Pedro Alvarez-Icaza*
Montes Azules

El actual conflicto agrario en Montes Azules, Chiapas, nos lleva a reflexionar una vez más en torno a la viabilidad de la conservación de los recursos naturales en el marco del desarrollo justo y equilibrado que mejora la vida de los hombres y mujeres de las comunidades del país.

La Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules en la selva Lacandona fue creada en 1978. Con esta acción se lograron, entre otras cosas, detener el saqueo de maderas preciosas del llamado oro verde; el reconocimiento de las tierras que pertenecían, no sólo por derecho jurídico sino histórico, a la comunidad indígena lacandona; y la protección y conservación del macizo de selva alta perennifolia más importante de Mesoamérica y, después de la selva amazónica, segundo en importancia en América.

Después de 20 años, la selva Lacandona ha logrado conservar, no sin tropiezos y con una reducción cercana a 30 mil hectáreas, las 450 mil originalmente decretadas en conservación.

Cabe resaltar que esta reducción de cubierta forestal no se ha debido principalmente, como en antaño, a la extracción masiva de grandes volúmenes de madera en rollo, sino a las quemas provocadas por un modelo inadecuado de uso del fuego en las actividades agropecuarias, que se basa en el proceso productivo de roza, tumba y quema, que muchas veces, por descontrol, excede las áreas de cultivos extendiéndose el fuego a la gran cubierta forestal.

Por el contrario, el sistema lacandón de milpa maya integra a la productividad de la parcela al maíz, al frijol, a la calabaza y al chile, entre otros, lo cual permite mantener la riqueza del suelo con la incorporación de nutrientes naturales que garantizan la estabilidad del predio por largos ciclos, que pueden llegar a diez años, antes de abrir nuevas zonas de cultivo.

En la Reserva de Montes Azules se ubica un conjunto de comunidades que legalmente se asentaron antes de la expedición del decreto de su creación; lacandones, tzeltales y choles han logrado aprovechar en forma relativamente ordenada los recursos. También existen otras comunidades a las que les fueron otorgadas tierras por decretos presidenciales posteriores a la creación de la Reserva y que poco a poco han logrado una convivencia pacífica y han llegado a arreglos con la comunidad lacandona para el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales de la región.

Sin embargo, existe un conjunto de comunidades que ha invadido la Reserva y terrenos de la comunidad lacandona buscando nuevas oportunidades de vida, posesionándose de terrenos en diferentes momentos y por distintas razones. En efecto, hay comunidades asentadas hace muchos años, pero que no han constituido derechos agrarios y otras, las más recientes, que han ocupado irregularmente la Reserva; algunos grupos de éstas, hay que decirlo, desplazados por motivos religiosos o políticos, o bien porque ven en el conflicto regional una oportunidad de ocupar tierras ilegalmente, son los que han provocado la intensificación de los incendios y la destrucción exponencial de importantes zonas del área, especialmente los últimos tres años.

Así las cosas, la comunidad lacandona está siendo despojada de sus tierras; asimismo se invade y, a su vez, se degrada la reserva tropical más importante de México, nacimiento de la cuenta del Usumacinta; y, finalmente, la intensificación de los periodos de sequía hacen aún más susceptible la vegetación a incendiarse, acumulando la probabilidad de desatar incendios de gran magnitud y con repercusiones funestas para las comunidades, la propia Reserva y el patrimonio de los lacandones y de todos los mexicanos.

Desde hace tres años se ha buscado la conciliación y negociación con los poblados asentados, a través de la reubicación en terrenos fuera de la Reserva que, para el caso, entregará la Secretaría de Reforma Agraria. Un grupo de comunidades que sí acepta la reubicación pide adicionalmente apoyo para vivienda y proyectos productivos a fin de poder desarrollar, con justicia, una vida digna.

Debemos tener el empeño y la determinación de encontrar una solución justa y pacífica que permita encontrar espacios de bienestar social en esta conflictiva región. Debemos tener claro que no debiera haber asentamientos humanos en la Reserva por las razones ya expuestas; por el contrario, se deben encontrar predios en otras partes de la región que puedan ser ocupados por estos grupos.

Hay un número importante de comunidades que acepta, en principio, una salida negociada porque sabe la inviabilidad de permanecer en ese territorio. Por otra parte, no se ha podido iniciar un diálogo con los grupos que recientemente han invadido la Reserva, los cuales se niegan a desocupar los predios irregulares. Esperamos que, al conocer la reubicación favorable de las otras comunidades mediante la cual lograrán una estabilidad para sus familias y mejores condiciones de vida, se sumen a este proceso de reubicación.

El reto consiste en lograr finalmente mejorar las condiciones de vida de todos ellos, sin menoscabo de la Reserva de Montes Azules.

* Coordinador de la Unidad de Análisis Económico y Social de Semarnap