Derechos humanos y política de Estado

* Miguel Concha *

La seguridad ciudadana es uno de los reclamos persistentes de la sociedad. Paradójica y supuestamente, también en nombre de esa seguridad, en los últimos años se han deteriorado de manera alarmante los derechos humanos en México. Violaciones propias de un régimen autoritario y militar ocurren casi a diario en un país que se dice en transición a la democracia. La Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los derechos para todos", que integra 52 organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos en 17 estados de la República, sostiene con razón que sin garantías individuales no hay seguridad, y sin derechos humanos no hay democracia.

Para contribuir en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, está presentando en estos meses a la ciudadanía, partidos políticos, candidatos a la Presidencia y poderes de la Unión, una agenda mínima de justicia y derechos humanos, con el propósito de promover que el respeto a las garantías básicas sea una auténtica política de Estado.

Como fundamento para garantizar la seguridad ciudadana que tanto se anhela, se propone igualmente con razón que es indispensable asegurar en forma mínima los siguientes derechos: Derecho a la verdad y la seguridad; Derecho a un juicio justo; Derecho a la reparación del daño y a la readaptación; Derecho a la equidad social; Derecho a la información y rendición de cuentas, y Derecho a defender los derechos humanos.

Como se ve, estos derechos hoy vulnerados están íntimamente ligados a la procuración y administración de justicia, al papel que hoy desarrollan las fuerzas armadas, a la discriminación que viven los pueblos indios en México y sus comunidades, a la indignidad con la que se trata a los presos y a los ataques que sufren los defensores de los derechos humanos. La agenda por lo mismo refleja la problemática que hoy generan la impunidad, la desigualdad y la injusticia, temas apremiantes e impostergables para la nación.

Es, sin embargo, preocupante que el tema explícito de los derechos humanos, tomados sobre todo éstos en su integralidad e indivisibilidad, haya quedado hasta ahora casi completamente fuera de los discursos y compromisos de todos los candidatos a la Presidencia de la República y a las gubernaturas de los estados, y por ello se les está emplazando como primer paso a que se pronuncien y comprometan con esta agenda, que si bien es mínima, puesto que no abarca un sinnúmero de otros derechos también importantes, recoge los trabajos y las experiencias de muchos años de estas 52 organizaciones civiles nacionales, y sobre todo las aspiraciones de un gran número de ciudadanos y ciudadanas.

Consciente no obstante de la necesidad de fortalecer una cultura de derechos humanos en México, y del imperativo de reconstruir democráticamente las instituciones del Estado, la Red impulsará también a largo plazo esta agenda, en las diversas regiones en las que tiene presencia.

Para cubrir a corto plazo los seis ejes de su agenda, la Red estuvo impulsando en abril el derecho a la equidad social, que implica estructuralmente entre otras cosas el reconocernos y aceptarnos como una nación pluricultural y pluriétnica, en un marco legal consecuente que reconozca la existencia de los pueblos indios y sus derechos colectivos. Sin abandonar esto, en mayo se está impulsando el derecho a la verdad y a la seguridad, el derecho a un juicio justo, y el derecho a la reparación del daño y a la readaptación.

El derecho a la verdad y a la seguridad es uno de los requisitos para acabar con la impunidad, y por ello es indispensable que los responsables de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos ųque no son más que delitos con responsabilidad estatalų no escapen a la justicia. La sociedad tiene derecho además a saber quiénes son y qué delitos cometieron. El derecho a un juicio justo es otro de esos requisitos, y para ello es necesario que se cuente con mejores garantías de seguridad ciudadana y con un Poder Judicial independiente que defienda a las víctimas y procese con justicia a los responsables. Para garantizar el tercero de estos derechos hay que ampliar la legislación y reformar la Ley del Sistema Penitenciario. De ello nos ocuparemos en otra ocasión. *