SABADO 29 DE ABRIL DE 2000

* Hay pruebas suficientes para proceder: querellantes

Concluyó en Chile la primera fase del juicio de desafuero a Pinochet

Afp, Dpa y Ap, Santiago, 28 de abril * Con nuevas acusaciones contra Augusto Pinochet que lo implican directamente en los fusilamientos de presos políticos y, en consecuencia, la petición de desafuero para el senador vitalicio, concluyó hoy la primera fase del proceso ante la Corte de Apelaciones.

De esta manera, al cabo de tres días de alegatos la Corte quedó en condiciones de resolver si acoge o no la petición del juez Juan Guzmán de privarlo de su inmunidad parlamentaria. De ser así, el acusado deberá enfrentar más de 90 querellas por los crímenes cometidos durante su dictadura, y de lo contrario la causa será archivada.

Por lo pronto, tras una reunión del pleno de magistrados, el presidente del tribunal, Rubén Ballesteros, postergó para la próxima semana ųposiblemente el martesų, la discusión en torno a la petición de la defensa de que se le realicen nuevos exámenes de salud a su cliente, con lo que buscaría evitar la continuación del juicio.

Este día concluyeron sus alegatos los abogados querellantes Hugo Gutiérrez y Juan Bustos, así como la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, quienes coincidieron en que ya hay suficientes pruebas para proceder al desafuero del ex dictador y para que se actúe sin practicarle diagnósticos de salud.

Sobre la base de los crímenes de la Caravana de la Muerte, que conforman el sustento de la petición para el desafuero, Gutiérrez exhibió un documento recogido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ųque data del gobierno de Patricio Aylwinų para probar que el Pinochet ordenó directamente una ejecución.

Se trata de la confesión del ex auditor (abogado) del ejército de la ciudad de Concepción, Gonzalo Urrejola Arrau, quien admitió que Pinochet lo llamó por teléfono para ordenarle la ejecución del ex intendente de Talca nombrado por el gobierno de la Unidad Popular, Germán González, detenido en el regimiento de Concepción.

El ex funcionario aún estaba bajo proceso en tribunales militares, pero fue ultimado tras la orden telefónica del dictador, por lo que Urrejola Arrau debió corregir la falta del debido proceso autorizando en forma post mortem la ejecución.

Esto demuestra cuál era el propósito de la Caravana de la Muerte y que Pinochet Ugarte no podía seguir ordenando fusilamientos por vía telefónica, dijo, y refrendó el documento presentado por los cinco colegas suyos que le precedieron en el que Pinochet reconoce haber nombrado al general Sergio Arellano Stark como oficial delegado en la operación militar que terminó con 74 ejecuciones.

"Tal como Jehová le preguntó a Caín: 'Ƒdónde está tu hermano?', a Pinochet le preguntamos dónde están tus compatriotas", aseveró en su turno el abogado y diputado socialista Juan Bustos. Y subrayó que Pinochet fue el "autor mediato" que ordenó los 74 fusilamientos.

Por tanto, pidió su desafuero sin considerar la petición de la defensa de nuevos exámenes médicos, ya que no pueden aplicarse en una fase de antejuicio como ésta, sino una vez sometido a proceso.

A su vez, Clara Szczaranski, quien subrayó que actuaba en representación de todos los chilenos a través del CDE, también rechazó nuevos exámenes médicos para el acusado al recordar que ha habido casos en Chile en que incluso han muerto en prisión los condenados, sin considerar su condición de salud.

Como los demás querellantes, invocó las diferentes declaraciones de generales en retiro en que sostuvieron que todas las órdenes emanaban directamente de Pin ochet, por lo que al ex militar le cabe al menos la responsabilidad de encubrimiento de los delitos.

El abogado de la defensa, Ricardo Rivadeneira, comenzó insistiendo en la imposibilidad de su cliente de afrontar el debido proceso por razones de salud, aunque sin aludir a la demencia. Pero, admitió que él mismo no había podido hablar con Pinochet para tratar su defensa.

Señaló que a Pinochet sólo le caben responsabilidades políticas, pero no penales. Asimismo, dijo que hubo "gravísimos hechos" de fusilamientos y exhumaciones ilícitas, pero que no se podía hablar de "secuestros calificados" ųun eufemismo para las desaparicionesų, y que se trata de cuerpos de personas asesinadas que aún no han sido halladas, por lo que apeló a la ley de amnistía.

En los pasillos de los tribunales un grupo de familiares de las víctimas se abalanzó sobre el ex vicecomandante del ejército, general Guillermo Garín, y los dirigentes de la Fundación Pinochet, general Luis Cortés Villa y el empresario Hernán Guiloff, al grito de "asesinos, asesinos", frente a pinochetistas que respondieron con insultos.

Mientras se presentaba otra querella contra Pinochet, el presidente Ricardo Lagos reiteró que hay tranquilidad y que se debe respetar al Poder Judicial. Dijo que no había razón para la intraquilidad, y que sólo habría inquietud si no funcionaran las instituciones.

El Centro de Generales del ejército en retiro rechazó el proceso de desafuero, bajo el argumento de que es inconsistente y "una aberración jurídica". Sostuvo que es un "desprestigio de alto costo para el gobierno" y que se vulneran principios jurídicos al perseguir a "quienes no hicieron otra cosa que cumplir con su deber".