DOMINGO 21 DE MAYO DE 2000
* Transitar por el estado pone a prueba las leyes y los derechos ciudadanos
Hostilidad y prepotencia, signos de la PFP en Chiapas
* Ninguna autoridad federal ni estatal acepta haber enviado a esa corporación a la zona de conflicto
Hermann Bellinghausen, enviado, Los Altos, Chis., 20 de mayo * Transitar por Chiapas pone a prueba las leyes y los derechos ciudadanos de manera cada día más hostil y extralegal. A diferencia de lo que afirma la propaganda oficial, todo el territorio indígena del estado vive bajo tensión militar, policiaca y paramilitar en contra de las organizaciones independientes, las comunidades en resistencia y numerosos visitantes. Así, mientras los funcionarios federales y estatales intentan ponerse de acuerdo en quién llamó o mandó aquí a la Policía Federal Preventiva, y dónde se encuentra, ésta opera casi invisiblemente en la región. Y se nota.
Oficialmente, según boletinó el gobierno desde Tuxtla Gutiérrez, la PFP estaría destacamentada en la reserva de Montes Azules. También de manera oficial, desde el DF se aseguró que los 400 miembros de dicha corporación llegados a este estado vinieron a resolver un problema entre priístas, y se encuentran distribuidos en Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó, con excepción de 25 agentes que la Secretaría de Gobernación informó retornaron a la capital.
Por lo pronto, el gobernador Roberto Albores Guillén negó categóricamente, el pasado martes, haber solicitado a la PFP en el estado, y aseguró que en Chiapas no se necesitan las armas para resolver los problemas. Gobernación lo desmintió.
El candidato a senador de la alianza opositora, Amadeo Espinosa Ramos, demandó al gobernador ''un reclamo formal a la Secretaría de Gobernación'', para no quedar en un mero ''lavarse las manos''. De lo contrario, su declaración será sólo ''palabrería y demagogia''. Espinosa Ramos dijo que, de ser ciertas las palabras de Albores, ''igualmente evidencia que no es el gobierno de Chiapas el que toma las decisiones para los problemas de la entidad''.
El candidato a senador recordó que Albores se la pasa diciendo que ''las decisiones del estado las toman los chiapanecos'', pero la presencia de dicha policía ''muestra una vez más que las decisiones fundamentales en torno a la política chiapaneca, se diseñan y ejecutan en la Secretaría de Gobernación''. De ser así, ''hay una violación de la soberanía'', declaró el aspirante a legislador por parte de todos los partidos de oposición.
Irrupción de los cascos grises
Antes, se había deslindado de la solicitud de intervención de la PFP la titular de la Semarnap, y a este paso, si nadie fue, habrá que concluir que la Federal Preventiva se mandó sola a Chiapas.
Los indígenas de Polhó aseguran que dicha corporación participa en los patrullajes en carreteras y caminos de Chenalhó, aunque sus uniformes y cascos grises no se vean pasar entre los soldados y la Seguridad Pública. Además, señalan la ''tijera'' que conduce a Pechiquil, como el punto donde acampan las distintas corporaciones policiacas, incluida la PFP.
A lo largo de la carretera Panamericana, en particular el tramo Tuxtla Gutiérrez-Comitán, la PFP efectúa revisiones bajo pretextos viales. Los patrulleros de la Policía Federal de Caminos, adscritos ahora a la PFP, detienen a los automovilistas para realizar interrogatorios que nada tienen que ver con la protección caminera: ''ƑDe dónde viene? ƑA dónde va? ƑQué hace en Chiapas? ƑEs usted mexicano? ƑEn qué trabaja?''
Diversos automovilistas se han quejado de la hostilidad y prepotencia de la Policía de Caminos, o sea la PFP.
