JUEVES 11 DE MAYO DE 2000
* Su objetivo es inhibir el voto: Centro Las Casas
Busca el gobierno desatar de nuevo la violencia en Chiapas
* Extraño, que ante hechos aislados opere un plan de desarme
* No descarta que un grupo paramilitar sea autor de los ataques
Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 10 de mayo * Las acciones emprendidas por los gobiernos federal y estatal en respuesta a los hechos sangrientos ocurridos en días recientes "parecen diseñadas para conducir a una nueva escalada de violencia en Chiapas", afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En un comunicado, el organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz, añade que lo anterior, aunado al "clima de tensión creado por la intención declarada de reubicación forzosa de comunidades en la región de Montes Azules, hacen surgir fundadas sospechas de que no se trata de hechos aislados y casuales".
Después de un amplio análisis de la situación, asevera que el hecho de que exista un Plan de Seguridad 2000, "que de pronto se pone en marcha ante supuestos casos aislados del orden común, según las autoridades, es otro elemento que hace pensar en un proyecto prefabricado para desatar la violencia, y entre otras cosas, crear un clima de tensión prelectoral que inhiba a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a votar".
En contra de lo que aseguran las autoridades estatales, en el sentido de que simpatizantes zapatistas son los responsables de la emboscada del domingo pasado, el Fray Bartolomé manifiesta que "no es posible descartar de la investigación la hipótesis de que se trate de un grupo paramilitar".
Sostiene que las declaraciones de la Procuraduría de Justicia estatal, respecto a que los sucesos de sangre de los últimos días no tienen tintes políticos, "son puestas en tela de juicio por la exagerada movilización de la fuerza pública ųpoliciaca y militarų y por la pretensión de aprovechar la ocasión como pretexto para realizar una campaña de desarme que tiene como objetivo central la comunidad zapatista de Polhó".
Subraya que resulta "altamente sospechoso que las autoridades estatales y federales nunca hayan planteado una campaña similiar de desarme, a pesar de las múltiples denuncias de hostigamiento, amenazas y agresión por parte de grupos paramilitares que mantienen en el desplazamiento forzado a cerca de 20 mil tzotziles de Chenalhó, y en cambio, ordenan una desmesurada movilización policiaco-militar por algo que ellas mismas consideran un delito del fuero común, precisamente cuando un inculpado pertenece presuntamente al municipio autónomo de Polhó".
Según el organismo, "contrasta también la cantidad de denuncias ampliamente documentadas contra los paramilitares con la solitaria y endeble acusación contra el habitante de Polhó", que es acusado de haber participado en la emboscada del domingo anterior, que dejó un saldo de tres muertos y dos heridos.
"Las autoridades proceden sobre la base de esta última y no con base en las primeras denuncias, lo cual demuestra una vez más la parcialidad de la política con la que se aplica la ley en Chiapas", expresa.
En el boletín de dos cuartillas, la ONG destaca que "tampoco se puede pasar por alto el hecho de que en el pasado, incidentes similares han sido utilizados por el Estado para desatar una violencia mayor con el pretexto falaz de restablecer el estado de derecho, y con el argumento de reparar una injusticia se cometen otras mayores, incluyendo nuevas ejecuciones", como ocurrió con la matanza de El Bosque, en junio de 1998.
La movilización de 500 policías estatales, miles de soldados y cientos de agentes federales preventivos "trae a la memoria la conclusión que sobre el caso de El Bosque hizo la relatora especial de las Naciones Unidas, en el sentido de que las autoridades incurrieron en el "uso excesivo y desproporcionado de la fuerza", violando los "principios básicos sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" de la ONU.
Afirma que la gran reserva moral de Chiapas y del país se encuentra en las comunidades indígenas; "la violencia entre ellas es generalmente inducida desde fuera y es manipulada como una estrategia de contrainsurgencia y de control político".
Pide que se investiguen los hechos, que el Ejército Mexicano se mantenga al margen, que se contemple una campaña de desarme que incluya el desmantelamiento de los paramilitares y que se cumplan la Ley para el Diálogo y los acuerdos de San Andrés.