VIERNES 19 DE MAYO DE 2000

Montes Azules: imposible conservar sin desarrollo y viceversa

* Víctor M. Toledo* *

Una vez más, como ha venido sucediendo en las últimas décadas, cobra relevancia nacional el conflicto entre quienes demandan la protección del rico patrimonio biológico revelado por la investigación científica (conservacionistas) y quienes, por una razón u otra, habitan dentro, cerca o alrededor de aquellos territorios protegidos por decreto (ejidos y comunidades indígenas). Aun hoy, Montes Azules no es un caso excepcional, conflictos similares existen en estado latente en la sierra de Manantlán (Jalisco), la reserva de la mariposa monarca (Michoacán), la sierra de Santa Marta (Veracruz), la reserva de Calakmul (Campeche) o en El Pinacate (Sonora).

Existen dos explicaciones. La visible: la gran mayoría de las áreas naturales protegidas (ANP) de México se establecieron, por decreto, literalmente encima de los territorios de las comunidades locales, las cuales ya existían por cientos, a veces miles de años. Después de todo, los actuales habitantes rurales de México son los descendientes directos de las antiguas culturas de Mesoamérica.

La segunda explicación se entiende por la primera. No sólo en México, sino en la mayor parte del sur del planeta, las regiones biológicamente más ricas coinciden con las áreas habitadas desde tiempos inmemoriales por esas culturas legendarias que hoy llamamos pueblos indígenas. Tremenda singularidad: en el planeta Tierra la diversidad biológica cohabita, fruto de procesos de evolución compartidos, con la diversidad de culturas (unas 6 mil distinguidas lingüísticamente). Naturaleza y cultura aparecen entonces como una realidad amalgamada. De ahí surge un axioma biocultural que, en el caso de México, se hace realidad en buena parte del centro y sur, y que adquiere su máxima expresión en Oaxaca (la entidad biológicamente más rica): la conservación de la biodiversidad es imposible sin la participación de las mil 406 comunidades que manejan 72 por ciento del territorio y en las cuales se hablan 104 lenguas y dialectos.

Lo anterior permite arribar a una conclusión incuestionable: la conservación de la biodiversidad será posible en la medida en que reconozcamos, convalidemos y mantengamos la diversidad cultural; y esto se traduce en algo tan concreto como respeto, bienestar y autonomía, es decir, desarrollo endógeno y alternativo, para las comunidades rurales. Lo que sucede en Montes Azules es entonces expresión de lo contrario. En la última década, muchas comunidades rurales que habitan regiones habilitadas como ANP han empeorado a consecuencia de fenómenos surgidos en el entorno nacional e internacional, como la cancelación del reparto agrario auspiciado por las reformas salinistas a la ley agraria (hacia 1997 se estimaba en 2.8 millones la población rural sin tierra), la agudización del intercambio desigual entre los productores del campo y el sector urbano-industrial (cada vez se compra más caro y se vende más barato), y la propia dinámica demográfica, que ha incrementado la presión sobre los recursos naturales locales.

ƑCómo conciliar entonces los intereses legítimos de la nación (protección del patrimonio biológico) con los intereses igualmente legítimos de las comunidades rurales (mantenimiento del patrimonio cultural)? La respuesta surge contundente: reconociendo que sólo es posible conservar desarrollando y que un desarrollo social que dilapida su propia base material (biodiversidad y otros recursos naturales) termina anulándose, todo lo cual constituye una manera de conciliar lo ''natural'' con lo ''rural''. De hecho, como mostramos en un libro recientemente terminado (La paz en Chiapas: ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa), la negación de ese paradigma fue lo que en el fondo desencadenó la crisis regional en Chiapas, con sus posteriores consecuencias, de tal suerte que la deforestación y la marginación de las comunidades se volvieron los indicadores claves de una modernización depredadora y excluyente.

Si se acepta que conservación y desarrollo constituyen fenómenos inseparables, entonces los manifiestos que han estado exigiendo la protección de Montes Azules y la selva Lacandona resultan, más que ingenuos o sospechosos, incompletos. ƑNo habría que exigir también pronunciamientos y acciones inmediatas para revertir el creciente deterioro social de las comunidades rurales, agudizado aún mas por la presencia del Ejército? ƑNo habría que demandar apoyos suficientes para las ANP, incluyendo apoyos financieros para el desarrollo local y regional? [Este año la Semarnap destinó la ridícula suma de 148.3 millones para sufragar 117 ANP, con una superficie total de 12.7 millones de hectáreas!]. En fin, Ƒno habría que trabajar rápida y seriamente en un programa nacional de investigación científica (básica y aplicada) dirigida a la restauración ecológica y social de las regiones prioritarias? [Hoy los investigadores en ecología del país navegan en un escenario de política científica errático y que carece de programas y objetivos sociales bien definidos].

Pero tan limitada resulta una reclamación por la conservación biológica que no apele al desarrollo alternativo de las comunidades, como una demanda de desarrollo rural (incluidas las exigencias de autogobierno local y de autonomías regionales) que no contemple, como punto nodal, la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y de los recursos naturales locales y regionales. La razón: todo proceso de desarrollo comunitario debe caminar a partir del aprovechamiento inteligente y justo de sus propios recursos locales. Pero esta nueva perspectiva que significa ųteórica y prácticamenteų transitar ya por los caminos de una modernidad alternativa, sólo será posible para el caso de Montes Azules en la medida en que se resuelva para bien de la nación y de los mexicanos el conflicto chiapaneco. Y esto significa tanto la inmediata desmilitarización de la región, como un regreso a las negociaciones. *

*Investigador del Instituto de Ecología, UNAM. E-mail: [email protected]