En tanto, persisten las amenazas contra decenas de comunidades zapatistas e independientes en la reserva de la biosfera de Montes Azules, impermeables a las retractaciones estatales y federales. Simultáneamente, se ha desatado una campaña propagandística que se apoya en organizaciones ecologistas, nacionales y extranjeras, con intereses probados en la reserva (y no sólo de tipo científico, sino sobre todo comercial y de titularidad de derechos intelectuales sobre los recursos bióticos, y esto al margen de las comunidades indígenas). Incendios que no hay, sirven de justificación para presionar militarmente a los indígenas.
Copados, caminos y carreteras
El Ejército federal, así como las policías Federal Preventiva, Federal de Caminos, Seguridad Pública, Judicial del Estado, de la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración, tienen prácticamente copados los caminos y carreteras de la zona de conflicto. Bajo diversas modalidades de retén, ciudadanos mexicanos y extranjeros, indígenas y caxlanes, hombres y mujeres, son interceptados, interrogados y retenidos. Son reiteradas las denuncias por el hostigamiento y los malos tratos de las fuerzas del orden.
Invocando de manera cada día más elástica y discrecional la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los ordenamientos migratorios y viales, soldados y agentes parecen aplicar una nueva estrategia de control de cara a las próximas elecciones estatales y federales, sobre los individuos que ellos consideran ''sospechosos'' y que en los hechos pueden ser cualesquiera.
En Vicente Guerrero, municipio de Las Margaritas, el Ejército federal ha cometido diversos abusos, como confiscar documentos y objetos, amenazar a las personas y revisar ofensivamente pertenencias y papeles (bajo el pretexto de buscar ''explosivos plásticos''), así como los propios cuerpos de quienes transitan en ese acceso a la selva Lacandona.
En los puestos de revisión militar se elaboran fichas de identificación de las personas, con toda clase de datos particulares que ninguna relación guardan con la búsqueda de armas de fuego y explosivos. Una verdadera obsesión por los extranjeros lleva a soldados y policías a invadir las funciones de la migra, como si ésta no hiciera interrogatorios, revisiones y presiones diversas contra cualquier extranjero, tanto en los caminos de los Altos (San Andrés, Chenalhó, El Bosque) como de la selva Lacandona (de Palenque a la frontera con Guatemala, pasando por las cañadas de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas).
Son frecuentes los citatorios en las oficinas del INM, y luego las dilaciones y complicaciones que buscan ahuyentar a quienes no expulsarán. ''Lo hacen por fastidiar'', decía recientemente una turista del Estado español, a quien trajeron dando vueltas varias semanas hasta fastidiarla, en efecto.
Los estudiosos de la región consideran que en la actualidad existen más de 700 puestos militares, que van de cuarteles, bases de operaciones mixtas, unidades habitacionales y centros comerciales, hasta campamentos y retenes, particularmente concentrados en los Altos tzotziles, la selva Lacandona y los hoy tan mentados Montes Azules. Cuentan para ello con una nueva y formidable red de caminos que para los campesinos representan, ante todo, las rutas de la militarización y la guerra.
En una denuncia escrita, que la persona afectada entregó a La Jornada, se describe un episodio, entre muchos. En días pasados, al pasar el retén militar de Vicente Guerrero, esta persona fue hostigada e intimidada por miembros del Ejército federal. ''Vaciaron el contenido de mi mochila y realizaron preguntas sobre el uso de pertenencias como ropa, cepillo dental y medicamentos en escasa cantidad''.
Esta persona señala que fue interrogada y revisada durante más de una hora, y sufrió la intimidación de dos oficiales del Ejército, ''quienes de una forma prepotente y agresiva me fueron diciendo todos mis datos, incluyendo mi nombre completo, fecha de nacimiento, nombres de los miembros de mi familia, así como una cronología de los lugares donde he realizado actividades relacionadas con mi profesión. Mencionaron fechas, lugares y tiempo de permanencia exactos desde 1996''.
Y agrega: ''Al finalizar esta revisión me gritaron 'ya verás cuando regreses', y 'ya sabemos quién eres, no te escondas'. Esto es parte de una estrategia de intimidación y terror contra las personas que de alguna manera hacemos presencia en esta zona de Chiapas''.