VIERNES 21 DE ABRIL DE 2000

Braceros del 42-64

* Gustavo Leal F.* *

Fue en enero pasado, cuando Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, solicitó al Senado la apertura de la inmigración en Estados Unidos: "creo que una revisión de nuestras leyes migratorias, en el contexto del tipo de economía que disfrutaremos en la década por delante, está claramente sobre la mesa".

En febrero, representantes de más de 15 mil trabajadores agrícolas que habían sido parte del Programa Bracero 1942-1964, realizaron un encuentro binacional en Irapuato, uno de los principales centros de contratación del Bajío. Ahí informaron que Banrural y el gobierno federal ya no reconocen un adeudo millonario del fondo de ahorro del programa, cuya existencia habían aceptado en 1999. Banrural --entonces Banco Nacional de Crédito Agrícola-- habría desviado los recursos a la construcción de infraestructura y no los reintegró a los trabajadores, dijeron. Anunciaron, además, varias acciones: una marcha desde Zamora al Distrito Federal; boicot comercial hacia México por parte de comunidades mexicanas en Estados Unidos y una campaña en medios contra el turismo a México.

Ventura Gutiérrez, coordinador del grupo de ex braceros y herederos y presidente de la Red Nacional de Trabajadores Agrícolas por la Justicia Económica y el Medio Ambiente en Estados Unidos, indicó que a 4 millones y medio de trabajadores de los campos agrícolas (20 por ciento con residencia en Estados Unidos) les descontaron 10 por ciento del salario para conformar ese fondo, vía el Banco Wellfargo de San Francisco, que a su vez trasladaría los recursos a Banrural. Afirma que el gobierno de Estados Unidos sostiene que las cuotas fueron remitidas a bancos mexicanos.

Los trabajadores eran empleados de tres a seis meses por temporada, con salarios de entre 90 y 100 dólares, prestando servicios durante tres temporadas. Sus cálculos estiman que el adeudo podría alcanzar más de mil millones de dólares, cifra que incluiría intereses generados durante 50 años. Ignoran a dónde fueron a parar esos recursos y exigen al gobierno mexicano la devolución de su dinero.

En agosto de 1999, algunos de estos trabajadores ya habían acudido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para reclamar el adeudo. Ventura Gutiérrez y A. Cabañas, presidente nacional de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, se reunieron con el consultor jurídico de la SRE, embajador Miguel Angel González Félix, y con A. Romero, director de Asuntos Jurídicos de Banrural. Señalan que en esa ocasión González Félix precisó que dicho descuento no se realizó a lo largo de todo el Programa Bracero 1942-1964, sino únicamente entre 1942 y 1950.

Dos meses después de la reunión de Irapuato, el 6 de abril de este año, decenas de campesinos de la Alianza Bracero Proa fueron a la Basílica de Guadalupe. De ahí marcharon a la SRE para exigir el pago de más de 750 millones de dólares y que se "haga una investigación a fondo". Judith Valdovinos Plata, representante de la Corriente Migratoria del Distrito Federal, añadió a esa demanda las cuotas que se descontaron a 300 mil ferrocarrileros, y explicó que las autoridades argumentan no poder obtener más información sobre ese fondo de ahorro "porque no lo permite el secreto bancario". Campesinos, en su mayoría de la tercera edad, piden "que nos digan en qué se gastaron el dinero y que se negocie" y denunciaron que Carlos Marentes, de la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos de El Paso, Texas, quitó documentos probatorios a más de 20 mil personas, bajo la promesa de resolverles el problema.

El 10 de abril pasado, frente a la sede de Banrural, las autoridades los hicieron esperar una hora antes de responderles que "si no presentaban una propuesta por escrito, no habría reunión". Por sugerencia de sus asesores legales, los trabajadores se negaron a presentar la documentación del fondo: "la queremos conservar para presentar una denuncia judicial".

El 12 de abril, cuando se alistaban para viajar a Chicago, Valdovinos Plata y Ventura Gutiérrez fueron detenidos con violencia y atendidos, por lesiones, en el hospital Mocel, después de declarar ante la Procuraduría General de la República. Ahora esperan presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al presidente Clinton. *

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco