JUEVES 11 DE MAYO DE 2000
* Así lo establece un documento interno de la Secretaría de Gobernación
Coordina el Cisen a Sedena, PGR y Albores en Chiapas
* Cuando los indígenas se matan entre sí, el Estado tiene la obligación de intervenir, se expone
Jaime Avilés * Ante situaciones como la que hoy se vive en los Altos de Chiapas, el Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva y la Procuraduría General de la República actúan ''coordinados por el GCC del Cisen'', sin olvidar que ''deberá quedar claro ante toda la clase política que cuando los indígenas se matan entre sí, el Estado tiene la obligación de intervenir'', de acuerdo con un documento de Gobernación que obra en poder de La Jornada.
Presentado en julio de 1998 al presidente Ernesto Zedillo por Francisco Labastida, entonces titular de Gobernación, el documento establece que ''este objetivo habrá de lograrse sin dejar de hacer valer la ley, solamente cuidando meticulosamente que en los operativos de las fuerzas públicas no se generen situaciones de violencia o hechos de sangre donde mueran indígenas''.
El texto, literalmente, señala: ''Habrá que afinar, más aún, la coordinación que existe entre las dependencias del gobierno federal (relacionadas con la seguridad) y el gobierno del estado, a través del GCC que preside el Cisen, con objeto de que el gobierno del estado pueda seguir cumpliendo con su responsabilidad de hacer valer la ley, sin que la Cocopa pueda argumentar que el gobierno federal no está cumpliendo con el paquete de distensión''.
El GCC es el Grupo de Control Central, una especie de ''estado mayor'' del Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen), y según se desprende de la citada fuente, coordina en Chiapas las operaciones del Ejército Mexicano, la PGR y, desde hace meses, la Policía Federal Preventiva, que el martes irrumpió en los Altos de Chiapas, después de tres hechos de armas en los que perecieron varios indígenas.
Al aprobar esta estrategia, la administración de Zedillo acordó impulsar una política de dos caras: por una parte, atribuir al ''gobernador'' Roberto Albores las acciones de fuerza ų''desmantelar municipios autónomos, desbloquear carreteras, ejecutar órdenes de aprehensión''ų, y al mismo tiempo mantener, desde Los Pinos, una aparente e invariable disposición al diálogo. La siguiente cita es textual:
''El objetivo fundamental de la presente coyuntura es mostrar la capacidad de tolerancia y la disposición al diálogo y negociación del Gobierno Federal'' (página 5, párrafo cuarto de la 'nota informativa' titulada Actualización de la estrategia para Chiapas en la presente coyuntura, fechada el 29 de junio de 1998).
Un plan de guerra
Hoy candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa asumió la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 1998, dos semanas después de la matanza de Acteal, donde gatilleros priístas asesinaron a 45 indígenas. A su llegada a Bucareli, el sinaloense anunció que en breve pondría en marcha una ''nueva política'' para Chiapas. Esta, en realidad, simplemente prosiguió con la guerra de contrainsurgencia aprobada por Zedillo desde los primeros meses de 1995, cuando los paramilitares del grupo Paz y Justicia iniciaron sus actividades criminales en el norte de la entidad.
El 3 de febrero de 1998, Labastida Ochoa entregó a Zedillo, en sesión de acuerdo presidencial celebrada en Los Pinos, ''una nueva estrategia'', cuyos objetivos eran (y son) los siguientes: ''A. Objetivos de Estado: 1. Preservar la integridad y la soberanía del Estado nacional. 2. Lograr una paz justa que atienda las causas que originaron el conflicto. 3. De no lograr la paz, generar las condiciones para que el conflicto no detenga la marcha normal del país y evitar que el gobierno de la República pague costos mayores''.
Asimismo, planteó cuatro objetivos operativos: "1. Restablecer en Chiapas el Estado de Derecho. 2. Construir la estabilidad política en las tres zonas del conflicto. 3. Focalizar acciones de gobierno en las tres zonas rezagadas para promover su desarrollo social y económico. 4. Elaborar una nueva política de comunicación social que mejore, ante la opinión pública, la posición del gobierno respecto al conflicto de Chiapas''.
Una vez aprobado este esquema, el régimen intensificó de inmediato el hostigamiento militar contra las comunidades zapatistas, inaugurando los vuelos rasantes que hoy forman parte de la vida cotidiana en la selva Lacandona. Al mismo tiempo, el nuevo ''gobernador'' chiapaneco, Albores Guillén (compadre de Labastida), lanzó una ofensiva contra los observadores extranjeros (recuérdese la incursión aérea de Lolita de la Vega en La Realidad, febrero de 1998) y una escalada contra los municipios autónomos del EZLN, que fue estrenada con la ocupación de Taniperla, el 10 de abril del mismo año.
''Ante los acontecimientos de los meses anteriores'', prosigue el documento de marras, ''el 13 de abril (de 1998), y en acuerdo con el C. Presidente de la República se llegó a la conclusión de que... había que desenmascarar a la Conai (Comisión Nacional de Intermediación) con el propósito de que, incluyendo las presiones al interior de la Iglesia, Samuel Ruiz renunciara a su pretensión mediadora y la Conai se autodisolviera; que era conveniente proponer el diálogo directo con el EZLN con objeto de no introducir intereses protagónicos adicionales; y de que había que intensificar las acciones restablecedoras del Estado de Derecho en algunas zonas de Chiapas, como desbloquear carreteras, impedir el cobro ilícito de impuestos, desmantelar los municipios autónomos y reforzar la vigencia de la legislación migratoria''.
