LUNES 10 DE ABRIL DE 2000
* Su desarrollo depende de un subsidio óptimo
Universidades públicas: medio siglo con recursos insuficientes
* Las cuotas, mínima parte del presupuesto, afirman rectores
María Esther Ibarra * Durante el último medio siglo, las universidades públicas han venido cumpliendo con sus tareas sustantivas ųdocencia, investigación y difusión de la culturaų, aunque para ello la mayoría se convirtieran en deudoras de la Secretaría de Hacienda, como ocurrió en 1994 por la imposibilidad de pagar impuestos, recuerda Carlos Pallán Figueroa, ex secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES). Otras, incluso, han enfrentado la cancelación del subsidio, situación que padeció, por ejemplo, en repetidas ocasiones, la Universidad Autónoma de Guerrero.
A todo han recurrido para sobrevivir: préstamos bancarios, rifas, sorteos, venta de servicios y productos, asesorías, solicitud de donativos y aportaciones "voluntarias" a sus estudiantes y egresados, cruzadas financieras, entre otras acciones. Por esos conceptos, en 1999, las instituciones estatales en su conjunto recaudaron casi un millón 900 mil pesos.
De alguna manera, las 45 universidades autónomas se han visto obligadas a obtener, por esa vía, recursos propios para cumplir sus labores y atender a unos 800 mil estudiantes de licenciatura y posgrado, que en el ciclo 1998-1999 representaron 52 y 48 por ciento, respectivamente, de la matrícula pública de enseñanza superior, que en ese lapso fue de un millón 268 mil escolares, además de llevar a cabo 50 por ciento de la investigación en el país.
Las cuotas ųtodas cobran diferentes montos, excepto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde prevalecen los 20 centavosų de nada o poco sirven para aliviar sus penurias económicas. Los rectores han reconocido, en distintos momentos, que representan una parte mínima de los presupuestos universitarios.
Documento a discusión
Por gestiones y solicitudes para contar con mejores subsidios, no han parado los directivos de las 123 instituciones afiliadas de la ANUIES. Su más reciente acción fue el encuentro que sostuvieron ų24 y 25 de marzo pasado en Hermosillo, Sonoraų con cinco de los seis candidatos a la Presidencia de la República ųel priísta Francisco Labastida Ochoa no asistióų para debatir el documento La educación superior en el siglo XXI, en el que el financiamiento es uno de los temas centrales.
Si bien en ese documento se plantean diversos retos y dificultades del conjunto de las instituciones de enseñanza superior, los rectores de las universidades autónomas no quitan del primer plano la falta de recursos como limitante para fortalecer o consolidar su desarrollo. En especial, el incremento de la matrícula estudiantil constituye uno de los desafíos principales, pues desde el año pasado rebasó la meta prevista para el 2000, al atender un millón 900 mil escolares.
Recurrentes en su historia, las crisis económicas de las universidades públicas alcanzaron, en 1998 y 1999, otra vez niveles de angustia entre los rectores. La voz de alarma salió de la UNAM, cuando el entonces rector Francisco Barnés de Castro daba cuenta del déficit de tantos millones necesarios para la instituciones de enseñanza superior.
Encabezados hace dos años por Barnés, rectores y directores de la ANUIES expusieron ųdías antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federaciónų el riesgo de paralizar sus labores en caso de no recibir un incremento para inversiones del orden de los 3 mil millones de pesos, de los cuales se les reasignó poco mas de 2 mil millones.
Con el mismo motivo, en diciembre del año pasado ųen la víspera de acordarse el Presupuesto de Egresos para el 2000ų la ANUIES y sus rectores estaban una vez más en San Lázaro para solicitar a los diputados una partida extraordinaria de mil 400 millones de pesos, para programas de inversión, mejoramiento del profesorado y equipamiento para las universidades estatales y los institutos tecnológicos. Por separado, lo mismo hicieron los sindicatos universitarios, incluido el del magisterio.
Ante sus crónicos déficits económicos, las universidades estatales reclamaron equidad financiera con sus homólogas de la ciudad de México ųUNAM, UAM, UPN e IPNų. Incluso la de Guadalajara (UdeG), entre otras, emprendió movilizaciones públicas en la capital de Jalisco en demanda de presupuesto suficiente y trato igualitario. Gracias a los legisladores de oposición, la reasignación fue de mil 200 millones de pesos.
El regateo y la tirantez por el financiamiento han marcado la pauta en la relación entre el gobierno y las universidades.
En la primera reunión extraordinaria, en 1951, las entonces 23 instituciones afiliadas a la ANUIES reiteraban al gobierno la "urgencia de atender y resolver de manera definitiva, el problema del financiamiento de las universidades e institutos". Dos años después (1953), pasaron de las palabras a la acción: una comisión de rectores expuso al presidente de la república, Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), la "grave" situación económica y cómo afectaba a su eficiente funcionamiento. También, se le planteó que la educación superior fuera uno de los fines fundamentales del Estado y el deber de éste de proveerla de mayores recursos para su buen desempeño.
Para 1957, otra vez los rectores tocaban las puertas de Los Pinos, pero también de las secretarías de Hacienda y Educación Pública para gestionar la consolidación de un subsidio y su entrega oportuna a principios de cada año. También solicitaron al gobierno federal un presupuesto extraordinario para un fondo destinado a la creación de la figura de profesores de carrera y la profesionalización del personal docente en general, así como el mejoramiento y mantenimiento de instalaciones, bibliotecas y laboratorios.
