mucho tiempo atrás''.
JUEVES 11 DE MAYO DE 2000
* La PFP y el Ejército instalan más retenes y patrullan a pie la región
El procurador de Chiapas califica de farsa la emboscada en Chalchihuitán
* Legisladores locales acusan al gobierno estatal de crear un falso clima de violencia
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 10 de mayo * La emboscada ocurrida el lunes pasado en el municipio de Chalchihuitán ''fue una farsa'', afirmó el procurador de Justicia estatal, Eduardo Montoya Liévano. Pese a ello, la Policía Federal Preventiva (PFP), así como cuerpos policiacos y militares, siguen instalando retenes e incursionando en caminos y brechas de la región. Ante la situación, legisladores locales acusaron a las autoridades estatales y federales de crear un falso clima de violencia para justificar la incursión de fuerzas policiacas en el estado.
Entre tanto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) exigió a las autoridades del municipio autónomo de Polhó que se deslinden de la emboscada ocurrida el domingo anterior en las cercanías de Chenalhó, y entreguen a las cuatro personas que habrían perpetrado la agresión, quienes presuntamente se refugiaron en dicho poblado para evitar que incursione ahí alguna corporación de la policía.
Montoya Liévano anunció que no se pretende incursionar en el lugar ''para no romper el alto al fuego decretado por el gobierno federal en el 94''. Sin embargo, los caminos de acceso a Polhó están cercados por cientos de soldados, policías estatales y efectivos de la PFP.
''Pérdida de valores'',
insiste el procurador
El pasado domingo, un grupo de encapuchados emboscó y dio muerte a tres indígenas de la comunidad El Progreso, ubicada en los límites de Pantelhó y Chenalhó. El lunes, según dio a conocer el procurador estatal en improvisada conferencia de prensa, hubo un segundo ''ataque por parte de cinco encapuchados'', que habrían herido a dos campesinos de militancia priísta, también en las cercanías de Chenalhó.
Ante lo que calificó como una ''pérdida de valores entre campesinos'', que conllevaría a la resolución de sus conflictos por la vía de las armas, el procurador anunció la llegada de cientos de efectivos de la PFP para iniciar un nuevo operativo de desarme. A la vez, informó de un nuevo ataque de labriegos que utilizaron armas de fuego, en el municipio de Chilón.
Este día, ante las insistentes versiones de que los dos heridos en la emboscada del lunes nunca aparecieron, y la declaración del subprocurador de justicia indígena, Mariano López Pérez, de que sólo se trató de un incidente menor entre campesinos, Eduardo Montoya desmintió sus propias declaraciones.
''Luego de las investigaciones por parte del grupo de Asuntos Relevantes de la Procuraduría, se encontró que las versiones sobre cinco encapuchados que realizaron disparos al aire e hirieron a dos personas son falsas'', aseveró.
Asimismo, explicó que nunca hubo tal incursión por parte de encapuchados, y ''las lesiones de las personas que dijeron fueron alcanzadas por balas, fueron en realidad producidas por otros objetos, y datan de
mucho tiempo atrás''.
Añadió el procurador que incluso los casquillos de bala que se presentaron como evidencia de la agresión ''fueron sembrados para engañar a las autoridades, y obligarlas a perseguir al grupo contrario (el de los simpatizantes zapatistas)''
Eduardo Montoya acusó a los indígenas de Chalchihuitán de ''tratar de involucrarnos en una venganza personal, buscando aprovechar la psicosis que dejó la emboscada del día anterior''.
Tanto el nombre de los denunciantes como el de los presuntos agresores resultaron falsos; sólo se sabe que los primeros pertenecen al municipio de Chenalhó, abundó el procurador.
Sin embargo, dijo, ''no existe evidencia de que algún grupo político trate de crear inestabilidad en Chiapas. La política y la religión están fuera del contexto de los últimos acontecimientos''.
