DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2000
* No existe fundamento que justifique el proceso, concluyen en San Lázaro
Desechan demanda de juicio político contra Robles
Georgina Saldierna y Víctor Ballinas * La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó la demanda de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, jefa de Gobierno del Distrito Federal, por considerar que no existe conducta política alguna que pueda traducirse en causa para iniciar ese procedimiento.
Igualmente se descartaron las demandas en el mismo sentido contra Eduardo Fernández, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Javier Arrigunaga, director del Fobaproa; Martín Werner, ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Miguel Mancera, ex gobernador del Banco de México, y Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas, informó el diputado priísta Francisco Loyo, integrante de la subcomisión y presidente de la Comisión de Justicia.
La querella contra Robles Berlanga fue interpuesta por José Luis Moya Moya, quien argumentó que la hacienda pública del Distrito Federal no se encuentra sujeta a una correcta revisión por parte de las autoridades de la Contraloría General del gobierno capitalino, toda vez que no se cuenta con la capacidad suficiente para vigilar y auditar a la propia administración.
Refirió que la gestión capitalina sólo cuenta con 42 contralorías, con las que se cubre únicamente 32 por ciento de las actividades encomendadas a dichos órganos, por lo que no se justifica el gasto de 24 mil 211 millones de pesos.
Adicionalmente, destacó que funcionarios del nivel medio-alto del gobierno ocasionaron un daño a la hacienda del Distrito Federal por 3 mil seis millones de pesos, pero fueron encubiertos por el ex director de Legalidad y Responsabilidades, Luis Ramón Irineo Romero, actual asesor de Robles Berlanga.
Del análisis integral de la demanda de juicio político, la subcomisión concluyó que el denunciante realizó observaciones respecto de la estructura orgánica de la administración capitalina, y estableció imputaciones directas contra diversos funcionarios, mas no se atribuye conducta política alguna contra la jefa del Gobierno del DF que pueda traducirse en causa de juicio político.
Por lo anterior, decidió desechar por mayoría la denuncia, con el voto a favor de los diputados perredistas Alvaro Arceo Corcuera, Victorio Montalvo y Alberto Martínez Miranda, así como del priísta Francisco Loyo Ramos; los panistas Albelardo Perales, Soledad Baltazar y Jorge López Vergara, y del petista Ricardo Cantú Garza.
Loyo Ramos estimó que si hubiera acciones constitutivas de delito en la administración capitalina se tendría que recurrir a la vía judicial y no a la política, en caso de que se quisiera proceder contra un funcionario público de la ciudad de México.
Ante el caudal de demandas que se han interpuesto en ese sentido, habló de la necesidad de realizar una reforma a la ley de responsabilidades, para evitar malas interpretaciones de la propia legislación. "La ley tiene que ser muy clara y señalar procesos muy claros", puntualizó.
También refirió que debe difundirse más lo que significa juicio político y declaración de procedencia, para que la población entienda perfectamente qué vía seguir y cómo hacerle, porque si solamente presenta una denuncia sin fundamentos o interpone demandas contra personas que no son sujetos de este procedimiento ųes el caso de Arrigunagaų, se desechan.
Entre los juicios políticos solicitados quedan pendientes los de Guillermo Ortiz Martínez, ex secretario de Hacienda y actual gobernador del Banco de México; de Víctor Cervera Pacheco y Roberto Madrazo, gobernadores de Yucatán y Tabasco, respectivamente.
En el análisis de sus casos la votación de los integrantes de la subcomisión se encuentra empatada