MIERCOLES 12 DE ABRIL DE 2000

Ť En ellos, el funcionario autoriza usos fuera de la norma de la partida 3605

Hay diez oficios que prueban ilícitos de Espinosa: Alazraky

Ť Desde 1996 había evidencias de los malos manejos, explica el contralor del Gobierno del DF

Ricardo Olayo Ť La acusación contra el ex regente Oscar Espinosa Villarreal dispone de, por lo menos, 10 oficios firmados por él mismo, correspondientes a los ejercicios presupuestales de 1995 y 1996, en los que autoriza al entonces oficial mayor, Manuel Merino, el uso fuera de norma de la partida 3605, informó el contralor general del Distrito Federal, León Alazraky.

La primera evidencia de los malos manejos de esa partida asignada a la Dirección de Comunicación Social fue detectada en la cuenta pública de 1996 por Araceli Pitman, quien hasta hace un mes se desempeñó como responsable de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Esos elementos echan por tierra los supuestos motivos político-electorales en las investigaciones contra Espinosa Villarreal, porque el resto de las pesquisas son consecuencia de la falta de comprobantes de 420 millones de pesos en el trienio pasado, indicó en entrevista León Alazraky.

Paradójicamente, algunos de los oficios signados por el ex titular del Departamento del Distrito Federal fueron entregados por sus subalternos de la Secretaría de Finanzas en diferentes momentos, al ser citados como parte de las pesquisas de 1998 contra Manuel Merino y en otras audiencias recientes.

Dijo que al paso de los meses se han agregado nuevos elementos para proseguir las indagatorias. Algunos de los oficios los entregó a la PGJDF y de ahí se generó una averiguación previa en contra del secretario de Turismo.

De esa forma, se han acumulado oficios adicionales al original del 5 de enero de 1995, cuando el regente facultó a Merino para que efectuara los gastos. En este momento se dispone de 10 oficios firmados por Espinosa Villarreal entre 1995 y 1996, que permitieron en concreto una asignación irregular de dinero por 65 millones de pesos, acción en la que tuvo participación la Secretaría de Finanzas, entonces encabezada por Javier Beristáin.

Posteriormente, al analizar los ejercicios presupuestales de la última regencia, se encontró que en 1995 la partida 3605 tenía un monto asignado de 70 millones de pesos y se dio una ampliación de 17 millones; en tanto que en 1996 se asignaron 100 millones de pesos, más 17 millones que posteriormente se solicitaron, que se destinaron a "otros actos de comunicación social", de los que no se tiene comprobación válida.

En esos años se mantienen las irregularidades, y por ello Pitman emitió una recomendación a la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor, para reparar la falta, aunque esto fue posterior a la conclusión de la anterior regencia.

La recomendación indica ''que la Secretaría de Finanzas, por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto, implante los mecanismos de control y supervisión necesarios para verificar que todas las erogaciones cuenten con la documentación respectiva, en cumplimiento al Código Financiero del Distrito Federal".

La conclusión de aquellas auditorías fue la siguiente: ''La Dirección General de Comunicación Social no atendió el artículo 463 del Código Financiero del DF, porque omitió proporcionar la documentación sobre los procedimientos aplicables a la contratación de servicios de propaganda y los instrumentos legales mediante los cuales formalizó las operaciones correspondientes".

La diligencia sí es responsabilidad de la Procuraduría capitalina, dice

Al ex secretario de Finanzas Javier Beristáin también se le inició un procedimiento administrativo en la Contraloría General del DF por aquellos hechos, y al igual que Espinosa se ha negado a acudir a las audiencias citadas para explicar su proceder.

Ambos ex servidores públicos del DDF han solicitado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo juicios de nulidad en el procedimiento administrativo, alegando que el gobierno local no tiene competencia.

La vía penal, precisó Alazraky, es responsabilidad de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y a ella corresponde rebatir con argumentos técnicos y jurídicos las declaraciones del abogado de Espinosa Villarreal y Merino, sobre la improcedencia para denunciar penalmente al ex regente.

Sin embargo, dijo que en el caso de Merino no se trató de argumentar la falta de competencia en el ámbito penal, de tal forma que advirtió la existencia de dos lógicas de defensa de estos servidores públicos. Lo que es un hecho, dijo, es que hay documentos y no se prevé que pueda argumentarse falta de solidez de la investigación, agregó.

El contralor fue entrevistado ayer en sus oficinas y posteriormente ofreció una conferencia con la prensa en la que reiteró que al llegar en octubre pasado a la Contraloría, desempolvó diferentes asuntos y descubrió que había elementos para continuar las indagatorias iniciadas por Gastón Luken "contra quien resulte responsable".