De igual forma, anunció que a partir de las investigaciones sobre la primera emboscada, se giró una orden de aprehensión contra cuatro personas de la comunidad de Polhó, a quienes ''se tiene perfectamente identificadas y ubicadas''.
Añadió el funcionario: ''Esto no significa que el EZLN tiene algo que ver con el atentado, se trató de una venganza, a semejanza de lo ocurrido en 1997. Por ello se está en pláticas con las autoridades de Polhó para que, de manera voluntaria y responsable, nos entreguen a esas personas para que sean juzgadas''.
Sólo de esta manera, apuntó, se evitaría cualquier posibilidad de que las fuerzas policiacas incursionaran en ese municipio, lo que pondría en riesgo la paz y anularía cualquier acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN. ''Tenemos prisa porque las autoridades de Polhó se deslinden de responsabilidades, porque en caso contrario serían encubridores de homicidas y delincuentes peligrosos. En Polhó, la policía está intentando cumplir con su obligación, tratando de ejecutar las órdenes de aprehensión, pero no está sitiando la comunidad'', indicó.
Justificó las acciones que efectúan la Policía Federal Preventiva, el Ejército Mexicano y otras corporaciones, que ''sólo están aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. No están hostigando al EZLN y no incursionarán en la comunidad sin orden judicial''.
Montoya Liévano reconoció que la PFP ya se encuentra en la zona: ''Vigilan brechas, caminos rurales, carreteras. No sólo buscamos armas en Chenalhó y Chalchihuitán, sino en Chamula y todas las regiones donde hay denuncias sobre la existencia de armas. Salvo la zona de la selva, donde siguen las mismas corporaciones policiacas y militares que operan desde años atrás''.
El operativo actual, explicó, ''durará hasta que dé resultados, hasta que la población rural se sienta tan segura como la que vive en la zona urbana''.
Los elementos de la Federal Preventiva recién llegados instalaron la madrugada del miércoles nuevos retenes a la altura de la comunidad Yacteclum, en Chenalhó, y otro más en la carretera que va de la capital del estado a San Cristóbal, entre otros.
También se reforzaron las bases que la PFP tenía en Comitán y Palenque. En tanto, la corporación realiza patrullajes a pie en veredas y caminos rurales de las zonas indígenas de los Altos.
Según testimonios de pobladores de Palenque, elementos de la Federal Preventiva que arribaron a la entidad por esa ciudad se adentraron por la carretera fronteriza que parte hacia la selva de Ocosingo, para instalarse en Montes Azules.
Ante las anteriores evidencias de falsas emboscadas y la incursión de la PFP en la entidad, legisladores estatales del PAN y del PRD denunciaron que el gobierno federal pretende crear un falso clima de violencia e incertidumbre en el estado, para justificar la incursión de las fuerzas policiacas y enrarecer el clima prelectoral, debido a que se prevé la derrota del partido oficial.
A nombre de las fracciones parlamentarias, el legislador perredista José Juan Ulloa Pérez acusó a la Secretaría de Gobernación de utilizar a las autoridades estatales para crear nuevos conflictos en la entidad: ''Es una clara estrategia que pretende desestabilizar al estado y así poder incrementar el número de efectivos de las fuerzas policiacas. El objetivo es crear un ambiente de temor e incertidumbre que motive el voto del miedo el próximo 2 de julio, y así (lograr que) el candidato oficial resulte ganador'', señaló.
Ulloa Pérez dijo que dicha estrategia de ''intimidación'' se da ante las evidencias de que los candidatos del PRI a la Presidencia de la República y al gobierno del estado no cuentan con la mayoría de la preferencia del electorado.
''Están ya preparando el ambiente para el 2 de julio. No es una coincidencia que los anuncios sobre las presuntas emboscadas las dé el propio procurador, y luego él mismo se desmienta cuando ya llegaron a la entidad las fuerzas policiacas", concluyó el legislador.