Todo ello, como es fácil constatarlo, se cumplió al pie de la letra. El 15 de abril de ese año, 13 observadores extranjeros fueron expulsados del país; el 1o. de mayo fue ocupado militarmente el municipio autónomo de Amparo Aguatinta; el 11 de mayo fueron expulsados 134 observadores italianos; el 10 y 11 de junio, el Ejército y la policía de Seguridad Pública atacaron las comunidades de Unión Progreso y Chevajeval (municipio de El Bosque); el 12 de junio Samuel Ruiz García renunció a la Conai y ésta se autodisolvió, y en todo ese periodo, 114 indígenas simpatizantes del EZLN fueron encarcelados en el penal de Cerro Hueco, en acciones ''restablecedoras del Estado de Derecho''.
Los buenos y los malos
El documento de Gobernación que resume las posturas oficiales aquí referidas, cuenta su propia historia. El 29 de junio de 1998, dos semanas después de la matanza de El Bosque (donde ocho indígenas fueron asesinados por agentes de Seguridad Pública en el camino a Tuxtla Gutiérrez), el coordinador de asesores de Labastida, Adolfo Orive Bellinger, un ex maoísta de los años 80 que había hecho trabajo ''subversivo'' en Chiapas una década atrás, presentó al actual candidato presidencial del PRI el texto llamado ''Actualización de la estrategia para Chiapas en la presente coyuntura''.
Labastida lo aprobó el 13 de julio de 1998, día en que ordenó a su secretario particular, Alberto Reza Saldaña, que se lo devolviera a su autor con las siguientes indicaciones: ''Ing. Adolfo Orive Bellinger, coordinador de asesores del secretario del despacho. Presente. Por medio de la presente, me es grato enviar a usted nota titulada Actualización de la estrategia para Chiapas en la presente coyuntura. Lo anterior a fin de incluirla en el próximo Acuerdo Presidencial. Sin otro particular, le envío un cordial saludo''.
Por lo que viene enseguida, se infiere que Labastida sometió el plan a la consideración de Zedillo y éste lo aprobó en sus términos. Pero en su exposición de motivos, el texto recuerda:
''La muerte de indígenas en el municipio de El Bosque (y el retorno, por el gobierno del estado, de los cadáveres en un estado humanamente inaceptable); la autodisolución de la Conai (incluyendo la renuncia de Samuel Ruiz a la mediación), y los llamados al diálogo directo por parte del Presidente de la República en sus giras a Chiapas, hacen aconsejable tomar medidas que actualicen la estrategia, enfatizando la disposición al diálogo y a la negociación del gobierno federal. La Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) se ha ofrecido a ello y los integrantes del PAN han mostrado una franca actitud de colaboración''.
Y agrega: ''Sin embargo (...) la información disponible, así como las acciones llevadas a cabo por el EZLN y los integrantes prominentes de la diócesis de San Cristóbal, hacen ver que lo más probable es que no deseen en el futuro próximo negociar la paz y que, incluso, estén intensificando su trabajo para desestabilizar zonas y generar provocaciones que le ocasionen problemas serios al gobierno federal, le resten credibilidad y contribuyan a que se pierdan las elecciones en el año 2000''
Como salta a la vista, Labastida y su equipo ofrecieron a Zedillo una visión paranoica y a todas luces falsa, para intensificar la guerra tanto contra el EZLN como la iglesia de Samuel Ruiz. Y argumentar lo siguiente: ''La experiencia en Chiapas en los últimos años ha demostrado que cualquier suspensión larga del mandato constitucional que el gobierno del estado tiene de hacer valer la ley, sobre todo en aquellos casos que impliquen hechos de sangre, equivale a permitir que incremente la violencia en el mediano y largo plazos, por el agravamiento de la impunidad, haciendo que los costos para la gobernabilidad democrática (sic) sean mayores'' (página 4, párrafo tercero).
Añade el texto: ''Aun cuando declaraciones públicas del gobierno del Estado (léase Albores, nota de J.A.) manifiesten correctamente que corresponde a los chiapanecos velar por el cumplimiento del estado de derecho en su entidad (La Jornada, 26 de junio de 1998), habrá que afinar, aún más, la coordinación que existe entre las dependencias del gobierno federal (relacionadas con la seguridad) y el gobierno del estado, a través del GCC que preside el Cisen, con objeto de que el gobierno del estado pueda seguir cumpliendo con su responsabilidad de hacer valer la ley, sin que la Cocopa pueda argumentar que el gobierno federal no está cumpliendo con el paquete de distensión''.
Como es evidente, Labastida propuso, y Zedillo aceptó, que el ''gobierno'' de Albores Guillén ųapoyado por el Ejército, la PGR y, ahora, la PFPų hiciera el papel del malo de la película, para que Zedillo, ''en sus giras a Chiapas'', pudiera seguir hablando de ''disposición al diálogo'', sin provocar las críticas de la Cocopa. Todo ello, como apunta el propio texto, con la ''franca actitud de colaboración del PAN''.
El ''paquete de distensión'' que alude el texto, en realidad es un anexo, dividido en cuatro cuadros, sobre ''los llamados municipios autónomos'', la ''reconciliación regional y comunitaria'', el ''mejorar los sistemas de justicia'', y ''reagrupamiento de unidades del Ejército y el diálogo directo con el EZLN''.