MARTES 11 DE ABRIL DE 2000
* Aprueba punto de acuerdo para turnar expediente a la sección instructora
Agiliza el Legislativo el trámite sobre el caso Espinosa Villarreal
* Los 14 integrantes de la subcomisión debatieron por casi cuatro horas en torno al marco legal
Ciro Pérez Silva * La Cámara de Diputados aprobó ayer, con el voto mayoritario de las oposiciones, un punto de acuerdo para turnar a la sección instructora el caso de Oscar Espinosa Villarreal, con lo que se agiliza el trámite legislativo para determinar si procede o no la petición de retirar la inmunidad de que goza el secretario de Turismo, y permitir con ello la acción del Ministerio Público contra el funcionario, a quien se le acusa de peculado por 420 millones de pesos.
Tras una discusión en la subcomisión de examen previo, los legisladores determinaron que esta instancia, a la que fue turnado originalmente el expediente de Espinosa, no tiene competencia para conocer del caso, por lo que en menos de 48 horas se iniciará el proceso legislativo para evaluar las pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y los alegatos del secretario de Turismo en un máximo de 60 días.
Junto con ese expediente se revisarán otros ocho, entre los que se incluye una denuncia de juicio político en contra de la jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, presentada por manejos indebidos de fondos con recursos federales, especialmente a los de la Hacienda Pública del Distrito Federal.
Según los perredistas, esta denuncia fue enlistada por error entre las de declaratoria de procedencia que incluía el punto de acuerdo, por lo que pasará también a la sección instructora, pero con la advertencia de que deberá ser devuelta a la subcomisión de examen previo para iniciar allí el trámite correspondiente que precisa de un máximo de 30 días hábiles, más los 60 del proceso siguiente a cargo de la sección instructora.
Las siete declaraciones de procedencia restantes fueron presentadas en contra del diputado local del estado de México, Germán Castañeda Rodríguez, el procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente Aguinaco Alemán; el gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, de los diputados federales, Miguel Angel Garza Vázquez y Humberto Serrano Pérez y de la diputada de la Asamblea Legislativa, Raquel Sevilla.
El punto de acuerdo aprobado ayer con los votos de los panistas Abelardo Perales, Soledad Baltazar Segura, Javier López Vargara; del PRD Victorio Montalvo y Alberto Martínez; del Verde, Jorge Emilio González Martínez; del PT, Ricardo Cantú, y el independiente Alvaro Arceo Corcuera, frente al de los priístas Francisco Loyo Ramos, Miguel Quiróz Pérez, Tulio Hernández, José Luis Lamadrid Sauza, Martha Sofía Tamayo y Jaime Miguel Moreno Garavilla, permite reducir en 30 días el trámite de Espinosa.
Sin embargo, una vez cumplido ese término habrá concluido el último periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura, por lo que aún cuando la sección instructora determine que ha lugar a retirar la inmunidad al funcionario, la determinación no podrá ser validada por el pleno de la Cámara, dejando sin efecto la resolución. Se requiere que la Comisión permanente, que sesiona durante los recesos y en la que el PRI tiene mayoría, convoque a un periodo extraordinario para definir este asunto, lo que resulta poco probable, de acuerdo con las oposiciones.
Desde que se recibió en la Cámara de Diputados la solicitud de la PGJDF para que se emita una declaratoria de procedencia con remoción de fuero constitucional y separación del cargo contra el secretario de Turismo, se desató una discusión sobre el procedimiento legislativo que debía seguirse.
Ayer, los 14 integrantes de la subcomisión debatieron por casi cuatro horas sobre su interpretación a diversos artículos de la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para votar al final el punto de acuerdo referido.
Los representantes del PRI intentaron retrasar el proceso
Durante el debate, las oposiciones acusaron a los representantes del PRI de intentar retrasar el proceso legislativo contra Espinosa "con el interés de generar impunidad". Los priístas advirtieron que de aprobarse el punto de acuerdo en sus términos sería "además de irresponsable, inconveniente".
Incluso Lamadrid Sauza rehusó recibir el texto con el punto de acuerdo cuando arribó a la reunión y resumió en una frase la posición del PRI respecto del debate: "Yo no recibo papeles y menos cuando esos papeles están llenos de pendejadas".
Los argumentos de los legisladores de oposición y del Revolucionario Institucional se centraron en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y el artículo 111 de la Constitución, y a pesar de tratarse del mismo texto, las interpretaciones fueron diametralmente opuestas.
Según el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando se presente una denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, deben ser cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente contra algunos de los servidores públicos a que se refiere el párrafo uno del artículo 111 de la Constitución.
El artículo 111 de la Constitución, establece que para proceder contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno, el Procurador General de la República y el del Distrito Federal, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, por comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder en contra del inculpado.