Carlos Montemayor
Chiapas: primera retrospectiva
No podemos darnos el lujo de considerar que en Chiapas está ocurriendo un episodio aislado o fugaz de la historia regional de México. En Chiapas concurren distintos procesos sociales, agrarios y culturales que están conectados con el país en su totalidad y sobre todo con la capacidad que una parte de México tiene para no reconocer a sus pueblos más antiguos. Creemos descender de dos grandes fuentes culturales y sociales: los españoles y los indios de los tiempos prehispánicos. Se nos ha hecho creer que heredamos la gran cultura prehispánica y nos hemos apropiado de ella sin compromiso alguno con los que sí descienden de estos viejos pueblos. Como en una especie de esquizofrenia social, hemos abierto un gran abismo entre la población indígena actual y la población indígena prehispánica. Aplaudimos la figura abstracta del indio del pasado y nos avergonzamos del indio del presente. Esta deformación de nuestra cultura ha alentado injusticias sociales en las generaciones de cinco siglos. En Chiapas se concentra la historia de esta renuencia, la vieja historia de nuestro racismo. Un racismo que se disimula al exaltar nuestra memoria prehispánica como mestizaje, pero que se pone al descubierto frente al indio real. Este es uno de los procesos que concurren en Chiapas.
De aquí se deriva otro proceso que fue una constante a lo largo de la Colonia y entre los hacendados y finqueros mexicanos del siglo XIX y del siglo XX: la nula disposición a reconocer los derechos agrarios de los pueblos indígenas. Esta confrontación entre los derechos agrarios indígenas y la expansión de grupos regionales de poder es uno de los aspectos más dolorosos del conflicto. Desde principios de los años 50 del siglo XX, las comunidades indígenas que se asentaron en el corazón de la selva Lacandona, particularmente en las Cañadas de Las Margaritas, empezaron a solicitar a las autoridades federales la regularización de su tenencia de tierras. A finales de los años 60 el Presidente de la República emitió un decreto para regularizar esa tenencia, establecer nuevas dotaciones y delimitar zonas de la selva para futuras comunidades y centros de población indígenas.
Sin embargo, en 1972 un nuevo presidente emitió otro decreto presidencial mediante el cual se anuló el anterior y se creó una gran mentira: la selva Lacandona se otorgó como reivindicación social a los 66 padres de familia lacandones que sobrevivían en ese momento, que ignoraban lo que estaba ocurriendo, que ignoraban en qué consistía el decreto. Una compañía forestal surgida con el apoyo de Nacional Financiera suscribió un contrato con los supuestos nuevos dueños de la selva para explotar maderas preciosas por diez años, sin estipular precio fijo ni volumen de madera en pies cúbicos.
En realidad, se legalizó el despojo de los recursos forestales de la selva Lacandona. Además, se convirtió súbitamente a las comunidades indígenas que ya estaban establecidas allí en invasoras de propiedades. A partir de ese momento, los empresarios pidieron al gobierno y al Ejército que las expulsaran; algunas aceptaron ser trasladadas a distintas zonas, pero otras se resistieron y empezaron a luchar.
Por tanto, podríamos decir que en el conflicto de Chiapas, las raíces agrarias nacen con el Decreto de la Selva Lacandona del año 1972. En ese momento, se crean las condiciones de injusticia social y de confrontación violenta que veinte años después dieron lugar al EZLN.