VIERNES 19 DE MAYO DE 2000
* Evaden indagar denuncias: ONG estadunidense
Autoridades generan impunidad
para cazadores de migrantes
* No se han presentado cargos formales, alegan funcionarios
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, y David Aponte, enviado, Washington, 18 de mayo * Autoridades de seguridad pública del sur de Arizona confirmaron hoy a La Jornada que han recibido denuncias por violaciones a los derechos humanos de migrantes, pero aclararon que no se han presentado cargos formales contra ciudadano alguno, pues los denunciantes prefieren regresar a México.
"Están cerrando los ojos", acusó la activista local Isabel García, quien trabaja para el Proyecto de Derechos Fronterizos de Arizona-Derechos Humanos. "Las autoridades no están encaminando las debidas investigaciones a estas denuncias".
Entrevistada vía telefónica, García agregó que los inmigrantes que acusan a rancheros o a otros ciudadanos de violar sus derechos son entregados inmediatamente a la Patrulla Fronteriza, la cual les presenta la opción de permanecer detenidos mientras promueven sus quejas o regresar a México.
Pero funcionarios estadunidenses alegan que las denuncias son frecuentemente confusas y difíciles de investigar. Carol Capas, una vocera del departamento del sheriff del condado Cochise, comentó a este diario que han recibido "unas decenas" de informes de inmigrantes que habían sufrido agravios por parte de rancheros u otros ciudadanos al ser detenidos por éstos en el sur de Arizona.
"En cada uno de estos casos procedemos a tomar declaraciones de los inmigrantes sobre los detalles de su queja", declaró Capas.
Según Ron Daniels, vocero de la Patrulla Fronteriza en Tucson, los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) también hacen videograbaciones de las declaraciones de esos migrantes.
"Hacemos que copias de las mismas estén a disposición del departamento del sheriff y del consulado de México", comentó este jueves Daniels.
Pero en ninguno de estos casos, indicó Capas, los migrantes han estado dispuestos a promover los cargos. Confirmó lo dicho por la defensora de derechos humanos García, de que los quejosos casi siempre enfrentan la posibilidad de permanecer encarcelados mientras procede su denuncia o la opción de regresar a México.
Hasta la fecha, abundó, todos los mexicanos que han presentado denuncias por violaciones a sus derechos humanos han optado por regresar a su país.
Además, no está claro lo que constituye una violación legal de los derechos humanos de los migrantes en Arizona. "Personas que incursionan en tu propiedad sin tu conocimiento o acuerdo están ingresando sin permiso. Uno tiene todo el derecho de defender su propiedad", manifestó la vocera Capas.
"Los rancheros ųañadióų tienen un derecho legal de detener a la gente, pero si uno desenfunda un arma o los amenaza, eso es un asalto".
Capas refirió que en dos casos en estos últimos seis meses, los granjeros han disparado sus armas al aire para detener el movimiento de migrantes, y en ambas ocasiones el departamento del sheriff preparó informes para el fiscal federal en el condado Cochise, a fin de presentar cargos contra los rancheros por "asalto agravado", pero el funcionario declinó promover las acusaciones.
El vocero Daniels manifestó a La Jornada que la Patrulla Fronteriza ha informado a los rancheros y a otros ciudadanos que se enfrentan con migrantes que sólo deben reportarlos al SIN.
"Desalentamos y no apoyamos o condonamos de ninguna manera la detención de inmigrantes", añadió Daniels.
Pero los granjeros argumentan que no tienen otra opción. El ranchero Roger Barnett declaró a este diario que él y su hermano han detenido a más de 3 mil inmigrantes en su rancho durante los últimos dos años, y se quejó de que la Patrulla Fronteriza no ha logrado ser más efectiva para detener estos flujos.
La Patrulla Fronteriza reconoce que el número de inmigrantes que ingresan por esas zonas se ha incrementado 43 por ciento, lo cual ha ocasionado serios problemas. En el condado Cochise, con una población de 100 mil personas, la dependencia detuvo a casi 300 mil migrantes el año pasado.
