La Jornada domingo 30 de abril de 2000

PAGINA 9 Ť Lourdes Galaz
Roja por un día

* La nota policiaca vs. la información política * Más de 100 funcionarios y policías ejecutados en cuatro meses * La corrupción en la PGR, tema del Senado de EU * La persecución contra Del Villar, por casos políticos y de narcos

La nota roja dice más que las declaraciones de los políticos de todo signo que buscan el poder o no quieren perderlo: en la tierra del candidato priísta, acribillan con más de 60 tiros al coordinador de la policía ministerial de Sinaloa

gula-1 Cuando los equipos de campaña de los presidenciables anuncian que echan toda la carne al asador en la guerra electoral para ganar la batalla del 2 de julio, la política pasa a un segundo plano en los medios de comunicación. La información policiaca cubre las primeras planas de los diarios y se hace evidente que temas como el narcotráfico, la inseguridad pública, la corrupción, la impunidad y la administración de justicia serán asuntos de primer orden en las decisiones políticas de los próximos días, antes del 2 de julio. Y es que la nota roja dice más que las declaraciones de los políticos de todo signo que buscan el poder o no quieren perderlo: en la tierra del candidato priísta, acribillan con más de 60 tiros al coordinador de la policía ministerial de Sinaloa. El funcionario Williams Román es asesinado cuando indagaba la operación de un comando armado. La semana anterior, también en Sinaloa, se registró el homicidio de dos agentes de la Policía Federal Preventiva. Hace dos semanas, el delegado de la PGR en Oaxaca fue ejecutado en el centro de la capital del estado, presumiblemente por un comando de sicarios del cártel de Juárez. Allá en Baja California, hace menos de un mes un fiscal especial de la PGR y dos agentes del Ministerio Público Federal comisionados en la investigación del cártel de Tijuana que comandan los hermanos Arellano Félix también fueron encontrados muertos en la sierra de La Rumorosa. Los servicios de inteligencia de la PGR y la Secretaría de Gobernación consignan que en lo que va del año en todo el país se han registrado unos 100 homicidios de comandantes, policías y funcionarios de los aparatos de procuración de justicia federal y estatales.

El escenario de violencia que se muestra en el país se relaciona con la presencia del narcotráfico, la corrupción y la impunidad que florecen por estas tierras. En tiempos de elecciones, los cárteles de la droga con nexos en la política se hacen presentes y los intentos de las mafias por frenar los operativos de la autoridad contra el narcotráfico se convierten en una verdadera guerra sin cuartel. Noticiarios de radio informan desde Washington que una comisión especial del Senado de Estados Unidos conoció la denuncia sobre la existencia de altos niveles de corrupción en México, particularmente en la Procuraduría General de la República. "La corrupción es tan grande que sólo un pequeño grupo de colaboradores del procurador Jorge Madrazo se salva", según la declaración de la jefa de la agencia antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) frente a senadores estadunidenses que insisten en calificar la cooperación y las acciones del gobierno mexicano en la guerra contra la producción y el comercio de drogas. Es evidente que la funcionaria de la DEA no estimó atinado agregar a su declaración en la comisión senatorial información relacionada con otros asuntos de corrupción que bien se conocen en Estados Unidos, como sería el suicidio -el 8 de marzo pasado- del oficial mayor de la PGR, Juan Manuel Izábal Villicaña, personaje que por años sostuvo una relación personal muy directa con el procurador Madrazo. La averiguación del caso, que no ha sido atraída por la PGR y corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha revelado todo tipo de irregularidades. Una veintena de funcionarios de varios niveles en la PGR han acudido ante un juez a solicitar amparos, luego de la desaparición de Jorge Francisco Miranda Nuricumbo, director de Bienes Asegurados de la dependencia. Su secretario particular, Federico Solórzano Medillina, con su amparo en la bolsa, está en el desfile de empleados y funcionarios que acuden a declarar dentro de la averiguación ministerial de la PGJDF que, como se dice en algunos círculos y ya ha trascendido a las primeras planas de los diarios, podría concluir con una decisión política del más alto nivel.

Como ocurre desde hace un sexenio, cuando los asesinatos del candidato del PRI a la Presidencia y del virtual líder priísta en el Congreso en 1994, la nota roja destaca en las páginas de información política en los diarios. En el actual proceso electoral, la persecución contra el procurador Samuel del Villar no es un asunto del Ministerio Público. Ciertamente se trata de una acción política del gobierno y el aparato priísta, contra un funcionario de un gobierno ganado por la oposición. Conforme la persecución se hace más intensa, el caso merece relevancia en diarios y telediarios. No es publicidad gratuita al funcionario ni propaganda sin factura al PRD, su partido. En las averiguaciones de Del Villar están involucrados personajes vinculados con el narcotráfico y con la política. Y es que el procurador del DF personalmente conduce las investigaciones del asesinato del conductor de Tv Azteca Francisco Stanley, homicidio que desde el inicio de las averiguaciones hizo evidente la presencia del narco en el caso. Desde el primer momento, Samuel del Villar reveló que había rastros de cocaína en el lugar de los hechos y en los presuntos involucrados en la ejecución del conocido cómico de televisión. A un año el caso no se cierra y ya no sólo es un grueso expediente policiaco, ahora también es un asunto político en el que el procurador sigue siendo principal protagonista, sobre todo cuando se conoce la denuncia por corrupción contra el ex regente de la ciudad, Oscar Espinosa Villarreal. El caso Stanley deja de ser nota roja y es una noticia política que involucra a diputados, dirigentes de partido, funcionarios federales y hasta a los medios de comunicación. Lo último: el citatorio que emitió el juez 55 penal, Rafael Guerra Alvarez, para que ahora el procurador Del Villar sea interrogado por los abogados defensores de los presuntos homicidas de Stanley, sobre las declaraciones de un testigo del caso que si alguna vez habría sido obligado a mentir por policías de la PGJDF que supuestamente lo torturaron, ahora habría sido obligado a decir la verdad con torturas presumiblemente ordenadas por funcionarios de la Secretaría de Gobernación. La noticia política de hoy será la clausura del periodo legislativo en el Congreso y su nexo policiaco en las primeras planas de los diarios será el diferimiento del juicio a Oscar Espinosa Villarreal porque el secretario de Turismo salió al extranjero y los diputados también salen... Vale la nota social con foto a todo color en la portada: "En la cárcel estatal de Almoloyita, Luis Gerardo del Valle casóse con la guapísima Mariana Salinas Pasalagua, de la nunca bien ponderada familia Salinas de Gortari..." Sólo noticias de un día en tiempos de elección.