José Blanco
Un año

Los temas de la reforma de la educación superior forman parte hace tiempo de la conciencia de muchos de sus actores: la calidad, la pertinencia, la equidad, la rendición de cuentas, la redefinición de la autonomía y de la libertad de cátedra e investigación, el impulso a la investigación, la descentralización, la organización académica, el nuevo gobierno universitario, la ampliación de la cobertura. Algunos objetivos asociados a estos temas sustantivos son inalcanzables sin una mejora radical de la calidad de todos los niveles educativos.

Un programa de reformas requiere de la definición de metas específicas en calendarios de corto y de largo plazos, y el diseño de políticas e instrumentos educativos consistentes con los objetivos y metas definidos. Se trata sin duda de un programa de gran complejidad, pero impensable sin resolver el problema de los dilemas políticos del sistema.

La UNAM muestra el tamaño de ese reto. Ha sido un año que, lejos de aclarar, para la sociedad, la índole del problema, todo lo ha vuelto ininteligible. Por ejemplo: el CGH exige "diálogo". Advirtió desde siempre, sin embargo, que "diálogo no es negociación". Lo dice y lo sostiene, mientras mantiene un pliego de peticiones antiacadémicas (pase automático, permanencia indefinida, no a la evaluación externa). Y ahora agrega con su militancia decidida: "no habrá gobernabilidad mientras no cumplan el pliego petitorio", es decir, la UNAM debe rendir sus armas. ƑUsted entiende qué quieren en realidad el CGH y sus apoyadores? ƑUsted entiende por qué incluso entre no simpatizantes del CGH hay quien cree que estamos frente a un conflicto entre "dos partes"? ƑPuede o debe "la parte" de los responsables institucionales complacer al CGH? ƑCree usted que el CGH quiere lo que dicen sus apoyadores que quiere y no lo que dice su pliego petitorio?: la "lucha" contra la "privatización neoliberal", por ejemplo.

Preguntas análogas pueden hacerse a diversos "balances" del conflicto surgidos en días recientes. Por ejemplo, El Universal dijo el pasado 20: "el 20 de abril de 1999 el CGH puso en la mesa de discusión lo que se sabía desde años atrás y el Congreso Universitario de 1990 dejó inconcluso: la gran reforma de la universidad". La afirmación puede pasar como una hipótesis (muy incompleta) sobre el significado de la huelga; pero es falsa como afirmación de hechos políticos. Al estallar la huelga en abril, el CGH puso en la mesa exclusivamente su negativa a aceptar una reforma al reglamento de pagos que decía que pagara una cuota simbólica sólo quien pudiera hacerlo. Eso fue todo.

Después, en mayo, al montarse en la ola, los grupos políticos recién arribados le colgaron a la huelga el programa antiacadémico referido, plasmado en el documento Los seis puntos, adoptado por el CGH. Este documento configuró entonces el espacio político de los activistas de la huelga, al que se colgaron aun los nuevos discursos de los apoyadores, como la privatización neoliberal y otros.

Un balance útil a una reforma pensada en términos de los desafíos que aguardan a la sociedad mexicana como conjunto, no debería confundir el problema social de fondo (la desigualdad socioeconómica extrema de este país, expresada de mil modos, entre otros en la formación escolar de los jóvenes) con el problema de los rezagos institucionales y académicos de la principal universidad pública (muchos de ellos no solucionados por el congreso de 1990), y menos aún con los discursos de la mediación política que se configuró en el conflicto.

Esta mediación expresa de manera extremadamente defectuosa los problemas concretos de fondo, entre otros motivos porque el CGH aglutinó a un conjunto de grupos políticos ampliamente heterogéneos, muchos de ellos motivados por intereses inmediatos propios (legítimos o no). Así, no resulta extraño, por ejemplo, que el pliego petitorio, expresando de manera indirecta los problemas relativos a la desigualdad social en este país, lo haga mediante demandas polarmente contrarias a la reforma que reclaman los rezagos institucionales y académicos aludidos, es decir, mediante un pliego antiacadémico.

Los problemas que se inscriben en la dimensión de la desigualdad social requieren programas y tiempos del todo distintos de los que requiere la reforma de las universidades y de los que demandan los intereses políticos de los participantes en el conflicto.