SABADO 29 DE ABRIL DE 2000
* El TSJ morelense aprobó por unanimidad destituirlo del cargo
Desafueran a Carrillo; enfrentará proceso penal
La Jornada de Morelos, Cuernavaca, Mor., 28 de abril * El pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó por unanimidad destituir del cargo de gobernador a Jorge Carrillo Olea, inhabilitarlo por 12 años para ocupar cargos en la administración pública estatal, así como turnar su expediente a la PGJE, al existir la presunción de que las acusaciones en su contra pueden constituir delitos de carácter penal. La medida contra el mandatario implica el desafuero y la apertura de un proceso en su contra.
El órgano judicial lo encontró culpable de violaciones a la Constitución local y federal, y de incurrir en omisiones graves en la aplicación de medidas correctivas en materia de seguridad pública, las cuales provocaron una fuerte ola delictiva durante su mandato, al extremo de que los agentes policiacos cometían perjuicios contra los ciudadanos.
En tanto, los legisladores de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado se mostraron satisfechos del fallo.
Desde las 12 horas, reporteros y curiosos esperaban las conclusiones y resolutivos del proyecto de sentencia a Jorge Carrillo Olea. Fue hasta la 13:30 cuando los 13 magistrados, lidereados por el presidente del TSJ, Jesús Vallejo Jiménez, tomaron sus posiciones. Con fallas de sonido, el pleno se constituyó en jurado de sentencia y enseguida la secretaria de acuerdos comenzó a leer las 13 hojas del proyecto de sentencia.
La calma reinaba en el lugar, no sólo por el silencio que requería el protocolo sino por la ausencia de quienes fueron los principales promotores del juicio político contra el ex militar. Ni los representantes del partido albiazul, Adrián Rivera, Javier López y Sergio Álvarez, ni Julián Vences, José Luis Correa, Carmen Genis y Graco Ramírez, del PRD, entre otros, a excepción de José Luis Huete, de Causa Ciudadana, hicieron acto de presencia.
El TSJ fincó responsabilidades políticas a Jorge Carrillo Olea también por la violación del artículo 79-B, fracción II de la Constitución estatal, al designar a Carlos Peredo Merlo como procurador de Justicia, sin contar con diez años mínimos de residencia en la entidad, y por haber nombrado a Fernando Blumenkron, sin tener la edad mínima de 35 años para ser encargado de despacho de la PGJ.
Asimismo, detectaron que Carrillo Olea trasladó sin autorización del Congreso al complejo textil Diez recursos destinados para una central camionera, relativo al Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Complementarios (Fichas)
De igual manera se levantó el arraigo decretado por el presidente de este órgano colegiado contra Carrillo Olea.