MIERCOLES 12 DE ABRIL DE 2000

Ť Veracruz


Turnan a la PGR los casos de 3 municipios por presuntos desvíos

Guadalupe López Espinoza y J. Manuel Carrillo, corresponsales Ť La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Veracruz turnó a las procuradurías General de la República y del Estado, los casos de los ayuntamientos de Jalapa, Tuxpan y Actopan, por presuntas desviaciones de recursos del ramo 33, luego de que los alcaldes no dieron respuesta a las observaciones que se les hizo tras la realización de auditorías.

La Comisión de Vigilancia del Congreso, que preside el diputado Carlos Brito Gómez, acordó hacer del conocimiento de esas dos dependencias "todas las irregularidades que se detectaron en la revisión técnico financiera, resultado del informe de auditorías al ejercicio 1998 sobre la aplicación de los recursos del ramo 33 de los ayuntamientos ya citados".

El informe sobre la situación de esos ayuntamientos por el cual se determinó turnarlos a la PGR y a la PGJE, fue presentado a la comisión por el contador mayor René Mariani Ochoa. Se responsabiliza a los alcaldes Rafael Hernández Villalpando, de Jalapa (PRD-CD), Juan Callejas, de Actopan (PRI), y Alfredo Huerta León, de Tuxpan (PRD), por el presunto desvío de 13 millones de pesos, 9 millones 600 mil y 16 millones 800 mil pesos, respectivamente.

Por otra parte, en Guanajuato, el diputado local panista Joel Vilches Mares aseguró que "el procurador de Justicia de la entidad, Felipe Arturo Camarena García, protege a priístas que se enriquecieron con recursos públicos", y recordó que desde hace tres años están congeladas nueve denuncias contra otros tantos ex funcionarios de diversos municipios.

Vilches Mares acusó al procurador de ceder ante las presiones del PRI para archivar las denuncias presentadas por habitantes de Tierra Blanca, Atarjea, Santa Catarina, San Diego de la Unión, Victoria, San José Iturbide, Yuriria, Valle de Santiago y Xichú. En este municipio, por ejemplo, el ex tesorero José de Jesús Martínez Prado recibió 220 mil pesos por concepto de cuotas para electrificar poblados rurales, pero el dinero no ingresó a las arcas y las obras para introducir la energía eléctrica se realizaron con recursos federales.