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México, D.F. martes 16 de mayo de 2000
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SLIM Y LAS FUSIONES BANCARIAS

SOL En lo que constituye una declaración desusada, tanto por su procedencia como por la dureza de su tono, el empresario Carlos Slim Helú criticó ayer la pretensión de Banamex de adquirir el Grupo Financiero Bancomer. Tal pretensión, calificada de "cínica" y "vergonzosa" por quien encabeza el mayor conglomerado empresarial del país, tiene, en efecto, muchos aspectos deplorables e inaceptables.

El más obvio es sin duda el intento por conformar un monopolio financiero que, a decir del dueño de Telmex, Sanborns, Inbursa y otras firmas, concentraría cerca de 70 por ciento del crédito en el país. Tal posición desembocaría en uno de dos escenarios: o bien se constituye una entidad que acapara el mercado de servicios financieros y bancarios, con todo y los gravísimos peligros que ello implica para la economía en su conjunto, o bien la probada ineficiencia administrativa de la mayoría de los banqueros desemboca en una nueva catástrofe corporativa -como la que experimentaron los bancos privatizados hace un lustro- que, dadas las dimensiones de la empresa fusionada, provocaría otro severísimo quebranto al país.

Por otra parte, entre los señalamientos de Slim Helú en torno a la pretendida fusión, cabe destacar la profunda inmoralidad que implica el que una entidad bancaria como Banamex, a la cual el gobierno rescató de las consecuencias de su ineptitud -mediante inyecciones multimillonarias de dineros públicos en vez de pagar sus adeudos-, pretenda ahora hacerse del control de su competidor más importante. En efecto, si Banamex tiene los fondos suficientes para semejante adquisición, su obligación moral es destinarlos a saldar las cuantiosas deudas que ostenta y aliviar de esa forma, así sea parcialmente, el peso financiero abrumador que el gobierno endosó a la sociedad y que acota severamente, por décadas, las perspectivas de crecimiento, bienestar y justicia social.

Ha de precisarse que la obligación es moral, y no legal, porque el gobierno y su partido, en connivencia parlamentaria con el PAN, decidieron eximir a los banqueros de tapar el hueco financiero provocado por la confluencia de torpezas oficiales y privadas y también, acaso, a juzgar por el empeño gubernamental en mantener ocultas las operaciones del Fobaproa, por maniobras ilegales y corruptas.

La exasperación social generada por el rescate bancario y por el consiguiente traslado del quebranto a los bolsillos de los contribuyentes se ha traducido en un vasto descrédito para el gobierno, para los propios banqueros y, por extensión, para el empresariado en general.

Tal fenómeno, comprensible, hace difícil percibir los descontentos e inconformidades que diversos ámbitos del sector privado -víctimas también del desfalco, ajenos a toda responsabilidad en la gestación del desastre, y reacios a remediarlo con sus propios impuestos- experimentan ante la consumación de la peor inmoralidad económica que registra la historia del país. Las expresiones al respecto de Slim Helú son ilustrativas de tales descontentos.


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