LUNES 24 DE ABRIL DE 2000

Ť Demanda Robles invalidar apartado de la Ley de Coordinación Fiscal


Controversia contra Zedillo por excluir al DF del reparto de fondos

Ť Incluye al Congreso de la Unión y a secretarías de Estado Ť El recurso, ante la Corte

Ricardo Olayo Ť El Gobierno del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de controversia constitucional contra el Presidente de la República, secretarios de Estado y el Congreso de la Unión por excluir a la ciudad de México del reparto de fondos municipales.

El escrito establece que se violaron siete artículos constitucionales, por lo que solicita la invalidez de la Ley de Coordinación Fiscal precisamente en el apartado que margina a la ciudad de México de la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.

El año pasado, en marzo, el entonces jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas presentó un recurso similar ante la SCJN, radicado con el número 5/99, cuyo ministro instructor es Mariano Azuela.

El asunto se encuentra pendiente de resolución, luego que su discusión se ha desplazado en dos ocasiones del pleno de 11 ministros.

Para el ejercicio presupuestal de este 2000, la titular de la jefatura del gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, también interpuso el escrito, el cual fue preparado por la Secretaría de Finanzas, al considerar indebida la eliminación de los recursos pertenecientes al ramo 33, relacionado con aportaciones federales para entidades federativas y municipios.

Robles indica que los involucrados en la violación de los artículos constitucionales no tomaron en cuenta "que el desarrollo nacional debe ser integral y no excluyente", y con esa política contradicen los principios de instrumentos federales, como el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa para Superar la Pobreza, ambos diseñados para el periodo 1995-2000.

En 1998, en el primer año del gobierno de extracción perredista los fondos sí fueron entregados, pero en los dos años siguientes, 1999 y 2000, el DF es el único de los 32 integrantes de la Federación que no fue considerado en la distribución.

Todo ello, subraya la controversia, integrada en un escrito de 60 hojas, afecta la gestión la ciudad de México, pues los recursos tienen el objetivo de combatir la inseguridad pública y se reparten en función de la población de cada entidad.

Obstáculos al Ejecutivo capitalino

El GDF argumenta: "Es evidente que con el proceder de las autoridades demandadas se obstaculiza al titular del Poder Ejecutivo del Distrito Federal el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le fueron atribuidas, pues no es dable cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal satisfaciendo los requerimientos de la ciudad de México, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes si no se cuenta con los recursos financieros suficientes".

En el caso de la seguridad pública, el texto dice que este problema "requiere ser abatido de inmediato por el Gobierno del Distrito Federal, dados los altos índices de criminalidad que imperan en la ciudad de México, situación que constituye un hecho notorio tanto de la opinión pública como de las partes que intervienen en la presente controversia constitucional".

El recurso fue presentado el mes pasado ante la Suprema Corte, con el apoyo legal de la Procuraduría Fiscal del DF y con el auxilio de la Consejería Jurídica.

Subraya que el objetivo de los fondos a distribuir es contribuir a subsanar los problemas de la pobreza y atiende a un criterio demográfico, por lo que no se puede sostener la supuesta lógica de que el fondo se distribuye en entidades con municipios.

Como ejemplo, el GDF indica que el número de municipios no es la medida para la entrega del dinero, sino el índice de población; así, señala que al estado de México se le asignaron para este año 2 mil 128 millones de pesos y a Oaxaca 587 millones de pesos, "esto es, no existe justificación para la asignación de tales cantidades si no es en virtud de un criterio poblacional, ya que pensar lo contrario nos lleva a la necesidad de justificar por qué si el estado de Oaxaca tiene 570 municipios recibe menos recursos por concepto de este fondo que el estado de México, que cuenta con 122 municipios, y en cambio es la entidad que recibe mayores recursos por concepto del fondo".

La distribución desigual de los recursos federales "descuida el crecimiento y progreso de una de las entidades federativas más importantes, la cual tiene que subsidiar, entre otros, el costo de suministro de agua de las entidades federales, pues a lo largo de los años han sumado adeudos importantes".

Ante los ministros, Robles indica en el texto que con la actuación del presidente de la República, Ernesto Zedillo, al enviar al Congreso de la Unión la iniciativa que margina al DF y sus subalternos, entre otros los titulares de Gobernación y de Hacienda, ninguna de estas instancias toma en cuenta "que el desarrollo nacional debe ser integral y no excluyente".

El Congreso de la Unión, excepto la fracción del PRD, omitió por completo tomar en cuenta el fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza. En este caso, la determinación va en contra de casi 8 millones 500 mil personas, de acuerdo con el censo de 1995.

Asimismo, esta forma de proceder es contraria a los postulados del gobierno federal, expresados en el Programa para Superar la Pobreza 1995-2000, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y además contraviene disposiciones constitucionales.