Juan Moreno Pérez
El petróleo y el Fobaproa

La reciente decisión de aumentar la exportación de petróleo, en coordinación con los países de la OPEP, ha estado sujeta a todo tipo de cuestionamientos. Ahora que nuestro país está actuando como si fuera miembro de esa organización, se pugna por una política diferente a la decidida por los principales productores petroleros. Lo sorprendente de esas críticas no es sólo que provengan de personas que habían propuesto la integración de México a la OPEP, sino la fragilidad de los argumentos.

Estas críticas, carentes de sustento, eluden la discusión de cosas verdaderamente importantes en la materia. Por ejemplo, la disimulada vinculación entre los ingresos petroleros y el Fobaproa, y la carencia de una auténtica política petrolera. Las acciones tomadas por el gobierno han estado orientadas a exprimir fiscalmente a Pemex para compensar la caída en la recaudación tributaria y obtener recursos adicionales para enfrentar los crecientes costos del rescate bancario.

En la primera mitad del sexenio se incrementó la producción de crudo para aumentar las exportaciones. Además, el gobierno subestimó de manera sistemática el supuesto de precio del petróleo que se incluyó en las leyes de ingresos de cada año, para maximizar la recaudación fiscal y tener la posibilidad de asignar los ingresos excedentes, de manera discrecional, priorizando el rescate bancario.

El régimen fiscal aplicable a Pemex implica que la tributación de esa paraestatal debe alcanzar un 60.8 por ciento de sus ingresos, quedando el restante 39.2 por ciento como ingreso propio. Pero entre 1995 y 1999 esa distribución sólo funcionaba si el precio del petróleo supuesto en la Ley de Ingresos coincidía con el observado a lo largo del ejercicio. Si el precio era subestimado, los ingresos generados por encima de ese supuesto se canalizaban íntegramente al gobierno federal mediante el aprovechamiento considerado en esa ley.

Así, entre 1995 y 1997 se aumentó la exportación de petróleo y se subestimó el precio incluido en la Ley de Ingresos. Con los ingresos de las mayores exportaciones se creó una partida presupuestal destinada al rescate bancario. Mediante el aprovechamiento, el fisco pudo captar el total de los ingresos excedentes y asignarlos a esa partida, por encima de lo presupuestado.

El mecanismo para financiar de manera subrepticia el creciente costo del Fobaproa, exprimiendo fiscalmente a Pemex, se sostuvo mientras los petroprecios se mantuvieron elevados. Cuando el precio del petróleo se derrumbó, a principios de 1998, el escondido mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el rescate bancario dejó de operar. Esa fue una de las razones que condujeron al presidente Zedillo a explicitar el problema del Fobaproa en marzo de 1998.

La fuerte caída en los precios del petróleo tuvo como efecto adicional el obligar al gobierno federal a modificar su política respecto de la OPEP, empezando a operar en coordinación con dicha organización. Esa política tuvo éxito y los precios del petróleo aumentaron de manera sorprendente a lo largo de 1999.

Sin embargo, esos crecientes ingresos no significaron mayores recursos para Pemex, ya que el perverso régimen fiscal aplicable a esa empresa no se modificó, permitiendo al gobierno federal seguir exprimiendo al máximo a Pemex, llegándose al absurdo de que esa empresa registrara pérdidas en 1999 (Memoria de Labores, pág. 121).

Como resultado de esa política fiscal depredadora sobre Pemex, la inversión de esa empresa se fue rezagando. Así, para compensar la exacción de recursos, a partir de 1997 se introdujo un nuevo mecanismo denominado Pidiregas (Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto), mediante el cual Pemex ha podido ofrecer proyectos de inversión a privados, quienes consiguen el financiamiento para los mismos.

Una de las ventajas de los Pidiregas es que la inversión se puede efectuar sin recurrir a los recursos extraídos para el rescate bancario. Pero la mayor "ventaja" para el gobierno federal es que esas operaciones y los compromisos financieros asumidos con ellas no se tienen que registrar dentro de la contabilidad normal de las finanzas públicas, disimulando su impacto sobre las mismas y manteniendo la imagen de finanzas "sanas".

La inversión mediante los Pidiregas ha resultado más costosa que si se hubiera efectuado con recursos propios, debido a los riesgos asumidos por los inversionistas y a la posible corrupción involucrada. Este esquema de inversión también se ha aplicado a la CFE. A la fecha, el gobierno federal ha acumulado una deuda escondida, por ese concepto, que ya casi alcanza 8 por ciento del PIB.

El perfil de amortizaciones de esta deuda escondida es muy elevado para los próximos ocho años, significa un fuerte restricción presupuestal para el siguiente gobierno y un elemento de presión para que Pemex y CFE, o parte de esas empresas, sean privatizadas. La discusión de estos problemas es más importante que cuestionar la vinculación con la OPEP, quizá la única acción correcta en materia petrolera, efectuada por el presente gobierno.