MIERCOLES 3 DE MAYO DE 2000
Ť Se modificará el decreto del 13 de marzo pasado
Niega la Secofi que peligren empleos por regularizar pick-up
Ť Demanda muy sentida de campesinos, dice Herminio Blanco
Patricia Muñoz, Rosa Elvira Vargas y Angélica Enciso Ť Con la regularización de las camionetas tipo pick-up no se afecta a la industria nacional automotriz, ni se ponen en riesgo los empleos de 2 millones de familias y sí se atiende una "demanda muy sentida" de los productores del campo, aseguró Herminio Blanco, secretario de Comercio y Fomento Industrial (Secofi).
El funcionario explicó en entrevista que en breve se emitirá una modificación al decreto del pasado 13 de marzo para que de los dos millones de carros chocolate que circulan en todo el país, se incluyan también a las pick up de cuatro cilindros que habían sido excluidas de ese ordenamiento. Señaló también que a partir de este mes en los estados de la frontera norte los interesados podrán importar directamente vehículos que tengan una antigüedad mínima de cinco años, sin necesidad de recurrir a comercializadoras.
Fuentes de Secofi sostuvieron por su parte que se mantiene la posición de regularizar sólo los vehículos pick-up de diversas marcas, pero revelaron que se adelantará también la liberalización a las importaciones de camionetas ligeras de hasta mil 700 kilos de carga y no sólo para las que tienen un peso de 3 mil 200 kilos como originalmente se había establecido.
Señalaron que esta decisión se podría dar a conocer esta misma semana e implica la apertura irrestricta del mercado mexicano para un mayor número de vehículos, todos del tipo pick-up. De igual forma, se establecerá un costo total máximo de regularización para estas unidades de 2 mil 850 pesos a fin de que este proceso no encarezca fuertemente el precio de los vehículos.
Asimismo, autoridades de Hacienda, Gobernación, Comercio, la Procuraduría General de la República y del Sistema de Administración Tributaria, iniciarán hoy negociaciones con la Unión Campesina Democrática (UCD), para devolver a los miembros de esta organización vehículos decomisados, cancelar órdenes de embargo y remate de unidades y otorgarles documentación y hologramas, entre otros, ya que según el decreto podrán circular libremente hasta noviembre.
Secofi argumentó que no se trata de una regularización disfrazada, sino de una forma de establecer una mesa de trabajo permanente para buscar una solución integral al problema de los autos de procedencia extranjera que entraron al país en forma irregular.
Herminio Blanco precisó que ayer se reunió con directivos de la industria automotriz con quienes platicó que todo quedaba igual que en el decreto del 13 de marzo, en el sentido de que se adelantó el TLC en lo referente a las pick-up.
En la reunión que hoy se efectuará ųaún cuando hay la posibilidad de que los miembros de la UCD no acepten la instalación de esta mesa de trabajo e insistan en sus demandas por otra víaų, se tratarán los siguientes puntos: discusión de mecanismos legales que permitan la devolución de los vehículos que hasta ahora han sido decomisados; la suspensión de los procedimientos administrativos en materia aduanera y la cancelación de las órdenes de embargo y remates.
La PGR por su parte, se dedicará a analizar con los representantes de la UCD las posibles formas de inhibir los actos de corrupción y extorsión en las revisiones vehiculares, establecer un mecanismo de acreditación de la propiedad de estas unidades, para cuando se requiera devolver los vehículos incautados, revisar las averiguaciones previas.
Aunque los dueños de los carros chocolate tendrán hasta noviembre para circular sin problemas, es necesaria una solución de fondo al problema: bajar los precios de los vehículos nacionales con la reducción de impuestos o permitir libremente la importación de los automotores, ya que un campesino "nunca podrá comprar un carro en agencia" señaló por su parte Salvador Rivera, líder de la Unión Nacional de Transportistas Ejidales de la Confederación Nacional Campesina (CNC)
Rechazó que con las importaciones de esos carros se afecte a la industria automotriz y a 13 millones de mexicanos. "Somos 87 millones los que no podemos comprar un carro aquí, ni siquiera usado; sólo 2 millones pudieron ir a Estados Unidos a adquirir el vehículo y se nos trata como delincuentes".
"El presidente dice que si se legalizan esos carros estamos incurriendo en delito. Al delincuente que roba, al que secuestra, no se le puede comparar con un campesino que va a comprar un carro", agregó.
La solución, precisó el dirigente, es que se modifique la iniciativa panista que quedo congelada en el Senado para que se legalicen estos automóviles o que el Ejecutivo emita un decreto mediante el cual ordene esa regularización.