Enrique Calderón Alzati
La batalla por el Distrito Federal

Ante la derrota inminente de su candidato Jesús Silva Flores, más conocido como Jesús Silva Herzog, el gobierno de la República, o de manera más precisa el Presidente, el secretario de Gobernación y las fuerzas directas a su mando, están enfrascados ya en una guerra sin cuartel contra Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno del Distrito Federal y todo lo que ellos representan.

Las batallas de esta guerra se están dando en dos frentes: uno, a través de los medios de comunicación, capitaneados por Televisión Azteca, y otro, de carácter legalista, relacionado con la residencia permanente de López Obrador.

El tercer frente de batalla, el electoral, lo saben perdido, en virtud de cuatro factores: la inexistencia del Progresa en el Distrito Federal, programa que a estas alturas es ya el único recurso confiable de que disponen para captar votos a su favor; el alto nivel de politización de la población capitalina y la mediocridad de su candidato, cuya campaña electoral se ha reducido a reuniones elitistas con sus amigos, a la participación en partidos de tenis y golf y a ocasionales baños de pueblo, que muestran con claridad lo que sería su estilo personal de gobernar; y en cuarto lugar, el desprestigio logrado por el PRI, que en la ciudad de México como en ninguna otra parte de la República es asociado con corrupción, impunidad, violencia y crimen por ocho de cada diez de sus habitantes.

De esta manera, nuestros ilustres gobernantes han decidido llevar la guerra a otros terrenos, desde luego más peligrosos, pero en los que se sienten más seguros por los recursos que controlan, a la buena o a la mala, sin medir los riesgos de que las cosas se les reviertan en forma impredecible.

En el frente legal, la falta de autoridad moral del coro de pericos que hoy se rasgan las vestiduras argumentando que López Obrador pretende burlar la ley resulta grotesca. ƑQué no son los mismos que han promovido la impunidad de Figueroa ante el crimen de Aguas Blancas, o de Madrazo ante sus abusos electorales para comprar votos? ƑQué no son los que han hecho todo para impedir que se conozca y castigue a los responsables del desfalco astronómico de Fobaproa? ƑQué no son los mismos que defienden hasta el límite a Espinosa Villarreal, ligado siempre a los mayores escándalos de corrupción, para impedir su presentación a la justicia? ƑQué es lo que hoy argumentan? ƑQue López Obrador no tiene una residencia ininterrumpida de cinco años en el Distrito Federal? El problema radica en que el concepto de residencia ininterrumpida es de naturaleza subjetiva.

Tengo una casa de campo cerca de Cuernavaca y trato de ir a ella todos los fines de semana que puedo, aun así, Ƒpuedo considerar que mi residencia en la ciudad de México es ininterrumpida? ƑCambiarían las cosas si alguien demostrara que en algunos casos me voy desde el viernes? Mi empresa tiene sucursales en otras ciudades, por lo que con frecuencia debo viajar a visitarlas. Además, algunas veces doy cursos o conferencias en los estados, Ƒaun así puedo considerarme como residente permanente del Distrito Federal? ƑDónde está el límite?, Ƒcon qué documento se acredita la residencia ininterrumpida en la ciudad? ƑConsiderarían al Presidente mismo como un residente permanente de la capital? La subjetividad es total, en el mundo moderno y globalizado, y este es el argumento al que hoy quieren aferrarse a falta de otros mejores.

Mi impresión es que si pretenden ir más lejos no lograrán otra cosa que convertir a López Obrador en la figura política más importante del país.

En la guerra de medios que han decidido entablar contra el Gobierno del Distrito Federal, y muy especialmente contra Rosario Robles y el procurador Samuel del Villar, con la idea de utilizar el caso Stanley como cortina de humo para proteger a Espinosa Villarreal, están corriendo el riesgo de quedar vinculados, junto con Televisión Azteca, con las redes del narcotráfico; aunque claro, cabe la posibilidad de que a estas alturas eso no les preocupe mayormente.

El hecho de que los noticieros de televisión presentaran un video donde el testigo que hizo posible la identificación de los presuntos implicados en el crimen en el caso Stanley se retractara, mientras se impide al Ministerio Público interrogar nuevamente a ese testigo en una cárcel tutelada por la Secretaría de Gobernación, presenta a las autoridades y las televisoras ante la opinión pública como partes interesadas en proteger no sólo a presuntos asesinos, sino a delincuentes presos por tráfico de drogas.

ƑEstamos acaso presenciando ya un caso palpable de lo que se ha dado en llamar narcopolítica?