SABADO 20 DE MAYO DE 2000

Ť Cuatro internos testificaron los hechos, confirma el fiscal Roberto Pérez


Inició la PGJDF averiguación previa por la tortura a Valencia en el penal de Perote

Ť Podría ser citado a declarar el ex titular de Centros de Readaptación, Miguel Angel Yunes

Josefina Quintero M. Ť A partir de las investigaciones sobre la retractación de Luis Gabriel Valencia de sus acusaciones contra los principales implicados en el caso Stanley, la Procuraduría capitalina inició una averiguación previa por tortura y delitos contra la salud, que involucra a autoridades del penal de Perote, Veracruz, y de la cual ya se dio vista a la PGR.

Así lo informó el fiscal para Servidores Públicos de la PGJDF, Roberto Pérez, luego de precisar que cuatro internos de la cárcel de Villahermosa, quienes fueron trasladados temporalmente a Perote, a consecuencia de las lluvias del año pasado, declararon haber sido testigos de las torturas de que fue víctima Valencia, de manos de custodios que actuaron bajo las órdenes del director de ese reclusorio, Rafael Carvajal.

El funcionario no descartó que las autoridades citen a declarar en fecha próxima al director general de Centros de Readaptación de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Yunes, e incluso al titular de la misma, Diódoro Carrasco.

El testimonio aportado por los internos, dijo el funcionario, refuerza la afirmación de que Valencia fue presionado para cambiar su declaración en contra de Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante, Luis Ignacio Amezcua y Erasmo Pérez Garnica. Además, confirma la denuncia expresada por el ex cocinero de los Amezcua ante agentes judiciales capitalinos, el 8 de diciembre de 1999, dijo.

Vio cuando llevaban al Cocinero a la pileta

En conferencia de prensa, Roberto Pérez informó que a finales de abril se recibió la llamada de un interno del Centro de Readaptación Social de Villahermosa, Tabasco, quien manifestó su deseo de declarar en torno de los maltratos de que fue objeto el ex cocinero de los Amezcua, Luis Gabriel Valencia, pues durante su estancia en Perote observó cuando lo trasladaban al lugar en que castigan a los reos, conocido como la pileta, y escuchó cuando lo golpeaban.

Lo anterior fue ratificado por el testimonio de tres internos más, cuyas declaraciones serán enviadas al juez 55 penal, Rafael Pérez, para que se integren al proceso que se sigue a los implicados en el atentado contra Francisco Stanley.

Los reclusos, que por las inundaciones en Villahermosa fueron trasladados a finales de 1999 al penal de Perote, decidieron acudir a la PGJDF, debido a las injusticias que comete el director de dicho penal, Rafael Carvajal. Además, porque ellos también fueron víctimas de maltrato y torturas.

El funcionario explicó que las declaraciones emitidas por los internos coinciden con las hechas por Valencia López el pasado 8 de diciembre ante agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal en el Centro de Readaptación Social de Puebla.

Según el testimonio de Valencia y de estos internos, en el penal de Perote existe un grupo de reos conocido como La Guardia Blanca, o Estafetas, que se encarga de torturar a los internos por instrucciones del director y el subdirector de la cárcel.

También mencionaron que hay una área donde los internos son golpeados y es conocida como la pileta, que es una cisterna con agua fría donde después de ser sumergidos, son golpeados en los glúteos con una tabla, tal como lo describió Valencia López. También denunciaron que hay un cuarto cerrado donde los mantienen durante varias horas.

Hasta el momento, indicó Roberto Pérez, se tienen dos declaraciones documentadas que fueron enviadas al juez 55 penal Rafael Guerra, donde uno de los internos aseguró haber visto y escuchado cuando Valencia López fue golpeado, y los dos testimonios que faltan serán enviados en el transcurso de la próxima semana.

Otra coincidencia en la declaración de los internos con las de Valencia, precisó Roberto Pérez, es el tráfico de drogas, en especifico la mariguana, que es permitido y apadrinado por el propio director del penal.

Por lo anterior, la PGJDF envió ya un desglose a la PGR, ya que los delitos contra la salud compete investigarlos a dicha dependencia federal.

Asimismo, Roberto Pérez señaló la posibilidad de que el subsecretario de Gobernación Miguel Angel Yunes sea llamado a declarar ante la Procuraduría capitalina.

Igualmente, existe la probabilidad, agregó, de que el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, también comparezca ante la instancia federal. Pero "dependerá de la Procuraduría General de la República si considera prudente y necesario llamarlo".