FARP: ENIGMA Y REPERCUSIONES

La rápida aparición de media docena de personas armadas y encapuchadas que se presentaron como integrantes de unas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) la noche del sábado, en vísperas del aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, y en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, delegación Xochimilco, agrega un nuevo y obligado interrogante en el panorama político nacional: si la incursión y el comunicado leído a medias son responsabilidad de una nueva organización político-militar surgida de descontentos sociales y políticos profundos o si se trata de una provocación orientada a sembrar confusión, temor y tensiones adicionales en el de por sí preocupante escenario de fin de sexenio.

Ciertamente, en el contexto de la descomposición política imperante y del severo daño que la receta económica vigente ha causado al tejido social, el surgimiento de exasperaciones armadas es, más allá de intenciones justificatorias, inevitable. En esa medida, la responsabilidad política de fondo por la gestación y aparición de organizaciones guerrilleras en México corresponde, en última instancia, a los gobiernos que, a partir del de Miguel de la Madrid, han dislocado en forma sistemática las premisas básicas de funcionamiento del país e incluso parte de su institucionalidad, en beneficio de un reducido grupo político-empresarial. Pero habría mucha diferencia entre la responsabilidad indirecta mencionada y un eventual designio provocador surgido directamente de algún sótano del poder público o de un ámbito de interés de preservación de privilegios e influencias inconfesables.

Ambas explicaciones son posibles, e independientemente de cuál de ellas sea la correcta, las repercusiones de la primera acción propagandística de las denominadas FARP no son positivas para la delicada y confusa circunstancia en la que confluyen, entre otros factores, las campañas electorales -con todos los desfiguros que corren por cuenta de los candidatos-, el empantanado conflicto universitario, la no menos empantanada situación chiapaneca, la creciente incoherencia del manejo económico oficial y los indeseables pero inocultables vasos comunicantes entre procesos judiciales y campañas de descrédito contra el gobierno capitalino.

Ayer la Policía Federal Preventiva (PFP) emitió un boletín para referirse, con redacción y ortografía deplorables, a lo ocurrido el sábado en San Francisco Tlalnepantla. El documento establece, con una precipitación sorprendente, que las personas armadas que incursionaron en ese pueblo pertenecen a un desprendimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esta aseveración obliga a preguntarse si en el curso de tres días la PFP ha logrado emprender y concluir, a partir de la nada, una investigación concluyente en ese sentido o si está tan al corriente de lo que ocurre al interior del EPR como para mencionar la fecha y los motivos de la presunta escisión que habría dado origen a las FARP.

Finalmente, cabe demandar que la aparición de este grupo armado, independientemente de lo que haya detrás de él, no sea usada como pretexto para operativos de intimidación y represión contra sectores de la población ajenos al asunto, como ha venido ocurriendo en relación con el EPR y el ERPI en diversas zonas de la República.