León Bendesky
Atorados

A medida que nos aproximamos a las elecciones de julio se hace más evidente que el país está atorado. No hace falta más que ver los hechos que tenemos enfrente. Enumero, sin querer ser exhaustivo, y sólo para recordar. Uno, la violencia episódica asociada al negocio del narcotráfico, que incluye desde el ataque al encargado de combatirlo y a quien querían robar una motocicleta de su escolta, el asesinato, uno más de lo que parece una interminable serie en Ciudad Juárez, la balacera en plena avenida Reforma de la ciudad de México, hasta la muerte del alto funcionario y cercano colaborador del encargado de la PGR. Dos, la disputa entre el gobierno del Distrito Federal y el presidente Zedillo con respecto a la acusación de peculado en contra del secretario de Turismo. Tres, las elecciones para la candidatura del PRI al gobierno del estado de Tabasco. Cuatro, la persistencia de los enfrentamientos en la UNAM, que la tienen en abierta tensión.

Se equivocan quienes piensan que estos asuntos son de incumbencia restringida; al contrario, nos involucran a todos. La violencia asociada con el narcotráfico constituye un peligro público y exhibe la incompetencia de las autoridades responsables de la seguridad que tienen a la delincuencia sentada, cuando menos, en la oficina de junto. Muestra, también, los vínculos entre el poder y ese rentable negocio. De todo esto se sabe poco y se intuye mucho; lo que se ve es sólo la punta del iceberg, vemos con pasmo lo que ocurre y con una creciente sensación de impotencia y de inseguridad.

El enfrentamiento entre el procurador Del Villar y el gobierno federal no es un asunto que sólo afecte a los que viven en la capital del país. Es un problema que pone de manifiesto el restringido concepto de legalidad que existe en México y de lo que significa la separación de los poderes. El asunto se hizo político y se salió del terreno en el que debió estar, que es el de la ley y la aplicación de la justicia. Flaco favor nos hizo el Poder Ejecutivo al marcar los hechos con su injerencia y violentando su oferta principal de gobierno, que fue fortalecer eso que llama estado de derecho, pero que no sabemos cómo lo entiende. La manipulación de todo este asunto con la retracción del testigo clave en el caso Stanley y la burda manera en que se hizo expone no sólo la forma en que actúa el gobierno, sino la historia misma de su origen, plagada de sospechas. Todo esto, por si no se han dado cuenta, sólo confirma a la sociedad lo que siempre le han tratado de ocultar y que, hasta que se pruebe lo contrario, involucra a personajes como Oscar Espinosa. Aquí, claro está, no se trata de animadversiones personales, sino de la ausencia de mecanismos creíbles que prueben la existencia de la ley. Si Del Villar se equivoca o si actúa de mala fe, sólo lo puede determinar el Poder Judicial y no el Presidente. Hoy creemos menos en nuestro sistema legal y el primer mandatario ha contribuido de modo directo a debilitar aún más esa institución básica de la vida civilizada; esto sigue siendo la jungla, aunque haya excepciones.

Lo de Tabasco señala las crecientes fracturas dentro del PRI, pero éstas no indican que eso que llaman el nuevo PRI intente siquiera ser algo que se parezca a la democracia y a la competencia política. Indica el enfrentamiento de las fuerzas locales con aquéllas que controlan desde el centro. Indica también el primitivismo político de un partido en descomposición. Sigue siendo válida la pregunta acerca de si es posible la democracia en México mientras el PRI permanezca en el poder; ésta es cada vez menos una cuestión de la teoría política y, en cambio, tiene más que ver con la vida pública. Qué papelón obligaron a hacer al eficaz líder parlamentario que tantas victorias dio a su partido en la Cámara de Diputados, y al mismo partido que opera en su dirección de la calle de Insurgentes, que lo había hecho su candidato en el estado. Y esto vuelve a poner en entredicho la oferta presidencial de mantener una sana distancia entre el gobierno y el partido. Los jefes del partido han sido sometidos y ni siquiera se disfraza el protagonismo del secretario de Gobernación.

Y quien crea que la descomposición de la UNAM es algo que sólo interesa a quienes viven en la capital también se equivocan. Esa descomposición representa la inexistencia de un proyecto educativo en el país, a pesar de las interminables repeticiones discursivas al respecto; representa la esclerosis en la conducción de la propia UNAM, pero también expresa su debilitamiento como centro de pensamiento y con ello la fragilidad de las instituciones públicas de educación superior. Aquí hay una clara miopía con respecto a un asunto esencial para nuestra sociedad después de tantos años de estancamiento económico y desintegración política, y que es una visión del futuro.

Si algo expresa de modo fehaciente la ausencia de liderazgo en esta sociedad es, precisamente, la incapacidad de pensar el futuro, de cambiar de manera efectiva y creíble los patrones de comportamiento autoritarios, de legitimar socialmente la actividad política y, sobre todo, dejar de repetir mecánicamente lo que está de moda. Estamos atorados.