JUEVES 18 DE MAYO DE 2000

* Era su obligación auxiliar a los indígenas masacrados

Ocho años de cárcel a general retirado involucrado en Acteal

* Santiago Díaz fue hallado culpable de homicidio y lesiones por omisión * También condenaron a 2 ex oficiales de Seguridad Pública

José Galán * El general retirado Julio César Santiago Díaz, involucrado en el homicidio de 45 indígenas ųen su mayoría mujeres y niñosų en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, y los ex primeros oficiales de Seguridad Pública Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez fueron condenados a ocho años de prisión por homicidio y lesiones por omisión, delitos que son considerados graves, por lo que no alcanzan libertad bajo fianza, informó la Procuraduría General de la República.

Agregó que el juzgado del ramo penal en San Cristóbal de las Casas pronunció sentencia condenatoria, dentro del proceso 361/99, en contra del general retirado Santiago Díaz, ex director de la Policía Auxiliar y ex jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública del estado, a quien impuso la pena de ocho años de prisión por considerarlo penalmente responsable de no intervenir en favor de los civiles desarmados, a pesar de que era su obligación.

Los 45 indígenas tzotziles, desplazados y refugiados, simpatizantes del EZLN y pertenecientes a la sociedad civil Las Abejas fueron masacrados y mutilados con armas de fuego y machetes por militantes del Partido Revolucionario Institucional, procedentes de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, de acuerdo con las versiones de heridos y testigos de la matanza, ante la indiferencia de los cuerpos de Seguridad Pública del estado, que entraron en acción casi cuatro horas después de ocurridos los hechos, y a pesar de las advertencias de diversos sectores de la sociedad sobre el peligro inminente de una agresión.

Así quedó demostrado con la actuación de los elementos bajo el mando del general retirado. El día de los hechos, el propio militar se encontraba a la orilla de la carretera de Acteal y, entre las 12:00 y 17:00 horas, escuchó disparos aislados y ráfagas de metralletas, absteniéndose de intervenir y solicitar apoyo a los destacamentos más próximos, "a pesar de tener la obligación de brindar seguridad y protección a los miembros de dicha comunidad. Además, reportó a sus superiores que no había novedad cuando le fue requerida la información sobre la situación que prevalecía en la comunidad", de acuerdo con la información oficial de la PGR.

Ese mismo día, a pesar de negar insistentemente que había muertos en Acteal, la administración del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro estableció un operativo coordinado por el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín Gálvez ųdurante muchos años brazo derecho de Eraclio Zepeda, recién nombrado embajador der México ante la UNESCOų, y por el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, que tuvo por objetivo, según el concejo autónomo zapatista de Polhó, borrrar los rastros de los muertos para poder manejar a su antojo el número de decesos.

Cabe señalar que cerca de las 14 horas de ese lunes, Homero Tovilla Cristiani, entonces secretario de Gobierno, y el propio Uriel Jarquín fueron notificados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas de los hechos violentos que ocurrían en esos momentos en el campamento de desplazados de Acteal, según informes de la sociedad civil Las Abejas.

Los funcionarios se comprometieron a investigar y dar una respuesta, pero a las 18 horas Tovilla Cristiani se comunicó a la diócesis para informar que la situación en la comunidad de Acteal estaba controlada y que sólo se escucharon "unos tiros".

La masacre ya había tenido lugar, y cuando llegó la Cruz Roja descubrió los cuerpos de un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres, además de 25 heridos y por lo menos cinco desaparecidos.

La sentencia en contra del general retirado y dos asistentes fue confirmada por la sala regional mixta del Tribunal Superior de Justicia del estado, en la toca penal 107/2000 del 5 de abril del año en curso.