MARTES 11 DE ABRIL DE 2000
Ť La PGJDF buscará hoy, por segunda ocasión, obtener declaración de El Flama
Pide MP incluir pruebas de la retractación de Valencia
Angel Bolaños Sánchez y La Jornada de Oriente Ť Erasmo Pérez Garnica, El Cholo, torturó y amenazó a una persona para obligarla a firmar pagarés por un monto de 80 mil pesos nueve meses antes del homicidio de Francisco Stanley, según los antecedentes penales con que cuenta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
En el expediente del caso Stanley la dependencia incluyó informes proporcionados por autoridades de Estados Unidos sobre la actividad delictiva del presunto autor material del homicidio del comediante, en la que figuran 26 delitos, 18 tipos relativos del orden común y federal, entre 1981 y 1996.
Ayer la dependencia informó que integró al expediente la averiguación previa SAG/II/996/98, iniciada en Ecatepec, estado de México, donde se registraron los hechos en los que estuvo involucrado El Cholo, identificado plenamente por sus víctimas.
Según la declaración de los agraviados, en octubre de 1998, en un inmueble ubicado en Granjas Valle de Guadalupe, Pérez Garnica incomunicó a una persona dentro de los sanitarios y la torturó para obligarla a firmar varios pagarés por un monto de 80 mil pesos.
La ató de manos y pies, golpeó y azotó contra la pared, y en repetidas ocasiones sumergió su cabeza en uno de los excusados, con el fin de obtener la firma del sujeto. Una vez que logró su objetivo, armado con una pistola, amenazó a los acompañantes de la víctima con matarlos a ellos y a sus familiares si lo denunciaban.
Luego de que Erasmo Pérez fue detenido los agraviados lo reconocieron al verlo en los medios de comunicación. Antes habían informado a la representación social que inició las investigaciones que el sujeto que los había atacado tenía entre 45 y 50 años de edad, medía aproximadamente 1.80 metros, robusto, tez morena, nariz chata, labios gruesos, cabello escaso y tatuajes en ambos brazos en tintas azul y verde.
Información proporcionada a la Procuraduría capitalina por la embajada estadunidense y la Policía Internacional (Interpol), sobre los antecedentes penales de El Cholo en ese país destacan falsificación de documentos, allanamiento de morada, resistencia al arresto, robo, violación de libertad condicional, posesión de cheques falsos, consumo y posesión de sustancias controladas, evadirse de prisión y por golpear a personas, entre otros.
En tanto, el Ministerio Público de la PGJDF solicitó al juez 55 penal Rafael Guerra se incluya el paquete de pruebas testimoniales, documentales y hemerográficas, entre otras, relacionadas con la retractación de Luis Gabriel Valencia de las acusaciones contra los implicados en el homicidio de Stanley, e interpuso un recurso de revocación contra algunas de las pruebas que admitió el juez a los defensores.
Entre las pruebas que pidió incluir en el expediente se encuentra el caso de tres testigos que aseguraron haber visto a la edecán Paola Durante Ochoa con Luis Ignacio Amezcua, posteriormente se retractaron, pero finalmente ratificaron su declaración y denunciaron que habían recibido amenazas para no ratificar su acusación.
La representación social se inconformó con la decisión del juez de admitir las averiguaciones previas iniciadas por la PGJDF con motivo de las acusaciones de Valencia López contra funcionarios de la dependencia, los que según el testigo lo amenazaron para falsear su testimonio.
Hoy, a partir de las 10:00 horas, la PGJDF tratará por segunda ocasión de obtener en el penal de Puebla la declaración de Luis Gabriel Valencia, quien será interrogado por el Ministerio Público local en base a un cuestionario elaborado por la representación social de la Procuraduría capitalina.
El director de Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana Sur de la Procuraduría General de Justicia del estado, Joel Baltazar Cruz, explicó que si durante el transcurso del interrogatorio al testigo surgiera alguna otra pregunta, la tiene que hacer el MP local, no puede intervenir la autoridad capitalina.
El funcionario se negó a informar si Valencia ya fue notificado de la diligencia, argumentando que legalmente está impedido de informar sobre el procedimiento: "No puedo indicarle ni el número de averiguación previa, ni las preguntas que van a formular, pues es necesario preservar el sigilo", señaló.