MARTES 11 DE ABRIL DE 2000

Ť Evitaría juicios de nuevos operadores por dominación, como es el caso de México

Recomienda la UIT reforzar regulación

Ť La unión de telecomunicaciones pide que los organismos controlen a las telefónicas privatizadas

Víctor Cardoso, enviado, Río de Janeiro, 10 de abril Ť Ante los problemas de dominanción que ha generado el poder de empresas telefónicas privatizadas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomendó el reforzamiento de los órganos reguladores nacionales en América Latina, a fin de evitar, como en el caso de México, la recurrencia de demandas y juicios que entablan los nuevos operadores.

En el documento Políticas de Telecomunicaciones para las Américas, hecho circular por la UIT durante el segundo día de trabajos del Américas Telecom 2000, se hace referencia a la necesidad de dotar a los organismos reguladores de suficientes elementos para controlar el poder dominante de las empresas telefónicas privatizadas.

Incluso, el senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Emilio Goicochea Luna, quien asistió al acto, manifestó la necesidad de que, en el caso de México, se eleve a rango constitucional la creación de las comisiones Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Federal de Competencia (CFC) para dotarlas de la personalidad jurídica que les permita aplicar la ley y regular cuestiones fundamentales como la tarifa de interconexión. "El caso de las telecomunicaciones en México es atípico, porque la Cofetel no tiene personalidad jurídica y la Ley Federal de Telecomunicaciones, una de las más modernas, no cuenta con el reglamento respectivo y los conflictos se han resuelto con reglas anteriores a la promulgación de esa norma", dijo.

Para la UIT, órgano de Naciones Unidas regulador de las telecomunicaciones internacionales, los países en vías de desarrollo enfrentan debilidades en la aplicación de su normatividad nacional en materia de telecomunicaciones que impiden la consolidación de esquemas de libre competencia entre los operadores telefónicos.

Tan sólo en México, la falta de peso jurídico de la Cofetel ha generado que el organismo regulador no pueda resolver diferendos entre empresas, mismas que han generado más de 300 juicios de amparo. Por tanto, la UIT sugirió: "Adecuar la reglamentación de los operadores establecidos a fin de hacer posible la competencia", y "cuidar específicamente que los nuevos operadores no sean víctimas de actividades monopólicas por parte de la empresa dominante".

El secretario general de la UIT, Roberto Blois, dijo por su parte que, en efecto, se debe de dotar de fuerza suficiente al órgano regulador "para controlar al que tiene el poder dominante; de otra manera, tendremos un problema importante".

Al respecto, Goicochea Luna también hizo notar la importancia de las telecomunicaciones en la vida económica de cualquier país y, por tanto, se hace necesario establecer la normatividad suficiente para que, sin menoscabo del derecho constitucional de amparo (en el caso específico de México), si se derogue de la ley la suspensión del acto de autoridad en disputa. "De esa manera, un juicio que dura alrededor de 4 años, no afectaría la actividad de las empresas porque se aplicaría el criterio de la autoridad competente, en este caso la Cofetel".

Pero la UIT no sólo hizo observaciones a los órganos reguladores, sino también a los jueces y miembros del Poder Judicial en los países afiliados a ese organismo internacional. "La forma de actuar sugerida combina el principio de la revisión judicial con el derivado de la división de poderes, de modo que la acción conjunta del órgano reglamentador y los tribunales redunda en beneficio del interés público y social".

En ese sentido propone que los tribunales se limiten al examen de la legalidad imponiéndose el criterio de la autoridad regulatoria sin demérito de los derechos jurídicos de las empresas.

En una reunión donde asistieron especialistas en telecomunicaciones y ministros de Comunicaciones de una decena de países, el director de Teleinformática de la Universidad de Columbia, Eli Noam, hizo notar que el aretraso en las decisiones de las autoridades regulatorias se ha traducido en el aplazamiento de inversiones por más de 50 mil millones en todo el mundo.

Eso, a su vez, se ha traducido en un costo social importante, pues no se obtuvieron los beneficios derivados como son la generación de empleos y mejoras salariales.