SABADO 29 DE ABRIL DE 2000
* El secretario de Turismo realiza gira por Acapulco
Aplazan diputados notificación del proceso contra Espinosa
* Panistas y priístas defienden el derecho del inculpado a la audiencia
Ciro Pérez Silva * La "oportuna" gira de trabajo por Acapulco que realizó ayer el secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, obligó a los diputados a posponer la entrega de la notificación del proceso iniciado en su contra por el delito de peculado, que podría llevarlo a perder la inmunidad de que goza como funcionario público.
Este episodio se suma a la serie de complicaciones que los legisladores han enfrentado desde el pasado 29 de marzo, fecha en que los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) presentaron ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia en contra de Espinosa Villarreal y que los ha llevado a sostener largos debates jurídicos por la falta de claridad en las leyes aplicables.
De hecho, reconoció el diputado perredista Alvaro Arceo Corcuera, las lagunas legales han convertido el proceso legislativo para determinar la procedencia o no de las acusaciones del Ministerio Público en contra del funcionario, en "una mezcla de cortesía, discreción y no saber qué hacer".
El primer conflicto entre los diputados de oposición y del PRI que integran la Subcomisión de Examen Previo, fue respecto del mismo trámite de la declaración de procedencia y el turno que debió dar al texto de la denuncia la secretaría general, una vez que recibió el documento.
Ante la falta de claridad en la ley, el secretario general de la Cámara, Fernando Franco González Salas, decidió seguir la práctica parlamentaria y turnó el expediente a las comisiones de Gobernación y de Justicia, iniciando con ello la primera controversia entre los diputados.
Para los priístas el trámite fue correcto, ya que debía seguirse el mismo proceso que en los casos de juicio político, involucrando con ello a la Subcomisión de Examen Previo como tercer paso. Pero las oposiciones obligaron a la reposición del procedimiento, regresaron el texto a la secretaría general y ésta lo turnó a la Sección Instructora (SI).
Salvado el primer obstáculo, surgió uno nuevo, ya que la SI no contaba con presidencia ni secretaría, por tanto no había nadie con autoridad para convocar a las reuniones. La mayoría opositora decidió que de los cuatro miembros, el diputado del PAN, Felipe Urbiola Ledesma, ocupara la presidencia y el legislador del PRD, Alvaro Arceo Corcuera, la secretaría, mientras que el del PT, Ricardo Cantú, y el del PRI, Miguel Quirós Pérez, permanecieron sólo como miembros de la SI, motivando con ello una fuerte protesta de los tricolores.
Una vez estructurada la SI, procedieron a determinar la forma de radicar el expediente y definir los términos de la notificación al funcionario. En esta instancia panistas y priístas defendieron el derecho de audiencia de Espinosa Villarreal, lo que representa darse un plazo de 60 días para practicar las diligencias conducentes a efecto de establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado.
Acto seguido, la SI abriría un periodo de 30 días naturales para recibir las pruebas que ofrezca el denunciante y el servidor público, así como las que la propia SI estime necesarias.
A su vez, PRD y PT sostuvieron que la SI debía abocarse solamente a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, retirándole en su caso la inmunidad y permitiendo con ello la acción del Ministerio Público.
El acuerdo para "destrabar" el procedimiento legislativo fue presentado el pasado jueves por los legisladores del PAN y del PRI, Felipe Urbiola y Miguel Quirós Pérez, sumándose al mismo los diputados del PT y del PRD, Ricardo Cantú y Alvaro Arceo Corcuera.
Prevalece con ello la determinación priísta de otorgar a los inculpados el derecho de audiencia. "Nosotros no estamos de acuerdo con este procedimiento, pero tuvimos que ceder para desempantanar los asuntos y estar en posibilidades de resolverlos a la brevedad", reconoció el perredista Arceo Corcuera.
Entre discusiones y argumentos encontrados, los diputados han consumido 32 días, sin que hasta el momento hayan podido siquiera informar al denunciado sobre la materia de la denuncia, hacerle saber su garantía de audiencia y que deberá, a su elección, comparecer o informar por escrito lo que a su interés convenga.
Unicamente fue notificado ayer el diputado federal Miguel Angel Garza, y eso porque fue él mismo a las oficinas de la SI para solicitar el documento; la diputada local, Raquel Sevilla informó el jueves a la SI que estaría ausente, pero que el próximo martes acudiría a San Lázaro a recoger su notificación.