SABADO 29 DE ABRIL DE 2000
* Podrían extenderse a otros estados, alerta el Centro Fray Bartomé de las Casas
Grupos paramilitares imponen su ley en 25 municipios de Chiapas
* Paz y Justicia, MIRA y Chinchulines, algunos de ellos * Posible colusión con policía y Ejército
Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de abril * La formación de grupos paramilitares se ha extendido en los últimos tres años a unos 25 municipios de Chiapas, y estos grupos ilegales se han convertido en una fuerza militar incontrolable que ''paulatinamente rompen la institucionalidad y provocan que las relaciones políticas estén inevitablemente mediadas por la violencia como el único vehículo de interlocución'', asegura el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en su último informe, intitulado La guerra en Chiapas: Ƒincidente en la historia?, en el que también alerta a las autoridades acerca de que el paramilitarismo se convierta en modelo a seguir en varios estados de México.
En el documento de 94 páginas, que fue presentado hoy por el obispo Samuel Ruiz García, el Centro Fray Bartolomé hace una cronología pormenorizada de los grupos paramilitares existentes en Chiapas, entre los que destacan Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Chinchulines y los de Chenalhó, e informa de la formación de otros en por lo menos diez municipios más, principalmente en la región de los Altos y zona fronteriza con Guatemala.
''En la estrategia de contrainsurgencia, cuyo fin es minar la voluntad de lucha de las comunidades indígenas y con ello la capacidad de respuesta ante la violencia política que ejercen el Estado y los grupos de poder económico, la formación de grupos paramilitares se convierte en punta de lanza.
''La actuación de los paramilitares crea un clima de inseguridad que tiende a inmovilizar a la población opositora, romper el tejido social y descomponer políticamente las zonas en control de esos grupos... El fin último es eliminar y aislar a las bases de oposición, socializar la violencia y controlar territorios con miras a la expansión.
''El desgaste organizativo que implica para las comunidades formular estrategias de respuesta a las acciones de los grupos paramilitares; el rompimiento de la economía familiar y comunitaria; la degradación del tejido social; la internalización del terror producto de las constantes amenazas de ataques, y por los efectos demostrativos de la violencia dirigida contra personas que ocupan algún cargo en la comunidad, sea político o religioso, son algunos de los resultados de la paramilitarización'', precisa el organismo de derechos humanos en su informe anual.
Señala que la paramilitarización en Chiapas ''no sólo no ha cesado'', sino que se extiende a otras regiones del estado. El CDHFBC afirma que a lo largo de cinco años de violencia paramilitar en las comunidades indígenas, ''los costos sociales de la guerra contrainsurgente'' son palpables en las diferentes zonas en donde se ha desarrollado.
La violencia es permanente ųagregaų en la zona norte, por la actuación del grupo paramilitar Paz y Justicia; la tensión es constante en la zona de los Altos, que tuvo su punto culminante en la masacre de Acteal, el aumento del hostigamiento en la selva Lacandona, a cargo del grupo paramilitar MIRA, y las constantes denuncias, señalan la formación de nuevos grupos paramilitares en los municipios de San Andrés, El Bosque, Bochil, San Juan Cancuc, Tenejapa, Venustiano Carranza, Comitán y el nuevo municipio de Marqués de Comillas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recuerda que los gobiernos estatal y federal niegan persistentemente la existencia de paramilitares en la entidad y reducen el conflicto armado a un problema de seguridad pública que, a decir suyo, se profundizó con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Hoy en el discurso, precisa el informe anual, pretenden trasladar el ejercicio de la violencia al ámbito privado o de pequeños grupos sin relación entre sí, ''encubriendo el carácter eminentemente político que tiene en Chiapas''.
Insiste en que los objetivos de la táctica paramilitar son la descomposición política de las regiones que se pretende controlar, y la desarticulación de las organizaciones opositoras en avance tras el levantamiento del EZLN en 1994.
Al hacer una cronología de la violencia de los grupos paramilitares, el informe hace referencia a Paz y Justicia ųcuyo principal bastión son los municipios norteños de Tila y Sabanillaų, al que señala como uno de los que mantienen en una permanente inestabilidad a la región norte de Chiapas, y afirma que la zona atraviesa por un momento de descomposición política evidente.
''Si los grupos paramilitares como Paz y Justicia son concebidos por el gobierno como una fuerza política con capacidad de negociación, bajo el único criterio de la posesión de armas, ello implica una espada de dos filos: al convertirse los grupos paramilitares en una fuerza militar incontrolable que paulatinamente rompe la institucionalidad, las relaciones políticas estarán inevitablemente medidas por la violencia como el único vehículo de interlocución'', puntualiza el documento en poder de La Jornada.
Hace alusión a las declaraciones del ex diputado local Samuel Sánchez, líder de Paz y Justicia, quien reconoció que el grupo cuenta con armas y estaría dispuesto a deponerlas ''si el EZLN y las guardias rojas, manejadas por la diócesis de San Cristóbal'', deciden desarmarse. Pero aún más, un ex militante de Paz y Justicia, Pedro Hernández, declaró públicamente que esa organización cuenta con el apoyo de la Policía de Seguridad Pública y del Ejército; vigilan juntos los caminos, cobran impuestos, amenazan y asesinan a quienes no los apoyan. Según él, hay paramilitares trabajando como policías.
El informe asegura que pese a que el Ejército Mexicano ha sido detectado como el principal violador de los derechos humanos durante 1999, los paramilitares empiezan a ganar terreno dirigiendo sus agresiones no solamente a bases de apoyo zapatistas, sino a miembros de organizaciones sociales y campesinas que tienen presencia en la zona.
Para el organismo de derechos humanos, la inexistencia de un proceso de diálogo, la creciente militarización del estado, el acelerado empobrecimiento de la población y la degradación del tejido social, son el terreno fértil para que la táctica contrainsurgente de formación de grupos paramilitares sea implantada.
El CDHFBC considera fundamental que se aclare la relación que existe entre el Ejército y los grupos paramilitares: ''El Ejército Mexicano posee el Manual de guerra irregular, en el que se recomienda la creación y el entrenamiento de fuerzas irregulares''.
El informe concluye señalando la urgente necesidad de la desmilitarización del estado, el desarme de los grupos paramilitares y la reforma del sistema de procuración y administración de justicia.