SABADO 29 DE ABRIL DE 2000
* Soberanes es la historia de un hombre que no quiere ser ombudsman: Centro Pro
Tolera la CNDH abusos en conflictos sociales
* Se ha negado a señalar violaciones a garantías individuales en Chiapas, Guerrero y UNAM, señala
Triunfo Elizalde /II y última * "José Luis Soberanes es la historia de un hombre que no quiere ser ombudsman", como lo muestran sus declaraciones públicas en torno a diferentes temas importantes que han requerido de una postura clara del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; asimismo, la actuación de la CNDH como "defensora de las garantías constitucionales "ha suscitado desconcierto y preocupación, y pone en tela de juicio la autonomía de su labor como institución defensora del pueblo", señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su informe enero-febrero de 2000.
Es de resaltar, dice, "su postura frente al papel del Ejército Mexicano. Soberanes ha justificado la presencia militar en Guerrero y se ha negado a señalar los retenes como una violación a los derechos humanos"; incluso, manifestó públicamente su desacuerdo con el penúltimo informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, documento en el que se señala al Ejército como violador de derechos fundamentales en Chiapas. Al respecto, el presidente de la CNDH dijo que en el contexto general del país "podemos mencionar otras entidades donde las quejas son en contra de los gobiernos de los estados".
El Centro Pro Juárez hace notar que frente a la ocupación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los acontecimientos derivados de esas acciones, "Soberanes dijo el 3 de febrero que la Policía Federal Preventiva (PFP) puede intervenir respetando la ley y los derechos humanos, con el propósito de prevenir, así lo dice su nombre, la consumación de delitos. Esa es nuestra postura" (la del ombudsman y de la CNDH). Y declaró que no podía opinar sobre las imputaciones de sabotaje, terrorismo y motín contra los universitarios".
El Pro Juárez subraya que los síntomas anteriores "preocupan en tanto que le han costado pérdida de legitimidad a la CNDH, cuestión poco recomendable para un organismo que basa el éxito de sus funciones en el respeto a la legitimidad que le otorga la sociedad". Afirma que la forma en que las autoridades hicieron frente al conflicto de la UNAM deja en evidencia al menos dos cuestiones:
"La primera es que la educación superior pública y gratuita en el país empieza a resultar costosa para la dinámica de mercado y para el Estado mexicano, y por tanto hay que someterla a un estricto control y eficientar los gastos de aquélla (socializar el costo y acaparar los beneficios o, que paguen por ella los beneficiados y se prepare sólo en lo que a la dinámica global convenga).
"La segunda es que el actuar del gobierno y de las autoridades universitarias muestra la falta de voluntad política para solucionar conflictos sociales por la vía del diálogo. Hoy han optado por la violencia y represión, y para ello han tenido que recurrir a la modificación de leyes para tratar como criminales a las voces disidentes del sistema".
En opinión del Pro Juárez, con el actuar del gobierno federal en la UNAM "han resultado severamente lesionados la sociedad en su conjunto y particularmente los derechos humanos de los universitarios, muchos de los cuales "han sido víctimas de tortura, procesos jurídicos amañados y acusación falsa por delitos fabricados"; todo "para legitimar una posible represión por los cuerpos policiacos, así como la confrontación a través de la infiltración entre estudiantes". El "caso UNAM", dice, ha permitido confirmar el perfil de la PFP como "policía especializada en reprimir conflictos sociales".
La universidad, expresión del clima
social que impera en el país
Para esta organización defensora de derechos humanos, según el informe entregado a La Jornada, "la UNAM es la expresión del clima social que impera en el país: posibilidad de estallidos sociales, exclusión de sectores desprotegidos de las políticas gubernamentales y represión y violencia como respuestas del Estado a los problemas. Además, deja ver con claridad la maquinaria y andamiaje con los que cuenta el gobierno federal para echar a andar campañas desinformativas y formuladoras de una opinión pública favorable a sus intereses, y así legitimar las acciones represivas".
En relación con el conflicto vivido en la Normal Rural de El Mexe, Hidalgo, dijo que es consecuencia del "recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual a su vez redujo el gasto del sector educativo en mil 200 millones de pesos", con repercusiones negativas a las normales y universidades públicas; sin embargo, "el gobierno disimula la presente crisis de la educación superior como un hecho aislado, cuando la UNAM y las normales rurales están lejos de ser una problemática aparte".
Al referirse al conflicto que se vive desde enero de 1994 en Chiapas, el Centro Pro Juárez subraya que "representa los dientes de la guerra", sobre todo cuando el proceso bélico emprendido contra las comunidades indígenas "persiste, se intensifica y sigue cobrando víctimas, cuando las acciones de las cúpulas de la Iglesia católica y de los gobiernos, tanto federal como estatal, van encaminadas en la línea de administrar el conflicto y no en la búsqueda de una solución pacífica, real y concreta".
En el documento citado se hace referencia a las acciones paramilitares y a la presencia de las fuerzas armadas federales. De los primeros, dice que "el poder y la impunidad con que actúan esos grupos, en especial Paz y Justicia, son indicadores de la gobernabilidad perdida en la entidad, el apoyo gubernamental a las acciones paramilitares de hostigamiento e intimidación contra las comunidades, especialmente las que simpatizan con el EZLN, no se han detenido".
Respecto a la presencia del Ejército, recuerda que el 22 de enero de este año, Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación, dijo que el gobierno no retirará al Ejército, "porque no es un problema de buena voluntad, sino de seguridad pública"; asimismo toma como advertencia lo dicho por Emilio Rabasa Gamboa, quien el 21 de febrero "sentenció al EZLN al decir que se está agotando la paciencia de la sociedad".