DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2000
Ť Siguen sin cumplirse, los acuerdos de San Andrés
Aplica el gobierno de México duplicidad de políticas en Chiapas
Ť Critican ONG el incremento de militares en la región
Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 15 de abril Ť La política indigenista mexicana, sobre todo la que intentan presentar en Chiapas, fue desmentida por organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, que denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU "la duplicidad de políticas del gobierno en el proceso de paz con el EZLN".
Dichas agrupaciones aseguran que mientras por un lado se ofrece ante la comunidad internacional la visión de una política correcta, en realidad se incrementa la presencia militar en las comunidades indígenas, los paramilitares diseminan el terror con impunidad y el gobierno rechaza la implementación de los acuerdos de San Andrés.
La Comisión de Derechos Humanos comenzó a debatir los temas indígenas sin que hubiera ninguna sorpresa, pues existe la uniformidad de criterios en los Estados miembros y observadores, para darle a las sociedades un carácter pluriétnico y pluricultural.
Asimismo, apoyan la decisión de que la ONU tenga un foro representante de los pueblos indígenas del mundo; mientras que los ONG siguen demandando los derechos indígenas, al denunciar situaciones de marginación, discriminación, racismo y esperando que un día, finalmente, los Estados acepten la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
La comisión tendrá frente a sí, el próximo día 25, las votaciones sobre las resoluciones de migrantes, indígenas y minorías, las cuales habrán de ser aceptadas por los Estados. Por ejemplo, nada hasta ahora hace presumir que será objeto de polémica o de presión política la resolución propuesta por Dinamarca y México, sobre la necesidad de establecer programas para la integración de los indígenas, la creación de un foro permanente en la ONU, encargado de velar por sus derechos y vigilar sus actividades, y la exhortación a que concluyan pronto los trabajos de elaboración de la eventual declaración de derechos indígenas.
Aunada a la voz de otras delegaciones que exaltaron el espíritu indígena de las naciones, Agustín Avila Méndez, director de la Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista, expuso ante la comisión la serie de pasos nacionales e internacionales que buscan abatir los índices de marginación prevalecientes en las comunidades indígenas, las cuales representan más de 10 por ciento de la población total del país.
En el terreno nacional, Avila dijo que "en cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reformas constitucionales en las que se reconoce la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas con apego a la Constitución, la educación bilingüe, la operación y administración de medios de comunicación por los pueblos indígenas, la impartición de la justicia con base en sistemas normativos tradicionales y la participación en órganos de gobierno conforme a sus usos y costumbres".
Según Avila, el gobierno tiene tres ámbitos prioritarios en aspectos indígenas: promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, combate a la pobreza y la impartición de justicia y lucha contra la impunidad.
Refiriéndose al conflicto en Chiapas, dijo que los grandes esfuerzos gubernamentales para abatir la pobreza se enfrentan con la lamentable situación de que el conflicto del EZLN polarizó y dividió a algunas comunidades. Hoy día, aún quedan 7 mil 200 desplazados por la violencia.
La iniciativa gubernamental citada por Avila Méndez sigue sin ser aprobada en el Congreso y los organismos no gubernamentales insistieron en que el gobierno de México "de ninguna manera ha cumplido con los acuerdos de San Andrés", según denuncia interpuesta por International Education Development y Humanitarian Law Project.