MARTES 25 DE ABRIL DE 2000
Ť Las indagaciones y pruebas documentales recabadas así lo demuestran, dice
Valencia fue intimidado para que abjurara: fiscal
Angel Bolaños Sánchez Ť Existen evidencias de que Luis Gabriel Valencia López fue intimidado para retractarse de sus acusaciones contra los implicados en el homicidio de Francisco Stanley, aseguró el fiscal para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Roberto Pérez Martínez.
El funcionario explicó que las investigaciones y las pruebas documentales que ha recabado hasta el momento la dependencia sustentan la hipótesis de que la "inusitada y precipitada" retractación de Valencia se debió a posibles intimidaciones.
"Tenemos que investigar ahora quién lo está intimidando y en qué momento se realizó esto", señaló el funcionario, luego de que el subprocurador Mauricio Tornero y el fiscal Fernando Castro rindieron declaración ante el Ministerio Público de la fiscalía en relación con las presuntas amenazas contra el testigo del caso Stanley.
Ambos funcionarios rechazaron haber amenazado a Valencia López, y ofrecieron a la representación social testigos para corroborar que no existió intimidación alguna durante las reuniones que sostuvieron con el interno.
La diligencia inició, como estaba previsto, a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía para Servidores Públicos, ubicada en la esquina de Río de la Loza y Vértiz.
Luego de dos horas salió el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Mauricio Tornero Salinas, quien antes de retirarse a sus oficinas en el edificio anexo, salió a la calle para, "a título personal", hacer declaraciones a la prensa.
El funcionario reiteró que sólo estuvo en una ocasión con Valencia López en el interior de la Penitenciaría del Distrito Federal, en Santa Martha, y a petición del Ministerio Público, luego que el mismo testigo manifestó que había recibido amenazas.
La reunión, agregó, tuvo lugar en la dirección del penal, y en todo momento estuvo acompañado de su titular, Francisco Escalante, y del director general de Prevención y Readaptación Social del gobierno capitalino, Jaime Alvarez Ramos.
Explicó que como jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal en ese entonces tenía entre sus responsabilidades ofrecer garantías a testigos conforme lo establece el acuerdo A/002 publicado en el Diario Oficial en 1990.
"Esa fue la única ocasión en que tuve contacto personal y visité al señor Valencia López, insisto, en todo momento acompañado por estos servidores públicos, donde en ningún momento por mí o por interpósita persona se le intimidó o amenazó", recalcó Tornero.
Alrededor de 30 minutos después salió del inmueble el fiscal de Coordinación y Supervisión de Averiguaciones Previas Zona Poniente, Fernando Castro Hernández, quien precisó que fueron nueve las ocasiones en las que estuvo con Luis Gabriel Valencia López.
La primera, durante la declaración ministerial, en otras cinco diligencias y tres más a petición del mismo testigo.
Al igual que Tornero, el funcionario señaló que en todo momento personal de los centros penitenciarios estuvo presente en esas visitas, y en algunas otras ocasiones se encontraban representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ministerios públicos y agentes judiciales.
Refirió que entregó al MP suficientes pruebas para acreditar su declaración, entre ellas escritos del mismo Valencia quejándose de que lo estaban presionando e incluso de que lo habían golpeado en el penal de Perote, Veracruz.
Señaló que la retractación y las acusaciones en su contra que hizo el testigo de ninguna manera ponen en entredicho sus primeros testimonios, en los que acusa directamente a Luis Ignacio Amezcua y Erasmo Pérez haber fraguado la ejecución de Stanley.
Sus testimonios fueron corroborados con unas 30 pruebas; en cambio, la declaración que hizo Valencia López el pasado primero de abril ante dos televisoras y un notario público en el penal de Puebla es un hecho aislado que, aunque ratificó ante el MP con el mismo escrito, se negó a responder a las preguntas de la representación social para conocer las circunstancias, el lugar, el tiempo y el modo en que ocurrieron las amenazas que dijo haber recibido.
Castro negó que Valencia López recibiera algún tipo de remuneración económica o prestación por parte de la dependencia, pues todo se ha restringido a los términos del citado acuerdo A/002 sobre testigos protegidos, que contempla dotación de ropa o alimentación, pero sobre todo que no sea agredido o intimidado.
Roberto Pérez indicó que los testigos ofrecidos por los dos funcionarios serán citados a declarar, y al corroborar los testimonios de Tornero y Castro "estarían desvirtuando totalmente las declaraciones del señor Valencia".