MIERCOLES 12 DE ABRIL DE 2000
Ť La definición de la etiqueta dolphin safe es improcedente, dice juez de EU
Se reactiva la batalla contra el embargo atunero
Ť La Semarnap alista argumentación científica contra el "injusto y desinformado" dictamen judicial
Matilde Pérez U. Ť Una vez más el gobierno de México inicia su batalla contra el embargo del atún en Estados Unidos. El juez de la corte del distrito de San Francisco, Thelton Henderson, determinó ayer que por falta de información científica "no es posible concluir que las poblaciones de delfines no están siendo afectadas por el estrés y por ello el cambio en la definición de la etiqueta dolphin safe es improcedente".
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), calificó de injusto y plenamente desinformado el dictamen. Confía en que Washington aplicará los recursos legales a su alcance, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de ese país, para revertir decisiones que además de infundadas puedan vulnerar de manera significativa la protección a los ecosistemas y al ambiente en general.
Hoy, la titular de la Semarnap, Julia Carabias Lillo, viajará a Estados Unidos para exponer los argumentos de México en defensa del levantamiento del embargo atunero que desde hace una década enfrenta el sector pesquero mexicano. Llevará la información científica, reconocida por el subsecretario para Asuntos Globales del Departamento de Estado de EU, Erank E. Loy, del cambio en las prácticas de pesca del atún en el océano Pacífico oriental, donde los delfines muertos apenas suman dos mil frente a los 100 mil que se tenían hace 10 años.
Agregará la decisión del secretario de Comercio de Estados Unidos, en abril del año pasado, de establecer que la etiqueta dolphin safe es equivalente a que no hay impactos sobre las poblaciones de delfines en la captura de atún y que ello fue reconocido por prestigiadas organizaciones ecologistas, como Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Center for Marine Conservation, Greenpeace, Fudena, Environmental Defense Fund y Wildlife Federation.
El dictamen de Henderson respondió a la demanda que presentó un grupo de organizaciones no gubernamentales encabezadas por el Instituto Isla de la Tierra (IIT) para evitar el acceso del atún mexicano al mercado estadunidense con el cambio en la definición dolphin safe aprobado por Washington. Ese bloqueo comercial envuelto en una presunta defensa ambiental, le ha significado a México pérdidas millonarias, sólo en 1992 sumó más de 44 millones de dólares y la pérdida de 30 mil toneladas del túnido.
Los ecologistas encabezados por el IIT podrían pretender llevar la controversia jurídica hasta finales del 2002, ya que la conclusión del año pasado del secretario de Comercio de EU era provisional, pues se había establecido que el Servicio Nacional de Pesca Marina del Departamento de Comercio investigaría por tres años más la mortandad de delfines en la pesca de atún.
Desde 1995, las autoridades pesqueras estadunidenses habían planteado la necesidad de levantar el embargo atunero, reconociendo los resultados alcanzados con base en el Acuerdo de La Jolla. En 1996, en la Cámara de Representantes y en el Senado se presentaron las iniciativas para levantar el embargo y redefinir el concepto dolphin safe. Un año después se aprobaron las iniciativas y el presidente de EU firmó el acuerdo para su publicación. En 1998, México suscribió -junto con siete países más- el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines que incluyen los compromisos del Acuerdo de La Jolla y la Declaración de Panamá e inició las gestiones para incorporarse como miembro en pleno derecho a la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
"Se está a punto de alcanzar una solución integral al embargo del atún con la modificación al concepto dolphin safe", dijo el año pasado Julia Carabias, quien ayer -en un comunicado de prensa- lamentó "profundamente la decisión" del juez Henderson. Recordó que durante los últimos meses, México trabajó de manera activa con Washington, las organizaciones no gubernamentales y varios países latinoamericanos que buscan consolidar una pesquería sustentable que también protege a las poblaciones de delfines y ecosistemas marinos en general.