Sin embargo, el abogado Jesús Romo, también integrante del grupo Derechos Humanos, sostiene que el flujo de gente no puede ser utilizado como un pretexto para suspender la Constitución. "La ley del estado de Arizona afirma que uno no puede realizar un arresto ciudadano, a menos que sea testigo de una violación de la paz", indicó a La Jornada. "El ingreso no autorizado a la propiedad privada no es una violación de la paz".
Isabel García consideró que en vez de atender de raíz las causas de este problema ųel fracaso de la políticas migratoriasų las autoridades locales están ignorando las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, ya que no desean ofender a los residentes locales, el electorado que determina sus puestos locales.
Acusó al departamento del sheriff y a la Patrulla Fronteriza por su fracaso en llevar a cabo investigaciones a fondo de las denuncias de los migrantes, generando así un clima de impunidad para los rancheros.
El abogado Romo agregó que las autoridades locales también tienen la obligación de notificar al consulado mexicano cuando sospechan de violaciones a los derechos humanos de migrantes, algo que casi nunca sucede.
Advirtió que estos problemas podrían resultar en una tragedia si algo no cambia. La vocera del departamento del sheriff, Capas, está de acuerdo. "La situación está hirviendo", dijo.
* Se investiga la presencia de miembros del grupo racista, informa sheriff
El Ku Klux Klan alentaría las agresiones en Arizona
Cristóbal García Bernal, corresponsal, Hermosillo, Son., 18 de mayo * La participación de los grupos racistas del Ku Klux Klan en la cacería de indocumentados que se ha desatado en los últimos días en la frontera con México por parte de rancheros de Arizona no ha sido descartada.
El sheriff del condado de Santa Cruz, Arizona, Antonio Estrada, indicó que se ha emprendido una investigación luego de que en la reunión celebrada el pasado fin de semana se detectó la presencia de algunos miembros de esa organización.
Señaló que han reforzado las tareas de los agentes policiacos del condado para impedir que continúen los actos de esta naturaleza, como ocurre en el condado de Cochise, donde los granjeros han tomado la justicia en sus manos, arguyendo la protección de sus tierras y sus familias.
No obstante, agregó que también los rancheros de Santa Cruz han presentado sus quejas sobre la presencia de indocumentados por sus propiedades, empero, no han llegado al extremo de la violencia o las aprehensiones ilegales, como ocurre en la zona sur de Arizona.
Aseveró que en la frontera de Douglas-Agua Prieta, los rancheros han realizado la detención ilegal de por lo menos mil indocumentados, lo que ha provocado una verdadera tensión en esa región, por lo que las relaciones entre ambos países pueden debilitarse si no se pone freno a la cacería.
En tanto, el coordinador de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona, José Matus, sostuvo que la postura de los rancheros está despertando a los grupos del Ku Klux Klan y otras organizaciones conocidas como "la milicia", lo cual ha generado tensión en la frontera.
Las organizaciones racistas pudieran estar aprovechando la situación para radicalizar las acciones de detención de los migrantes indocumentados.
Visita el gobernador de Sonora
a mexicano baleado
Luego de un mes de que Cipriano Ramírez Anaya ingresara al Hospital General del Estado (HGE) tras haber recibido un impacto de bala en el glúteo derecho por parte de rancheros de Arizona, el gobernador Armando López Nogales le hizo una visita de cortesía en el nosocomio donde convalece.
Posteriormente, Ramírez Anaya declaró durante una entrevista que el mandatario sonorense no se comprometió a brindarle ningún tipo de ayuda.
Aseveró que el jefe del Ejecutivo estatal únicamente le dijo que era una visita que estaba realizando a algunos enfermos, aprovechando su presencia en el hospital, al que acudió a presidir la entrega de reconocimientos a algunos médicos investigadores.
Ramírez Anaya ųquien se encuentra en el área de cirugía de hombres y convalece de la herida en la cama 16 del HGEų expresó que junto con sus abogados analiza la posibilidad de interponer una demanda contra los granjeros de Arizona o quien resulte responsable de la cacería "inhumana" que se realiza contra migrantes indocumentados.