JUEVES 27 DE ABRIL DE 2000
* El procurador de BC intentó convencer a Paulina de que no abortara
Pedirá la CEM elevar a rango constitucional el derecho a la vida
* La Iglesia católica se opone a la cultura de la muerte, señaló Luis Morales al opinar sobre el caso de la adolescente violada
David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 26 de abril * Al opinar sobre el caso Paulina, la adolescente a quien las autoridades panistas de Baja California obligaron a dar a luz a un hijo producto de una violación, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Luis Morales Reyes, afirmó que la Iglesia no puede estar a favor de la cultura de la muerte.
Después de reunirse en privado con miembros de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, informó que el clero católico promoverá, mediante la entrega de miles de firmas recogidas en los templos de todo el país, que el Congreso de la Unión eleve a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción hasta la fase terminal.
"Considero, como obispo, que el respeto a la vida debe darse irrestrictamente. La Iglesia vota por la vida, la Iglesia veta la cultura de la muerte, defiende la vida desde su concepción hasta la fase terminal, y no es porque así lo haya decidido sino porque es un derecho natural".
En el caso del hijo de Paulina, a quien las autoridades de Baja California le impidieron abortar, dijo que "si ese niño es fruto de una violación, Ƒpor qué asesinarlo, por qué matarlo? ƑPor qué no pedir mejor la pena de muerte para el violador en lugar de pedirla para el producto de la violación?"
Morales Reyes agregó: estamos aquí en la línea de Juan Pablo II, que ni por violación ni por malformación ni por otro motivo puede quitársele la vida a un ser inocente, el más débil y el más indefenso.
Señaló que "en la familia, Ƒcuántos hijos son en realidad fruto de una violación realmente del esposo hacia la esposa? Ahí sí, aunque la Iglesia sea muy criticada, pero la vida es la vida inmediatamente después que es fecundado el óvulo femenino, y sostiene que desde ese momento hay un ser humano independiente de la mamá".
Morales Reyes dijo: "yo creo que de algún modo la sociedad bajacaliforniana ayudará a Paulina y a otras madres de familia que por distintas causas engendran hijos; no faltará la ayuda", el Estado, la sociedad civil y la Iglesia, todos, deben concurrir para ayudar a resolver los problemas que se derivan de una violación.
Recalcó que "la Iglesia no acepta el aborto en ninguna condición, más aún, lo decimos con toda claridad, estamos lanzando una campaña para que el derecho a la vida se eleve a rango constitucional".
Aseveró que ya se han levantado muchas firmas de noviembre a la fecha para pedir al Congreso de la Unión que el derecho a la vida se eleve a rango constitucional.
A pregunta expresa sobre el derecho de la mujer, dijo que "cada quien debe decidirlo por su cuenta, la Iglesia da un criterio y un juicio moral que esa vida debe respetarse, pero no vamos a imponer a cada mujer que haga eso, pues cada una responde ante sí y ante Dios sobre su decisión".
* Su familia lo decidió ante los riesgos que corría la joven
Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 26 de abril * El procurador general de Justicia del estado, Juan Manuel Salazar Pimentel, reconoció hoy que intentó convencer a la menor Paulina ųquien recientemente dio a luz al producto de una violaciónų que se desistiera de su intención de abortar, pero no logró convencerla.
"Lo intenté con palabras de buena voluntad, de gente que quiere evitar un daño y nada más; desafortunadamente no la convencí", dijo exculpándose al asegurar que la menor y su familia decidieron no recurrir al aborto luego de escuchar a los médicos del Hospital General de Mexicali, "donde la asustaron porque le dijeron que se iba a morir".
De acuerdo con el funcionario, la decisión de desistirse del aborto fue tomada por la familia de la menor una vez que los médicos del nosocomio les explicaron que como consecuencia del procedimiento, Paulina podría sufrir esterilidad o bien de una hemorragia masiva que le provocara la muerte.
En reunión con periodistas, Salazar Pimentel indicó que la decisión fue voluntaria y que en ningún momento él persuadió a Paulina para que continuara, aunque se contradijo posteriormente al agregar que "intentó" convencer a la menor.
El titular de la Procuraduría de Baja California criticó a quienes "opinaron del tema sin tener toda la información", y mencionó entre ellos al procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Antonio García Sánchez, y al ex gobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
Indicó que quienes se incorporaron al servicio público no dejan de ser "personas humanas, titulares de derechos fundamentales"; y en ese sentido consideró injusta la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Dicha recomendación afirma que fueron violadas las garantías individuales de la menor y se pide al gobierno estatal la creación de un fideicomiso para la manutención y pagos de gastos educativos para el producto del ataque sexual, petición que el gobierno de Alejandro González Alcocer rechazó categóricamente.