MARTES 23 DE MAYO DE 2000

Ť Lino Oviedo reitera que no tiene vínculo alguno con la asonada

Golpistas paraguayos querían disolver el Congreso y la SCJ

Ap, Dpa, Reuters y Ap, Asunción, 22 de mayo Ť Los planes de los golpistas que el jueves pasado intentaron derrocar al presidente Luis González Macchi, incluían la disolución del Congreso y de la Suprema Corte, la declaración del estado de excepción y la intervención del Banco Central, afirmó el fiscal Aníbal Cabrera Verón, mientras el ex general Lino Oviedo volvió a negar su vinculación con la asonada, y sostuvo que el país está al borde se una revolución social.

El gobierno, por otro lado, rechazó denuncias sobre abusos durante el estado de excepción impuesto tras la intentona, y suavizó el decreto emitido ayer por el que imponía autorización policial para reuniones políticas, gremiales o sociales, después de que el opositor Partido Radical Auténtico (PRA) anunció que no acataría dicha norma.

Según el nuevo decreto, sólo se deberá notificar a las autoridades policiales las reuniones o manifestaciones públicas para protección de personas y bienes, y la preservación del orden público, pero no necesitarán la autorización para realizarlas, tal como disponía la declaración anterior. No obstante, el nuevo decreto resaltó que el presidente podría, en un momento dado, prohibir dichos encuentros.

En declaraciones publicadas este lunes por la prensa local, el fiscal Verón precisó que los documentos y archivos incautados el viernes en los allanamientos a los domicilios del ex diputado liberal Hermes Rafael Saguier y Max Narváez, abogado de Lino Oviedo, contienen pruebas de que el frustrado golpe fue preparado con anticipación.

Confirmó que en el archivo informático de Saguier se encontró un documento con fecha del 27 de marzo de 2000, que es la proclama del "Movimiento Fulgencio Yegros", que se difundió durante las últimas horas del jueves. Además se encontraron copias que describen las primeras acciones que emprendería el nuevo gobierno provisional, incluidos los 14 primeros decretos que dictaría.

Se preveía la integración del gabinete con oviedistas y liberales, la detención del ex presidente Juan Carlos Wasmosy y de otros empresarios y legisladores, la reincorporación de militares oviedistas en retiro a las filas castrenses, así como convocar a reconocidos economistas para formar el nuevo equipo de gobierno.

Pero el ex general golpista, en entrevista con Radio Mitre, grabada el sábado y transmitida este lunes, aseguró que no tuvo nada que ver con lo acontecido en Paraguay, y dijo que afirmar lo contrario "me parece totalmente descabellado, inaceptable e inadmisible desde todo punto de vista".

Prófugo de la justicia que lo involucró en el asesinato, en 1999, del vicepresidente Luis María Argaña, y que se sublevó en 1996, dijo que él fue uno de los principales gestores para que en Paraguay se iniciara el proceso democrático, pues en 1989 "arriesgué mi vida para eso y se hizo una reforma constitucional en 1992. Sería un contrasentido oponerse al sistema republicano", apuntó, en alusión a su papel en el derrocamiento del ex dictador Alfredo Strooessner.

También en entrevista con el rotativo brasileño O'Globo, Oviedo pronosticó que su país está al borde de una revolución social y que los campesinos, sindicalistas y desempleados están uniéndose para derribar al gobierno.

Denunció que el estado de excepción es utilizado para perseguir a sus adeptos y a personas que son inocentes, y confirmó que sigue refugiado en el interior de su país. Asimismo, insistió en que no mató a Argaña y no ha organizado golpe alguno, al tiempo que aseguró que el de González Macchi es un gobierno ilegítimo porque no fue elegido por el pueblo.

En tanto, el ministro del Interior, Walter Bower, señaló que el periodista Hugo Ruiz Olazar ha violentado artículos constitucionales y las normas de convivencia social, y que se están perfilando los cargos en su contra para entregarlos al poder Judicial.

Olazar, corresponsal de la Agencia France Presse, del diario argentino Clarín y analista del periódico local ABC Color, y que tiene una orden de arresto, es vinculado por el gobierno en el fallido intento de golpe.

El gobierno, en tanto, comenzó el desmembramiento de cuarteles militares que fueron epicentro de varias crisis castrenses en los últimos años.