SABADO 13 DE MAYO DE 2000
* Incomunicada Bogotá con el norte de Colombia
Dejan las protestas cívicas pérdidas por más de 12 mdd
* Se reunió Pastrana con el subsecretario de Estado Pickering
Afp, Ap y Dpa, Santafé de Bogotá, 12 de mayo * Pérdidas económicas por más de 12 millones de dólares han provocado las dos protestas cívicas que comenzaron el pasado miércoles en el centro y norte de Colombia, ya que son acompañadas por bloqueos de las más importantes carreteras y vías de ferrocarril.
Se hallan obstaculizadas las principales vías que comunican a Bogotá con el norte del país, así como la vía férrea que sirve para la salida del carbón que proviene de minas de La Guajira y que afecta las exportaciones al vecino Venezuela, como resultado de una protesta política en un caso y de carácter comercial en otro.
Una de las protestas, en repudio por la decisión del gobierno de desmilitarizar una zona entre Bolívar y Antioquia para las pláticas de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se centra en por lo menos 12 municipios aledaños al río Magdalena, el principal de Colombia, una región que conecta el centro con el norte del país.
Los habitantes, que son apoyados por la mayoría de los alcaldes de la región y zonas circunvecinas, se oponen a la desmilitarización de los municipios de Cantagallo y San Pablo, en Bolívar, y Yondó, en Antioquia, para la realización de las pláticas.
Mientras tanto, se informó que los tres primeros días de protestas arrojaron pérdidas por 7.5 millones de dólares.
Más de mil camiones con carga permanecen parados en las carreteras, acumulando pérdidas millonarias y sin que todavía se concrete un diálogo con las autoridades para levantar la medida de fuerza.
Aunque, se dijo, promotores de la protesta aceptaron en las últimas horas que pasajeros transbordaran de unos autobuses a otros para permitir su tránsito.
El otro paro-protesta estalló el mismo miércoles en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, en rechazo a la próxima entrada en vigencia de una ley de ingreso de electrodomésticos, licores y cigarrillos, que hoy prácticamente entran de contrabando a Colombia porque no pagan los impuestos correspondientes.
En medio de algunos roces de violencia con la fuerza pública, lo que llevó a imponer el toque de queda en la ciudad fronteriza de Maicao, los manifestantes han bloqueado las exportaciones a Venezuela por las carreteras, que en 65 por ciento salen por la península regional.
Igualmente, se ha visto obstaculizada la exportación de carbón debido al bloqueo del ferrocarril que transporta 60 mil toneladas diarias del desierto de La Guajira hasta el puerto Bolívar, en el Caribe, lo que significa un millón 500 mil dólares diarios.
En tanto que la ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez, calificó las pérdidas de gravísimas, el gobernador de La Guajira, Alvaro Cuéllar, comentó que ésta es la partida de defunción para el comercio de su departamento, y al respecto el gobierno central advirtió que no se puede permitir que continúe el contrabando.
En Cartagena, el presidente Andrés Pastrana recibió al estadunidense subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Pickering, a quien le expresó su "gran preocupación" por la demora en el envío del paquete millonario de ayuda militar antidrogas ofrecido por Washington.
En su breve visita, la tercera desde que Pastrana asumió su mandato, Pickering estuvo acompañado por una nutrida delegación de funcionarios del Departamento de Estado, de las oficinas antinarcóticos, de seguridad, de justicia, de defensa y del Comando Sur.
Además de la molestia por la demora de la ayuda, jefes militares y policiales colombianos están inconformes porque se redistribuyeron 300 millones de dólares destinados a la compra de 30 helicópteros Black Hawk por aparatos Hueys repotenciados.
Incluso el comandante de las fuerzas armadas, general Fernando Tapias, negó que Estados Unidos haya entregado a Colombia municiones inseguras, peligrosas y fabricadas en 1952, al rechazar un reporte del diario The Washington Times.
En tanto, los paramilitares de extrema derecha reconocieron haber asesinado a 12 campesinos en una zona rural de Sabaletas, cerca de Buenaventura, pero justificaron el crimen tras asegurar que eran guerrilleros vestidos de civil y que, además, provocaron 14 bajas en combates con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.