Antonio Gershenson
Elecciones y delincuencia
La molestia de autoridades federales por el inicio de un procedimiento penal contra un miembro del gabinete, el ex regente Oscar Espinosa Villarreal, ha tenido expresiones que enrarecen el clima previo a las elecciones. Pero no sólo eso, existe el peligro de que resulte beneficiada la delincuencia y, en particular, la delincuencia organizada.
No se da importancia a las pruebas del peculado de que se acusa a este funcionario. No se considera relevante que éste haya firmado 10 oficios ordenando el desvío de fondos de la partida de comunicación social, por 420 millones de pesos. No se toma en cuenta que el ejecutor de estas órdenes, el ex oficial mayor Merino, fue procesado, devolvió la parte del botín que no había sido usado para embutes, sobornos o lo que se quiera, y luego se fugó de la justicia aprovechando un amparo que le daba libertad provisional bajo fianza.
Lo que importa para esas autoridades es que, según su óptica, se atentó contra un miembro del gabinete federal. Implícitamente, se considera que hay personas que deben disfrutar de impunidad, hagan lo que hagan. Y la respuesta ha sido una gran ofensiva en varios planos contra el Gobierno capitalino, contra la Procuraduría del Distrito Federal en particular, y contra el candidato a jefe de Gobierno por una alianza en la que está el partido ahora en el poder en esta entidad.
Este último elemento se ve acentuado por el hecho de que, en varias encuestas de diferentes procedencias, López Obrador, abanderado a la jefatura por esta coalición, va adelante en las preferencias de voto y su popularidad sigue creciendo. En este último plano, la medida más reciente es la intención de anular su candidatura. La gran prueba, no mencionada anteriormente y ahora sacada de la manga, para solicitar esta medida es un papel, emitido por una autoridad municipal tabasqueña, que supuestamente acredita la residencia de este candidato en Tabasco, en una fecha en la que López Obrador ya era presidente del PRD y públicamente residía en la ciudad de México.
Una verdadera constancia de residencia se otorga a petición del interesado, la cual en este caso no existe. Además, se requiere para quien vive en un lugar distinto de su lugar de nacimiento, y el candidato mencionado nació precisamente en Tabasco, por lo cual resultaría inútil la tal constancia. Pero a lo que se apuesta es a inducir un fallo en su contra del Tribunal Electoral, sobre la base de la presión política, que puede ser muy fuerte en un país en el que el presidencialismo es todavía muy intenso.
Además del efecto de todas estas medidas en el deterioro y la credibilidad del proceso electoral, puede resultar beneficiada la delincuencia organizada. En el ánimo de desacreditar a la Procuraduría del DF, se está presionando para liberar a posibles miembros, e incluso jefes, de la delincuencia organizada, sin esperar a que el juicio determine su verdadera responsabilidad o inocencia. Así como la acción conjunta de autoridades federales y locales, por encima de diferencias partidarias, ha permitido golpes importantes a la delincuencia organizada, el intento al que nos referimos puede tener el efecto contrario.