MARTES 23 DE MAYO DE 2000
Ť Caso Pinochet
Asegura Lagos que no hay tensión con las fuerzas armadas
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 22 de mayo Ť El presidente chileno, Ricardo Lagos, aseguró hoy que no existen tensiones con las fuerzas armadas por los procesos judiciales contra ex militares y el juicio de desafuero del ex dictador Augusto Pinochet y, por el contrario, las relaciones entre su gobierno y los uniformados "son muy buenas".
En tanto, los partidos de derecha insistieron en dar una solución política al tema de los derechos humanos, lo que fue descartado ayer por Lagos en su primer mensaje a la nación. El mandatario se inclinó por mantener la mesa del diálogo entre civiles y militares, porque "refleja el deseo de la nación chilena de reconciliarse y de conocer el destino de los detenidos desaparecidos".
Tras las tensiones de la semana pasada con las fuerzas armadas, Lagos reiteró este lunes que "el país tiene derecho a saber la verdad" y de ahí parten las relaciones con los militares basadas en "decir las cosas como son, y les plantee que cuando hubiera cosas que no me parecieran adecuadas las iba a decir... es importante tener prudencia en las relaciones... a mí me gusta decir las cosas con cierta claridad, sé cuándo levantar la voz y cuándo no, y así seré durante seis años".
Poco después de visitar a su madre, que cumplió 104 años, Lagos reiteró que no intervendrá en la decisión de la justicia sobre el posible desafuero de Pinochet, y pidió a todos los sectores chilenos acatar el fallo. Rubén Bellesteros, presidente de la Corte de Apelaciones que analiza el proceso para retirar la inmunidad parlamentaria a Pinochet, indicó que el ex jefe del Ejército conocerá la decisión del tribunal antes del 8 de junio. A partir del miércoles los magistrados se reunirán para reiniciar el análisis del caso.
Los partidos derechistas Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), descalificaron el mensaje de Lagos porque, alegaron, se trató del "programa de un candidato" y no de un mandatario.
El dirigente de RN, Alberto Cardemil, insistió en que más allá de la mesa del diálogo es necesario negociar un acuerdo político para poner fin a los problemas de derechos humanos, mientras el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma sostuvo que "el destino de los detenidos-desaparecidos me parece fundamental, pero también lo es respetar la dignidad de las instituciones de la defensa nacional".
La derecha ofreció poner en la mesa de negociaciones la disposición de castigar a quienes omitan en forma deliberada datos sobre los detenidos-desaparecidos.
La gobernante Concertación Democrática acusó a la derecha de ser una corriente del siglo pasado. El presidente del Partido Socialista, Ricardo Núñez, afirmó que "la derecha está confundida debido a su extremada pinochetización y dependencia ideológica y política del régimen militar".
Por otra parte, la juez federal argentina María Servini de Cubría interrogó en Buenos Aires al presunto ex agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado Juan Ciga Correa, involucrado en las muertes del general chileno Carlos Pratts y su esposa, ocurridas en 1974.