Néstor de Buen
Una impugnación imprudente

Creo conocer lo suficiente a Santiago Creel, por lo que estoy seguro de que la impugnación a la candidatura de Andrés Manuel tiene que haber sido una decisión de los jefes del PAN y no de él. Y también me extrañaría mucho que Jesús Silva Herzog haya inspirado la denuncia ante el Instituto Electoral capitalino. En ambos casos la decisión debe haber venido de arriba, de las jefaturas de sus respectivos partidos. Tenían, por supuesto, un pretexto admirable: lo hicieron antes sus propios colegas del PRD.

Entre los tres candidatos hay una relación personal cordial. Se manifiesta en el evidente respeto que se tienen y demuestran, más allá de lo que al calor de las campañas, pero en un nivel mucho más civilizado que en la presidencial, se tienen que decir.

Pero el problema no estaría en la resolución excluyente de la candidatura de Andrés Manuel sino en las consecuencias que para sus rivales de ahora podría tener una elección en la que quedara a un lado, por encima de la voluntad mayoritaria del Distrito Federal que hasta ahora se ha manifestado en su favor.

No están las cosas de la política y de la economía como para echarle más gasolina al fuego. En el mejor de los casos la ausencia de Andrés Manuel se tendría que manifestar en un abstencionismo notable. A quienes hoy lo apoyan evidentemente por su carisma, su valor, su grata simpatía, les tendría sin cuidado que fueran elegidos Jesús o Santiago. Reconozco que también podría sufrir un perjuicio serio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que tiene muchas posibilidades, independientemente de sus propias virtudes políticas, de ser impulsado por las boletas que se manifiesten a favor de López Obrador. Claro está que con una buena disciplina podría darse el caso del voto en blanco para el candidato a jefe de Gobierno y el voto positivo para el candidato presidencial. Y en el peor de los casos viviríamos una etapa de enorme inquietud, incertidumbre y falta de respeto por una autoridad impuesta.

Jugar ahora al recurso legal, aportando dudas respecto de la residencia real de Andrés Manuel en el Distrito Federal, no me parece que sea la mejor de las estrategias. Pero, además, me da la impresión de que se olvida el concepto mismo de domicilio que el Código Civil del Distrito Federal expresa con toda claridad y alternativas. No hay que ir demasiado lejos: el artículo 32 dispone que "Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en que se encontrare".

No juzgo sobre las residencias que se ponen en duda. Por ahí se invoca un domicilio en Villahermosa señalado en un pasaporte. Pero con ello se quiere pasar por alto que todos tenemos derecho a fijar domicilios convencionales. Si Andrés Manuel hubiere tenido problemas legales en estos tiempos, con toda seguridad sus abogados habrían señalado domicilios en los lugares en que se tramitaran los asuntos. Y eso no modifica el requisito previsto en la base segunda, fracción I, segundo párrafo, del artículo 122 constitucional.

De buscarse una interpretación restrictiva de dicha disposición que menciona, precisamente, la residencia efectiva, ningún candidato podría salir del DF ni para tomar el sol en Cuernavaca, comprar unos choricillos en Toluca, chambear en Tlalnepantla o darse una vuelta de visita a Ciudad Satélite. Por el contrario, hay que tomar en cuenta lo que dice el artículo 29 del Código Civil del Distrito Federal, que define como domicilio "el lugar donde residen (las personas físicas) habitualmente". Si no me equivoco Andrés Manuel tiene un departamento en el DF desde hace muchos años. Y habitual no quiere decir "siempre".

No sería lógico que alguna de las instancias que deberán resolver el problema se fuera por el camino de la efectividad y con una interpretación restringida del marco constitucional y legal, declarara la cancelación de la candidatura de Andrés Manuel. En mi concepto cumple los requisitos constitucionales y legales.

Independientemente de ello, para los partidos que lo han impugnado las consecuencias podrían ser mayores. Al menos, insisto, el vencedor se ganaría el desprecio olímpico de la mayoría.

Ese no sería, por cierto, el menor de los problemas para quien sólo merecería el título de subjefe del Gobierno del Distrito Federal.