Al año siguiente, ante la austeridad prevaleciente, de plano la ANUIES integró la Comisión Permanente de Financiamiento, cuyos integrantes propusieron al jefe del ejecutivo Adolfo López Mateos (1958-1964) acciones tendientes a resolver el problema de ayuda económica por parte del gobierno federal a las instituciones de educación superior".
Pero los recursos continuaban siendo exiguos. En 1959, en un "memorándum" los rectores le solicitaron incrementar el subsidio federal de 16 millones 4 mil pesos a 75 millones a las entonces 27 instituciones de la ANUIES, a fin de llevar a cabo con "eficacia" su misión educativa. También, la Asociación gestionó ante los gobiernos estatales la creación de más instituciones de educación superior, y, como resultado, ese año se fundaron diez universidades públicas, con diversas carreras profesionales, en los estados de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, estado de México, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas.
Con López Mateos, las universidades públicas vivieron una de sus mejores épocas, pues se destinaron 100 millones de pesos de subsidio a la educación superior, reconoce Alfonso Rangel Guerra, ex directivo de la ANUIES, al contrastar la actitud negativa de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) frente a las instituciones de educación superior.
Desde el comienzo del diazordacismo, los rectores se enfrentaron a un muro. En 1966, su solicitud al secretario de la SEP, Agustín Yáñez, de incrementar el subsidio federal tuvo como respuesta que "ya se habían dispuesto ayudas económicas y se destinaban principalmente al fortalecimiento" de laboratorios, talleres, bibliotecas e instalaciones diversas.
"Hubo una ausencia de comunicación con Díaz Ordaz. Todo su sexenio fue de petición de recursos para las universidades y nunca hubo una respuesta positiva. No modificó, en un centavo, los 100 millones de financiamiento que dejó López Mateos", lamenta Rangel Guerra, en la serie de Testimonios, publicada por la ANUIES.
Durante doce años secretario general de esa agrupación (1965-1977), el ex rector regiomontano Rangel Guerra relata: "La asociación buscó establecer una relación con el gobierno federal para exponer la urgencia de un mayor subsidio, pero la relación nunca pudo verse favorecida". Así, lejos de mejorar, empeoró la situación de la universidades, sobre todo, como señala Guerra Rangel, "después de los sucesos de 1968, que marcaron una notable frontera entre el Estado y las universidades".
Ante las tirantes relaciones con Díaz Ordaz, los rectores enfocaron sus peticiones hacia los gobernadores para que "atendieran el grave problema económico de las instituciones" en sus respectivos estados. En 1967, la ANUIES redujo sus peticiones al gobierno federal con su propuesta de exentar a las universidades públicas del pago de impuestos por la adquisición de equipo para talleres y laboratorios; y en contrapartida, instó a sus afiliadas allegarse recursos propios como vía para resolver los problemas financieros.
En el contexto de los sucesos del movimiento estudiantil del 68, que derivaron en la matanza en Tlatelolco y el encarcelamiento de varios de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, la ANUIES acordó que las instituciones de educación superior revisaran sus "sistemas de recuperación de pagos por servicios escolares, como una posible fórmula para allegarse recursos".
La llegada a la presidencia de la República de Luis Echeverría (1970-1976), cambió la suerte de las universidades públicas y su relación con el gobierno. No obstante que al secretario de Gobernación de Díaz Ordaz se le atribuía corresponsabilidad en la matanza estudiantil del 68, la ANUIES "inició una nueva etapa más aligerada", recuerda Rangel Guerra, situación que ųcomentaų de alguna manera se reflejó en el subsidio a la educación superior, la cristalización de proyectos y la interrelación de la asociación con las autoridades educativas y gubernamentales.
En el régimen echeverrista, nacieron la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Colegio de Bachilleres, y se formularon las bases para la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como del posterior surgimiento del Conalep, los Colegios de Ciencias y Humanidades y la descentralización de la UNAM, vía las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales.
Durante el gobierno de la abundancia de José López Portillo (1976-1982), las universidades no dejaron de tener problemas. La ANUIES se manifestó por que el financiamiento fuera un "vínculo" permanente del Estado con las instituciones de educación superior, para que éstas "atendieran eficientemente a la población estudiantil".
"Democratización de la enseñanza"
En 1978, la ANUIES pidió que se definieran "criterios nacionales de primer ingreso para el nivel superior, congruentes con las características del sistema educativo en todos sus ciclos, tomando en cuenta además el principio de competencia académica, los recursos disponibles y el principio de democratización de la enseñanza".
Sobre el financiamiento, los primeros criterios para su asignación, empero, estaban sujetos a todo tipo de interpretaciones. Se estableció que el subsidio se calculara a partir de la "tendencia del presupuesto total ejercido durante los últimos años" y se sumaran los "porcentajes de la tasa de inflación, el crecimiento natural del sistema, el incremento de las necesidades de las instituciones de educación superior y el monto destinado a la superación académica".
Montado el país en el cuerno de abundancia, en 1981 se anunció "una reducción de 40 por ciento del presupuesto federal", que colocaba en la asfixia a las instituciones. Fue entonces que la ANUIES propuso la gratuidad educativa y la "obligación" del Estado de financiarla "adecuada y oportunamente", así como estudiar el "problema de la privatización de la educación superior".
Ante la persistente austeridad, en 1993, la Asociación solicitó participar en la definición de los criterios de asignación y revisar por separado los problemas de financiamiento de las universidades públicas, privadas y de los institutos tecnológicos. En 1996, los precarios fondos públicos continuaban, como también los reclamos por la ausencia de reglas claras en la distribución de los subsidios, por lo cual los rectores reiteraron a la SEP su petición hecha tres años atrás.