DOMINGO 21 DE MAYO DE 2000
Ť Militares obstaculizan orden de abrir archivos
Prueba documento cooperación entre dictaduras del Cono Sur
Ť Argentina sí pidió a Brasilia la detención de disidentes políticos
Dpa, Reuters y Afp, Brasilia, 20 de mayo Ť Un documento confidencial del Centro de Informaciones del ejército de Brasil, publicado este sábado por el diario Folha de Sao Paulo, prueba la amplia cooperación del régimen dictatorial castrense de Brasil (1964-1985) con su similar de Argentina, cuyo periodo fue de 1976 a 1983.
El documento, hallado en el Archivo Público de Río de Janeiro, fue emitido por el ejército de Brasil el 5 de octubre de 1976 y se refiere a un pedido de búsqueda de 149 argentinos por parte de las autoridades policiales y militares de Argentina "por haber practicado actos subversivos".
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, Marcos Rolim, resaltó que nunca se había hallado antes un documento de tal dimensión sobre la cacería de extranjeros en Brasil durante la Operación Cóndor, que coordinó la represión entre las dictaduras sudamericanas de la época.
La lista de buscados fue difundida en los organismos de información y represión de las fuerzas armadas, de la policía militarizada, de la policía civil y de la Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro.
Informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, publicados en los últimos días por la prensa local, revelan que Brasil se sumó a la Operación Cóndor en septiembre de 1976, y que se habría limitado a suministrar equipos a la Condortel, la red de comunicación que servía a los gobiernos militares de la región, pero los documentos conocido este día revelan que pocas semanas después de la adhesión los militares brasileños ya buscaban ciudadanos argentinos.
Sin embargo, las leyes militares de Brasil y un cierto malestar entre los responsables de los servicios de seguridad están obstaculizando la apertura de los archivos de las fuerzas armadas durante las décadas de los años 70 y 80, en los que podría confirmarse la existencia de la Operación Cóndor, ideada para la eliminación física de disidentes en "países hermanos".
A pesar de que el presidente Fernando Henrique Cardoso pidió que se investiguen las desapariciones de tres argentinos en territorio brasileño en 1980, como solicitó a la justicia de Argentina, y se aclare si Brasil participó en ese plan, los responsables del ejército se amparan en la ley para retrasar la investigación.
El general Osvaldo Pereira Gómez, experto en legislación militar, declaró al periódico Journal do Brasil que el ejército considera un crimen revelar asuntos secretos, y explicó que para abrir esos documentos y revelar informes hay que enviar al Congreso un proyecto de ley que altere la legislación militar.
Además, el ministro jefe de Seguridad Institucional, general Alberto Cardoso, declaró a la prensa que se opone a la apertura de esos documentos.
Para el presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke, los documentos que demuestran la participación brasileña en la Operación Cóndor existen todavía, pero los militares están poniendo trabas "por miedo a que se ponga el dedo en la llaga".
Marcha del silencio
Mientras, en Uruguay alrededor de 70 mil personas marcharon esta noche por el centro de Montevideo hasta concentrarse en el Monumento a la Paz, en demanda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura que gobernó al país entre 1973 y 1985.
La Quinta Marcha del Silencio, en reclamo de la verdad sobre 175 desapariciones en Uruguay y en otros países de la región, fue convocada por el Movimiento de Madres y Familiares de Desaparecidos, que portaba fotografías de las víctimas.
Varios integrantes de las entidades convocantes reconocieron que el momento político uruguayo difiere en esta ocasión de los años precedentes, ya que el presidente Jorge Batlle, quien asumió el cargo el primero de marzo, comenzó la búsqueda de respuestas sobre estos casos.
Durante la multitudinaria concentración en la capital uruguaya se entonó el himno nacional, y tras prolongar los aplausos durante varios minutos se dispersó.
Finalmente, en Argentina la organización humanitaria Abuelas de la Plaza de Mayo recibió del gobierno del presidente Fernando de la Rúa una partida de 72 mil dólares anuales para reforzar sus investigaciones sobre menores secuestrados durante la pasada dictadura militar.
En el anterior gobierno de Carlos Saúl Menem, las abuelas no sólo no recibieron ayuda oficial, sino que fueron combatidas por el presidente peronista, que veía en ellas a enemigas por su persistente demanda de castigo para los represores.