SAN CRISTOBAL, PRUEBA PARA LA IGLESIA

El inicio del obispado de Felipe Arizmendi en San Cristóbal de las Casas, en remplazo de Samuel Ruiz García, representa un momento preocupante para Chiapas. Nadie ignora que el segundo fue, hasta el último día de su misión, un contrapeso fundamental para las fuerzas locales y nacionales que pretenden una solución "final", violenta y autoritaria, a la crisis que vive la entidad desde el primero de enero de 1994.

Asimismo, cuando la actitud del gobierno federal hizo imposible la solución negociada al conflicto, Ruiz García desempeñó un papel central en el mantenimiento del precario equilibrio que ha impedido, desde entonces, la reactivación de las hostilidades, y desde entonces la diócesis de San Cristóbal ha impedido un mayor deterioro del explosivo panorama político y social que impera en las regiones del norte, los Altos y la selva Lacandona.

Si la diócesis referida ocupa un lugar central en el conflicto, esto no se debe a un supuesto protagonismo político de Ruiz García -denunciado y formulado desde instancias militares, gubernamentales y hasta intelectuales-, sino a la ausencia o deserción de otros mecanismos de mediación, empezando por las representaciones en el estado del propio gobierno federal, el cual decidió tomar partido por el bando de las oligarquías locales y en contra de las comunidades indígenas, las cuales, después de siglos de opresión, racismo, explotación y cerrazón política, no encontraron otro camino de subsistencia que la sublevación armada.

La institucionalidad establecida durante la misión de Samuel Ruiz -organismos de defensa de los derechos humanos, redes de diáconos y catequistas, mecanismos de difusión- no es, ni fue nunca, una aplicación arbitraria de una ideología católica particular -la teología de la liberación-, sino respuesta a las necesidades espirituales y materiales de una feligresía compuesta en su gran mayoría por indígenas oprimidos.

Tal feligresía experimenta hoy profundas divisiones -se calcula que en algunas regiones del obispado hay hasta 45 por ciento de fieles no católicos-no sólo como expresión de un saludable y legítimo pluralismo religioso, sino también como respuesta a los cacicazgos y, en los últimos años, a raíz de las insidias de los poderes fácticos locales contra la diócesis de San Cristóbal.

En tales circunstancias, y cuando la situación del estado parece encaminarse a un nuevo tramo crítico -debido a los amagos de movilización de la Policía Federal Preventiva a la zona de los Montes Azules, con el pretexto seudoecologista de combatir a quienes propician incendios forestales-, Felipe Arizmendi, nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas, tiene ante sí la disyuntiva de mantener la línea episcopal independiente de su antecesor o plegarse a las presiones y seducciones de los gobiernos federal y estatal, los "auténticos coletos" y el sector episcopal nacional -encabezado, entre otros, por Norberto Rivera Carrera y Onésimo Cepeda- que jamás quiso comprender la labor pastoral de Samuel Ruiz en esa convulsa región del país.

Cabe esperar que el nuevo obispo no opte por el segundo camino, porque con eso no sólo multiplicaría los factores de desestabilización y violencia en Chiapas, sino que minaría gravemente a su propia Iglesia en la entidad.