiciones de defenderse, y por ello no podía ni podría tener un juicio justo".
El malestar también se ha hecho sentir en las filas castrenses, y el diario La Tercera reportó que los militares en la mesa de diálogo con organizaciones humanitarias y civiles decidieron abstenerse de firmar un acuerdo que creaba mecanismos para ubicar a restos de detenidos desaparecidos.
El almirante retirado y senador designado, Jorge Martínez Busch, planteó a su vez crear un partido político con los militares jubilados para combatir las presuntas "vejaciones" sufridas por los militares.